
Los conceptos emitidos en este artículo son de exclusiva responsabilidad de su autor

USA encontró entre los suyos, un reusado agente lacayo para redimir al pobre Haití en base a fuego letal cruzado con los ricos y bandidos autóctonos de esa nación.
Pero de hombre de guerra pagado, Erik Prince, ahora, dice que ha sido contratado en Haití, para acabar el desorden y el caos, para cobrarse de fondos que él mismo va a recaudar de los impuestos aduanales por los productos que esa nación importa desde la República Dominicana. En este país, las autoridades dominicanas no se dan por enteradas.
Una reciente investigación y análisis de InSight Crime advierte sobre la llegada de Erik Prince, empresario militar y fundador de Blackwater USA, a América Latina.
Este sujeto está promoviendo sistemáticamente sus empresas como soluciones a la inseguridad y el crimen organizado em América Latina, ya con sus botas colocadas en Ecuador, Haití, Perú y El Salvador.
No es que sus “expertos dicten soluciones para enfrentar a las pandillas violencias y armadas, sino que ha llegado cargado con drones.
Y hasta programas de deportación de inmigrantes y otros sujetos que son englobados en las listas de mayores peligros. Ocurre que el Erik Prince que se menciona y reconoce, no es más que un sicario, según definición de la Real Academia de la Lengua Española, un asesino a sueldo, contratado por dinero de distintos orígenes, en teoría, para combatir y derrotar a los criminales, así, de manera indiscriminada.
En 2007, las gentes de Prince y su empresa Blackwater asesinaron a 17 civiles en la plaza Nisur de Bagdad, durante la guerra de Irak. Y en 2021, las Naciones Unidas lo investigaron por violar un embargo de armas libio al suministrar armas a un comandante de una milicia, acusaciones que él niega.
En la actualidad, y desde hace algún tiempo, Prince mantiene relaciones y connivencia de vínculos con el presidente de USA, el señor Donald Trump, habiendo ocupado una asesoría de política exterior durante el primer mandato de éste.
En el corriente año 2025, la prensa ha informado que Prince ya mantiene operaciones en Haití, contratado por cinco años, otros dicen que, por diez años por un voluble gobierno provisional, en atención a que la crisis de seguridad es cada vez más grave, según testimonian las Naciones Unidas, que observa y discute sin encontrar solución alguna para lo que se denuncia, un Haití controlado por las pandillas, hasta un 85% de la capital Puerto Príncipe.
Según The New York Times, Prince ha estado reclutando veteranos militares haitiano-estadounidenses para su despliegue en Puerto Príncipe y se espera que envíe hasta 150 mercenarios y cargamentos de armas antes que concluya el verano.
El medio norteamericano CNN, dice que Prince, en una reunión reciente de ejecutivos en Washington, DC, discutió sobre las formas en que sus propias empresas de seguridad privada podrían ayudar a Trump a deportar a millones de inmigrantes indeseados por el actual gobierno norteamericano.
Ya en Haití se ha generado un escándalo mayor denunciado tras la incautación de más de 100.000 cartuchos de contrabando.
Ahora, según informa el diario haitiano de derecha Le Nouvelliste, el Gobierno de Haití, ha solicitado a Evergreen Trading System Limited, de Prince, una propuesta técnica destinada a fortalecer la seguridad nacional, mediante la reestructuración y modernización de los servicios de aduanas e inmigración. Según otras voces haitianas, se trata de un acuerdo opaco que sumerge a Haití en un escándalo sin precedentes, que constituye una tutela y una traición.
Se preguntan los haitianos fuera del gobierno, “¿quién firmó este contrato en nombre del Estado haitiano? ¿Qué mandato tenía para comprometer a la nación? ¿Cuál es el monto total y cuáles son las condiciones financieras? ¿Por qué el contrato no se sometió a debate público ni fue validado formalmente por el órgano ejecutivo de la Presidencia, el Consejo Presidencial? ¿Por qué el Estado haitiano deja que Erik Prince revele el asunto, como si tuviera algo que ocultar? Estas preguntas siguen sin respuestas, y el silencio de cada gobierno alimenta la idea de un acuerdo turbio, contaminado por irregularidades y contrario a los intereses del país.”
