Por Faustino Collado
El título y lo que sigue no va en el sentido del despotismo, del presidencialismo rectoral, sino de la justicia, porque lo que está pasando con los pagos a decenas de profesores y coordinadores de maestrías no aguanta un día más.
Hay profesores con un año sin cobrar y decenas de coordinadores con meses sin cobrar, con el agravante de que se quiere disminuir su pago, por un abuso e ilegalidad de Contraloría, la ineficiencia e incapacidad de la directora general de Posgrado y un Consejo Universitario haciéndose de la vista gorda, rendido ante la burocracia.
Lo primero es que esa burocracia ineficiente le pasa por encima a la Res. No. 2014-104 del CU que modifica el Reglamento de Posgrado en el sentido de que en cada nueva promoción de una maestría el profesor no requiere de un nuevo aval, y que tampoco lo requiere en maestrías diferentes si se trata de la misma asignatura. Eso está siendo letra muerta, y la Rectora es la garante de su aplicación y debe imponerse.
Lo segundo es que la Contraloría al querer rebajar el pago a los coordinadores, desempolvando una vieja resolución, viola el Derecho común laboral en el sentido de que el pago de un empleado o contratado no se puede rebajar luego de contratado, en ese sentido, viola también la Constitución que consagra el principio de la irretroactividad de cualquier norma y viola la Ley No. 3143 sobre trabajo realizado y no pagado, por la cual los coordinadores pueden someter penalmente a los decanos y a la Rectora por estafa.
A los coordinadores hay que pagarles ya en las condiciones que fueron contratados y hasta el final de su maestría. Cualquier nueva disposición o aplicación de una vieja disposición tiene que aplicarse a los nuevos contratados, si aceptan, pues se quiere quitarle 12 créditos y pagarles 30,000-40,000 por una coordinación.
¡Rectora, resuelva con razón y justicia, ya!
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