La Alianza Pueblo Unido por la Vida que aúna a las principales organizaciones sindicales y comunales de Panamá anunció que el 1 de julio volverán a las calles en reclamo de justicia social.
En conferencia de prensa ofrecida por líderes del colectivo, Eduardo Gil, secretario general de Convergencia Sindical, precisó que a un año de la gran movilización del pueblo organizado en junio de 2022, esta vez las manifestaciones iniciarán en las inmediaciones de la Asamblea Nacional (parlamento).
Gil recordó que aquella revuelta en todo el país obligó al Gobierno a establecer en la ciudad de Penonomé (Coclé) una mesa de diálogo y adoptar medidas paliativas a la crisis motivada por los altos precios de alimentos, medicamentos, combustible y electricidad, entre otros rubros.
A un año de aquellas conversaciones y en respuesta entonces a un pliego de 32 peticiones, según explicó, el Ejecutivo incumple los acuerdos, suspende algunas medidas y son crecientes las insatisfechas necesidades de la población.
En ese sentido, citó como ejemplo que los problemas estructurales, financieros y la falta de medicinas de la Caja de Seguro Social, la actual administración de Laurentino Cortizo pretende pasarlos al próximo Gobierno que resulte electo en los comicios generales de mayo de 2024.
El coordinador del Frente Nacional en Defensa de los Derechos Económicos y Sociales, Jorge Guzmán, aseveró que los movimientos populares y originarios no han renunciado a la vía del diálogo a partir de la propuesta de una segunda fase, pero aquel que aporte soluciones concretas y no este que los gobernantes boicotean.
Guzmán también denunció la represión policial a pobladores indígenas en Changuinola (Bocas del Toro) que la víspera demandaban el uso de sus tierras, una acción que viola acuerdos del diálogo y el compromiso del ministro de Vivienda, Rogelio Paredes, de suspender los desalojos
Por su parte, el pedagogo Abdiel Becerra, de la Asociación de Profesores de Panamá, explicó que las protestas comenzaron de manera temprana con los estudiantes universitarios en la capital que recientemente demandaron mayor calidad de la educación y vida y también fueron reprimidos por fuerzas antimotines y el uso de gas pimienta,
A su turno, Abdiel Betancourt, del Sindicato Único Nacional de los Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares, condenó el empleo de fondos públicos de la llamada descentralización, destinados a las comunidades, para campañas políticas y electorales hacia el año venidero.
La Alianza en su conjunto señaló que la convocatoria al multitudinario acto de protesta del sábado ante el Legislativo, también rechazará el contrato suscrito con Minera Panamá, filial de la trasnacional canadiense First Quantum, en violación de normas constitucionales con el objetivo de entregar preciados recursos naturales cuyos dueños son los panameños.
El 1 de julio está prevista la apertura del tercer periodo de sesiones ordinarias del parlamento unicameral (71 diputados), ceremonia a la que se espera asista el jefe de Estado y otras autoridades del país istmeño.
Fuente Prensa Latina
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