En Haití, más de un sector se está preguntado, igual que los investigadores y analistas de InSight Crime (Weekly InSight), ¿se arrepentirán en Haití, y en América Latina de haber contratado a Erik Prince?
Erik Prince es un empresario, inversor, autor, y ex oficial SEAL (un agente SEAL se refiere a un miembro de las unidades de operaciones especiales SEAL -Sea, Air. And Land- de la Armada de Estados Unidos, siempre dirigidos “a lo que sea”, en operaciones de mar, aéreas y de tierra. Tienen fama de ser lo que entre gente común se conoce como “unos leones”. En esas tareas, desde 1997.
Desde 2003, presta servicios a la Agencia Central de Inteligencia (CIA). Cuatro de sus empleados fueron condenados en Estados Unidos y posteriormente indultados el 22 de diciembre de 2020 por el presidente Donald Trump. Prince ha estado vinculado en actividades políticas del Partido Republicano y grupos cristianos conservadores. Prince ha sido un contribuyente constante al Comité Nacional Republicano, donando más de 200.000 dólares desde 1998. También ha apoyado a varios candidatos conservadores, entre ellos el presidente Bush, los senadores Tom Coburn (republicano por Oklahoma) y Rick Santorum (republicano por Pennsylvania), el representante Duncan Hunter (republicano por California) y el ex líder de la mayoría de la Cámara de Representantes acusado, Tom DeLay (republicano por Texas).
En 2023, en Haití, un mercenario confesó su participación en el magnicidio del presidente Jovenel Moïse.
En su desesperación, Haití ha recurrido a los servicios de contratistas estadounidenses —entre ellos, Prince— para integrar un grupo secreto encargado de operar drones armados, cuyo objetivo sería eliminar a cabecillas de bandas armadas. Se menciona que, en febrero, presentó en la Casa Blanca un ambicioso plan de 25.000 millones de dólares destinado a expulsar a 12 millones de migrantes en dos años mediante la creación de campos militares. Como se conoce, en el seno del Consejo de Seguridad de la ONU no ha sido posible, consolidar una resolución contundente sobre la situación de desorden del territorio haitiano que todo el mundo lamenta. En ese Consejo de la ONU, en su más reciente reunión convocada para decidir sobre Haití, no fue posible aunar consenso en medio de arduas negociaciones entre sus miembros. Dígase claro: no hay acuerdo posible sobre el futuro de la ONU en Haití.
Eso ha sido así, dadas las profundas diferencias sobre el tema entre Estados Unidos, China y Rusia. Como todos los miembros de la ONU tienen el grito pegado al cielo, con lamentos y opiniones inconsistentes, pero que no solucionan.
Rusia ha expresado su firme oposición a cualquier evolución del mandato de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS), los de Kenya, para convertirla en una misión de paz de la ONU.
Pekín, que solicitó la sesión informativa del Consejo del que se habla, junto con Moscú, ha expresado su preocupación por una intervención prematura y potencialmente contraproducente, en Haití.
La delegación china argumenta que Haití no cumple actualmente con los requisitos mínimos de estabilidad política para un despliegue militar ordenado por la ONU. Y señalan que «primero debemos priorizar el fortalecimiento de las instituciones nacionales, la lucha contra la corrupción, el control de armamentos (vieja preocupación de los chinos en Haití), y la promoción de una gobernanza inclusiva», al tiempo que enfatizan sobre la importancia de una respuesta gradual, liderada desde Haití y respaldada por mecanismos no militares, incluidas las sanciones diplomáticas.
Rusia, también exige una «evaluación independiente, exhaustiva e imparcial» de la eficacia de la misión actual antes de cualquier ampliación o modificación de su mandato. Según el representante ruso, las intervenciones internacionales previas en Haití no han producido resultados duraderos y, en ocasiones, han exacerbado las tensiones internas.
De manera insistente, organizaciones de derechos humanos advierten que la presencia de empresas militares privadas no es una solución sostenible y podría derivar en abusos, desviando recursos que podrían fortalecer a las fuerzas de seguridad haitianas. Y no hay que dar mayores detalles. La alusión es a lo que se está hablando ya, de una presencia mercurial que está interviniendo en los asuntos de Haití y que amenaza con acabar esa calamidad a sangre y fuego, pero cobrándose las finanzas que sean necesarias provengan de donde provengan.