La nueva Ley de Movilidad Sostenible refrendada este jueves en el Congreso de los Diputados va a hacer que Renfe vuelva a rascarse el bolsillo cada vez que un tren de alta velocidad o de larga distancia llega más de 15 minutos tarde a su destino. El Partido Popular ha conseguido sacar adelante una enmienda al Proyecto de Ley, avalada por su mayoría absoluta en el Senado, en la que exigía la recuperación de la anterior política de indemnizaciones de la operadora pública, reformada en 2024 con menores garantías para el viajero.
El texto recogerá ahora que “el Gobierno recuperará con efectos desde el 1 de enero de 2026 los compromisos de puntualidad y devoluciones de Renfe anteriores a las modificaciones producidas en julio de 2024″. Se garantizarán de nuevo “indemnizaciones por 15 y 30 minutos de retraso, del 50 y del 100% del importe respectivamente, en los servicios de alta velocidad y larga distancia”. Un extremo que encontrará la resistencia del Gobierno, según avanzan fuentes del Ministerio de Transportes, al entenderse que Renfe competiría en inferioridad de condiciones con sus rivales Iryo y Ouigo, a las que no atañe la enmienda de la ley. En Transportes se van a buscar resquicios jurídicos en defensa de la operadora del AVE y de Avlo.
Tras el polémico cambio en la tabla de indemnizaciones de Renfe, sus trenes de alta velocidad deben llegar a destino con más de 60 minutos de demora para que los viajeros tengan derecho a devoluciones. La operadora reintegra el 50% del importe del billete por un retraso de una hora, y solo devuelve el 100% en caso de que el tren entre en la estación de destino 90 minutos o más sobre el horario previsto. Además de la posibilidad de reembolso en metálico (o a la tarjeta bancaria), Renfe sumó la posibilidad de devolver el 200% del importe al que se tenga derecho pero en puntos para usar en otros viajes.
La diputada socialista Cristina López Zamora ha dicho en la tribuna del Congreso que la enmienda que atañe a Renfe “castiga a lo público, obligando a indemnizaciones que no se exigen a los competidores”. La respuesta de la popular Ana Martínez Labella ha sido que “la puntualidad también es un derecho”, recordando que el tren está sumido en un caos desde la entrada de Óscar Puente en el Ministerio de Transportes.
La modificación del articulado de la Ley de Movilidad Sostenible también hará que se vaya a estudiar una revisión de las etiquetas medioambientales de la Dirección General de Tráfico, y que se revise el mapa concesional de grandes líneas de autobús para garantizar que ninguna de las localidades hasta ahora atendidas se queda descolgada.
Aena ve a salvo su plan de 12.900 millones
Aena y su política tarifaria toman aire una vez que ha sido rechazada en el Congreso este mediodía la enmienda al Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible en que se instaba a la congelación de precios en los aeropuertos. La iniciativa, impulsada por el Partido Popular en el Senado, proponía un marco regulatorio fuertemente demandado por las aerolíneas para el periodo regulado 2027-2031. El texto tambaleó la cotización de Aena el pasado día 6 e incluía la imposición de nuevos incentivos al tráfico en aeropuertos regionales, tal y como reclama el líder en los cielos españoles, Ryanair.
El revés al PP en la cámara baja, donde solo ha contado con el apoyo de VOX, permite que el gestor aeroportuario siga adelante en su intención de poner en marcha un tercer Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA III) en el que se contemplan inversiones en la parte regulada del negocio por casi 10.000 millones de euros hasta 2031, tal y como anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado 18 de septiembre. Una cifra con cargo a las tarifas que se complementaría con inversiones en la parte comercial hasta totalizar 12.900 millones de euros.
“Se trata de evitar que volar se convierta en un lujo y sacar del coma a los aeropuertos regionales”, ha defendido la diputada popular Ana Martínez Labella antes de la votación. Pero el PSOE se ha visto acompañado por sus socios de investidura (Sumar, Junts, ERC, Bildu y PNV) contra el cambio en la Ley de Movilidad Sostenible, que en Aena se entendió como un torpedo lanzado por la oposición. La enmienda del PP se ha quedado, por tanto, en intento de marcar la política aeroportuaria, con 178 votos en contra, 169 a favor y dos abstenciones. Tampoco se ha conseguido desgastar al Gobierno tras recordarse los rescates a Air Europa o a Plus Ultra durante la pandemia.
Aena tiene abierto un periodo de consultas con las aerolíneas sobre su macroplan inversor. Se espera que en septiembre de 2026 salga adelante el tercer DORA, tras la supervisión por parte de Aviación Civil y de la CNMC, con los proyectos de ampliación en más de una decena de aeropuertos (Madrid, Barcelona, Alicante, los dos de Tenerife, Valencia, Málaga, Menorca, Ibiza o Bilbao, entre otros) y una senda tarifaria (también de tráfico aéreo y costes de explotación) para la que la compañía que encabeza Maurici Lucena tendrá las manos libres.
No ha sido así en los últimos años. Entre 2015 y 2025 Aena se ha visto obligada a no tocar al alza sus precios en cumplimiento de la Ley 18/2014. Se trató de un periodo transitorio que decae en 2026, cuando ya se prevé un alza del 6,5% en las tasas. La norma fue articulada justo antes de la salida a Bolsa del gestor aeroportuario, con el PP de Mariano Rajoy en el Gobierno. La congelación fue posible, defienden fuentes de Aena, gracias a que grandes inversiones como la construcción de la T4 de Barajas o las ampliaciones en Barcelona-El Prat y Mallorca estaban ya ejecutadas. Con diez años de corsé tarifario se buscó atraer tráfico aéreo y alimentar el motor del turismo en la salida de la crisis financiera.
“Si la enmienda prosperara y las Cortes Generales limitaran por ley la remuneración de la actividad aeronáutica de Aena sin ningún argumento económico racional, el daño al sistema aeroportuario español, a Aena y a sus accionistas podría ser considerable”, llegó a indicar la empresa en un comunicado como reacción a la enmienda de los populares. La dirección del gestor aeroportuario no ve cabida en estos momentos para congelaciones o bajadas tarifarias a la vista de que la inversión se va a multiplicar por más de cuatro, pasándose de una media de 450 millones anuales a unos 2.000 millones de euros en el negocio regulado. Con todo, el presidente Lucena ha señalado recientemente la capacidad de Aena para mantener un pay out (parte de los beneficios que se dedica al pago de dividendos) del 80% y ejecutar los proyectos del DORA 3 sin penalizar la calidad crediticia. Quienes sí creen en la posibilidad de tarifas más bajas son las propias aerolíneas, que aprecian en el previsible aumento del tráfico aéreo un soporte para el mayor esfuerzo inversor de Aena.
Desde la empresa pública cotizada se subraya, en defensa de la competitividad de sus precios, que la tarifa media es de 10,35 euros, cifra inferior a la de 11,11 euros que estaba fijada en 2015 (se cobrarán 11,03 euros por viajero en 2026). Si se incorpora el efecto de la inflación, ese precio medio que se cobra a las compañías aéreas ha bajado por encima del 36% en los últimos 11 años. La pública también se defiende de la presión de las aerolíneas, especialmente de Ryanair, con un dato sobre la evolución de los billetes aéreos: han subido un 28% en vuelos nacionales y un 9% en los internacionales en el periodo que va del verano de 2022 a la temporada estival de 2025. En los mismos tres años, las tarifas han aumentado un 4,6% en España.
Fuente EL PAÍS
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