Continuaron las protestas en Panamá en rechazo a un contrato de minería de cobre firmado entre el gobierno y la multinacional canadiense First Quantum Minerals (FQM).
El 20 de octubre, el Congreso de Panamá aprobó un proyecto de ley que concede a la filial local de FQM, Minera Panamá S.A., permiso para realizar operaciones en Cobre Panamá, la mayor mina de cobre a cielo abierto del país. A pesar de que los manifestantes se concentraron en las calles frente al Congreso para protestar contra el proyecto de ley, éste fue promulgado ese mismo día por el presidente Laurentino Cortizo.
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Construcción e Industrias Afines (SUNTRACS) hizo un llamamiento a las fuerzas populares y a los sindicatos de todos los sectores para que se movilizaran y exigieran la anulación del contrato.
“El pueblo está en las calles en defensa de la soberanía… frente a un contrato que cede la autodeterminación devastando el medio ambiente para robar recursos”, declaró el secretario general del SUNTRACS, Saúl Méndez.
La Ley 406, ya en vigor, otorga a FQM una concesión de 20 años para las operaciones en Cobre Panamá, prorrogable por otros 20 años. La mina está situada en la selva panameña, en la costa del Caribe, a menos de 300 kilómetros de Ciudad de Panamá.
El multimillonario contrato de concesión, que al parecer es la mayor inversión privada en la historia de Panamá, fue acordado por FQM y Panamá en marzo. Desde entonces, sindicatos, grupos indígenas y movimientos sociales han llevado a cabo varias rondas de protestas denunciando los términos del acuerdo, destacando las amenazas para el medio ambiente, los derechos de las comunidades indígenas y la soberanía del país.
Entre los términos que han suscitado la condena se encuentra la autorización concedida a FQM para adquirir e incluso expropiar tierras y la falta general de transparencia y de una consulta pública adecuada en relación con el contrato. Además, se ha concedido a FQM el derecho a construir una central eléctrica, una planta de procesamiento e incluso un puerto internacional para prestar servicios que se cobrarán pero cuyo beneficio no corresponderá al gobierno panameño.
Las cláusulas anteriores que habrían permitido a FQM restringir el espacio aéreo del país y ampliar sus operaciones más allá del cobre para incluir el oro y la plata fueron eliminadas posteriormente.
En 2022, el gobierno cerró las operaciones de FQM en Cobre Panamá tras unas negociaciones infructuosas sobre los impuestos. Esto ocurrió poco después de que la Corte Suprema de Panamá ratificara en 2021 una sentencia emitida por un tribunal inferior que había declarado inconstitucional la concesión minera original otorgada a Minera Panamá hasta 2037.
Pocos años antes, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) había declarado inconstitucional la ley que había regido la concesión para la explotación del Cobre Panamá en 1997. A pesar de esta sentencia, FQM inició la producción comercial en la mina en 2019.
Según los términos del nuevo contrato, Panamá recibirá un mínimo de 375 millones de dólares anuales en concepto de regalías mineras. Según informó MINING.COM, el Gobierno habría solicitado regalías de entre el 12% y el 15% de los beneficios brutos de la mina, frente al 2% acordado anteriormente. Por ejemplo, en 2021, FQM pagó al gobierno panameño 61 millones de dólares en regalías, lo que representa menos del 2% de los 3200 millones de dólares que obtuvo en ventas por la mina Cobre Panamá.
Se calcula que FQM sólo pagará el 5% de sus beneficios en concepto de regalías. Se calcula que Cobre Panamá posee 3100 millones de toneladas de reservas de cobre. Los manifestantes afirman que los pagos efectuados al gobierno son insuficientes, sobre todo teniendo en cuenta la amenaza medioambiental que supone la minería a cielo abierto.
En el primer día de protestas los manifestantes corearon: “¡Abajo los vendepatrias! “¡No al contrato minero!”, “¡Dejad de destruir nuestras tierras!”. Los manifestantes bloquearon carreteras, incluida la autopista Interamericana que atraviesa el país.
Al SUNTRACS también se unieron y apoyaron la Asociación de Profesores de la República de Panamá (ASOPROF), que declaró una huelga a partir del lunes, así como otras organizaciones, entre ellas el Sindicato de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Similares (SITIESPA) y la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (CONUSI).
“Vamos a permanecer en las calles (…) el gobierno decidió ser confrontativo al aprobar de manera rápida y expedita un contrato que sabían era rechazado por la población”, dijo Fernando Abrego, dirigente magisterial.
Se han registrado protestas en Ciudad de Panamá, Arraiján, La Chorrera, Natá, Chiriquí, Colón, Veragues, Capira, La Pintada y Los Santos. La policía antidisturbios desplegada en los alrededores de la capital también lanzó gases lacrimógenos cuando estallaron los enfrentamientos. Unas 50 personas fueron detenidas. Mientras tanto, la SUNTRACS había asegurado que se garantizaría el paso seguro a los servicios esenciales y también rechazó las afirmaciones de que una ambulancia había sido objeto de actos vandálicos durante las protestas.
Aunque el gobierno se ha negado a ceder en el contrato, es probable que en Panamá continúe la agitación pública en torno a este asunto. En un comunicado, la Asociación de Médicos, Odontólogos y Profesionales Afines de la Caja de Seguro Social (AMOACSS) anunció una huelga de 72 horas en todos los centros de salud en protesta por el contrato minero.
Denunciando que la Ley 406 constituye un “robo de las riquezas naturales de Panamá” y un “peligro para el medio ambiente y las fuentes de agua y, en consecuencia, para la garantía de la salud de la población”, AMOACSS hizo un llamamiento a todos los demás gremios médicos para que forjen una posición unida contra la minería, participen en protestas pacíficas y pidan al poder judicial que aborde y resuelva las demandas de inconstitucionalidad presentadas en torno al contrato.
También hizo un llamamiento al gobierno para que no utilice vehículos médicos y ambulancias para transportar policías o suministros para la represión de las protestas.
El SUNTRACS advirtió que el gobierno de Cortizo había “activado” a las fuerzas de seguridad nacional, la Fuerza Pública panameña, contra dirigentes del sindicato. Sin embargo, Méndez afirmó que la organización se mantendría firme y que el SUNTRACS y el pueblo rechazarían la “venta de la Patria” y defenderían la soberanía nacional y la autodeterminación.
Además de exigir la derogación del contrato con FQM, el SUNTRACS también ha exigido la celebración de un referéndum nacional sobre la mina Cobre Panamá.
Fuente People Dispatch
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