El procurador adjunto Wilson Camacho señala que los imputados por la Operación Antipulpo afectaron aspectos neurálgicos del país que incluyen la salud y hasta la democracia.
Por Wilson Pérez
SANTO DOMINGO (RD).- El Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional acogió el pedimento del Ministerio Público de declarar en rebeldía y emitir una orden de arresto en contra de los imputados Rafael Leónidas de Óleo y Carlos Montes de Oca, involucrados en actos de corrupción administrativa en el Caso Pulpo.
El Ministerio Público, representado por Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), hizo la solicitud en virtud de que ambos faltaron a la obligación de comparecer a la audiencia preliminar del caso, este lunes, a pesar de que fueron debidamente citados.
“En el día de hoy, el Ministerio Público una vez más ha venido listo para conocer el proceso, un proceso que vincula un entramado de corrupción que afectó sectores neurálgicos del país como la salud, la educación, la seguridad ciudadana, la infraestructura vial, el sistema eléctrico, el orden económico e incluso la democracia”, dijo.
Explicó que el proceso no se inició, debido a que dos acusados no comparecieron. “El Ministerio Público solicitó que fueran declarados en rebeldía estas dos personas y el tribunal acogió el pedimento del Ministerio Público; ahora, esperamos que se nos entreguen las respectivas órdenes de arresto para ejecutarlas y presentarlas ante el tribunal”, adelantó.
De igual forma, el titular de la Pepca dijo que el proceso no se conoció en el día de hoy “porque la defensa de Juan Alexis Medina Sánchez había presentado un perito al tribunal, que el Ministerio Público recusó y que el tribunal acogió esa recusación y envió el proceso por ante el Colegio Dominicano de Contadores para que el perito que se designe sea una persona idónea e imparcial, además de objetivo, características que no correspondían con el perito que había sido presentado anteriormente y que el Ministerio Público recusó y el tribunal acogió”.
En cuanto a la revisión obligatoria de la medida de coerción al acusado Fernando Rosa, indicó que el tribunal la ratificó porque ha entendido que los presupuestos que se le presentaron son insuficientes.
“De hecho los son, porque se han presentado los mismos presupuestos en el conocimiento de la medida de coerción, en las revisiones anteriores y en la Corte de Apelación, por ende, los resultados debían ser exactamente los mismos, que es el mantenimiento de la medida de coerción como ha decidido el tribunal”, expuso.
Sobre un operativo realizado en Santiago vinculado a Fernando Rosa, Camacho explicó que corresponde a un caso que está investigando el Ministerio Público, “que realizó un allanamiento y que en ese allanamiento encontraron un sinnúmero de evidencias, incluso, algunas vinculadas a este proceso”.
Declaración de rebeldía
En el caso de Montes de Oca, el Ministerio Público indicó que fue enviado al tribunal un certificado médico que le ordena reposo, el cual, dijo, que no le genera la credibilidad suficiente como para que funja como una excusa para justificar su incomparecencia.
Consideró que las afecciones que se presentan podrían permitir que una persona que tenga la suficiente responsabilidad para respetar lo que se decide en los tribunales estuviera presente.
Respecto a Rafael Leónidas de Óleo, dijo que fue citado y que no compareció, a pesar de que no presentó ninguna justificación.
El tribunal además ordenó la publicación de sus datos en los medios de comunicación de circulación nacional para facilitar su búsqueda y arresto.
El Ministerio Público recordó que es la segunda vez que se declara la rebeldía del procesado Carlos Montes de Oca, tras indicar que en abril pasado fue igualmente declarado en rebeldía junto a Paola Mercedes Molina, luego de que no se presentaran al tribunal en las primeras horas de la audiencia; horas más tarde, ambos acudieron a la sala, por lo que el tribunal les levantó dicha declaración.
En relación con Paola Mercedes Molina, el Ministerio Público dio aquiescencia a la excusa que presentó en el tribunal sobre licencia posnatal y no se opuso a la solicitud de aplazamiento hecha por la defensa.
El juez Deiby Timoteo Peguero decidió la tarde de este lunes aplazar la audiencia preliminar para el próximo 30 de mayo, a las 9:00 de la mañana, para dar oportunidad de que esté presente la imputada Paola Mercedes Molina, quien dio a luz el pasado 3 de mayo.
El magistrado Peguero también rechazó la solicitud de reposición de plazo realizada por las personas jurídicas imputadas Fernando Rosa y Fulvio Antonio Cabreja.
Además, permitió a las nuevas defensas designadas tomar conocimiento de las glosas del proceso. Igualmente, dispuso las audiencias para todos los lunes y viernes.
El juzgador ratificó la prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres al imputado Fernando Rosa, quien dirigió el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper); además, acogió la solicitud de aplazamiento de la revisión obligatoria de la medida a otros encartados.
En ese sentido, se informó que fue fijada para el próximo 30 de mayo la revisión obligatoria de la medida a Juan Alexis Medina Sánchez, Wacal Bernabé Méndez Pineda y José Dolores Santana Carmona, quienes igualmente cumplen prisión preventiva en el CCR Najayo Hombres.
Wilson Camacho integró el equipo litigante del Ministerio Público junto a Mirna Ortiz, Yoneivy González, Elizabeth Paredes y Ernesto Guzmán Alberto.
El Ministerio Público recordó que Juan Alexis Medina Sánchez es acusado de formar parte de un entramado de corrupción que estafó al Estado con miles de millones de pesos de los contribuyentes, aprovechando su condición de hermano del entonces presidente de la República, Danilo Medina Sánchez.
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