
Los parlamentario de la Comisión de Fiscalización no aceptaron la propuesta de archivar el caso contra mandatario Guillermo Lasso acusado del presunto delito de peculado, por un contrato firmado entre la empresa pública Flota Petrolera Ecuatoriana y Amazonas Tanker Pool
Legisladores de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Ecuador votaron contra el informe que pedía archivar el juicio político contra el presidente Guillermo Lasso, acusado de peculado.
Cinco asambleístas de los nueve que conforman la mesa legislativa se pronunciaron contra el texto, elaborado por un equipo de asesores de la Asamblea y que niega la existencia de pruebas para enjuiciar al mandatario.
No estoy conforme con ese informe borrador, sostuvo el parlamentario Roberto Cuero, de Unión por la Esperanza (UNES), y agregó ni él ni sus colegas están “en capacidad de hacer un asunto probatorio de peculado”.
La también integrante de la bancada de UNES, Gabriela Molina, aseguró que la responsabilidad política del gobernante sí se probó.
“Él conocía de la corrupción en la estatal Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) y permitió una prórroga del contrato”, aseveró.
Otro miembro de esa fuerza política, el legislador Comps Córdova propuso modificar el borrador e incorporar algunas observaciones, pero el jefe de la Comisión, Fernando Villavicencio, se opuso a someter a votación esa sugerencia e inmediatamente clausuró la sesión.
La reunión de este sábado comenzó poco después de las 10:00 (hora local) y se extendió por más de seis horas, cuatro de ellas destinadas a la lectura del documento de casi 300 páginas.
Aún cuando la Comisión no aprobó ese texto, el procedimiento contra el mandatario continuará en el pleno de la Asamblea, explicó la asambleísta Viviana Veloz, una de las proponentes del juicio político.
En declaraciones a la prensa al concluir la sesión, la legisladora aclaró que el informe no es vinculante.
Comentó que como los aliados del jefe del Ejecutivo no tienen los votos para salvarlo, recurren a “leguleyadas”.
Ahora depende del jefe de la Asamblea, Virgilio Saquicela, convocar a todos los integrantes del legislativo para discutir el asunto “por el bienestar de Ecuador y de la democracia”, afirmó Veloz.
La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Ecuador sesionó este sábado para conocer y votar el informe sobre el juicio político contra el presidente Guillermo Lasso.
El borrador del documento recomendó archivar el proceso por falta de argumentos, adelantó el jefe de esa mesa legislativa, Fernando Villavicencio.
En julio del año pasado se firmó un nuevo convenio entre la estatal Flota Petrolera Ecuatoriana y la empresa Amazonas Tanker.
Según, el borrador el convenio no se suscribió en la gestión de Lasso, sino en época de Lenín Moreno (2017-2021), por lo cual el actual presidente no incurrió en ningún delito.
El abogado Esteban Ron apuntó que Villavicencio no es juez, por lo cual no puede calificar o proceder con esa afirmación.
El jefe de la Comisión actúa como defensor del gobernante, asegura la acusación, reconocen que el contrato se firmó en 2018, pero se renovó automáticamente en 2022, y desde entonces Lasso no hizo nada para impedir las irregularidades.
Más allá de las opiniones, incluida la de Villavicencio el borrador del informe no significa el fin del proceso de enjuiciamiento.
De acuerdo con el cronograma establecido para esos casos, la última votación podría ocurrir en la segunda quincena de mayo.
La asambleísta Viviana Veloz, de la bancada Unión por la Esperanza (UNES) y una de los proponentes del enjuiciamiento calificó el informe anunciado por Villavicencio como “burla para un país que enfrenta una grave crisis”.
Entretanto, el Gobierno está confiado en que no habrá los 92 votos necesarios para censurar al jefe del Ejecutivo, según manifestó el legislador Juan Fernando Flores, jefe de la bancada oficialista.
El Partido Social Cristiano (PSC) -fuerza política de derecha, aliada de Lasso al inicio de su mandato y ahora de oposición- denunció la negociación de votos para salvarlo de la destitución.
Mediante un comunicado el PSC culpa a la administración de comprar conciencias dentro de su bancada, lo cual llevó a tres asambleístas a dejar la tolda socialcristiana a cambio de cargos en provincias.
En medio de las pugnas, el futuro de Lasso sigue en juego, aún cuando sus aliados hacen todo para evitar su salida del poder y en un contexto de rechazo popular a la gestión gubernamental.
Fuente Al Mayadeen Español