Esta orden afecta especialmente a los detenidos en Bluebonnet, acusados de formar parte de la organización criminal Tren de Aragua
El gobierno del presidente Donald Trump ha solicitado este sábado al Tribunal Supremo de Estados Unidos que revierta su decisión de bloquear la deportación de venezolanos amparados por la llamada Ley de Enemigos Extranjeros. Esta ley ha sido utilizada por la Casa Blanca para detener en El Salvador a migrantes irregulares acusados de tener vínculos con organizaciones terroristas.
John Sauer, procurador general de Estados Unidos, indicó en un escrito de 15 páginas, citado por Bloomberg, que la defensa de los detenidos actuó con premura al recurrir directamente al Supremo sin que los tribunales inferiores hubieran tratado el caso ni analizado sus argumentos.
Sauer, quien representa legalmente al gobierno ante la Corte Suprema, subrayó que «los tribunales inferiores no han establecido hechos esenciales en este caso» y agregó que no se ha realizado una investigación suficiente sobre «el momento, la naturaleza y la forma de la notificación del Gobierno» a los afectados.
En este sentido, el procurador ha solicitado que, en caso de que el Supremo mantenga su fallo, aclare si este afecta al uso de otras vías legales por parte del Gobierno para llevar a cabo deportaciones, como las leyes migratorias vigentes.
Esta orden afecta especialmente a los detenidos en el centro de detención de Bluebonnet, ubicado en el norte de Texas, que están acusados de formar parte de la organización criminal Tren de Aragua.
El fallo del tribunal se hizo público en la mañana del sábado, luego de una demanda urgente presentada por los abogados de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) debido a una nueva ola de deportaciones de venezolanos detenidos. Según la apelación de la ACLU, los detenidos estaban siendo «subidos a autobuses, presumiblemente con destino al aeropuerto«.
Al declarar al Tren de Aragua como una entidad terrorista, el gobierno de Trump considera que obtuvo la facultad de aplicar esta controvertida ley, elaborada en el siglo XVIII para situaciones de guerra.
Esta ley solo se ha utilizado en tres ocasiones a lo largo de la historia de Estados Unidos, siendo la más reciente durante la Segunda Guerra Mundial, cuando se internó a ciudadanos estadounidenses de origen japonés en campos de concentración.
No obstante, la Administración Trump ha recurrido a esta legislación para deportar «de manera inmediata» a los migrantes identificados como miembros de esta organización criminal, sin tener en cuenta su estatus migratorio y sin seguir el protocolo habitual.
El Supremo ordenó a Trump suspender las expulsiones
El Tribunal Supremo de EEUU ordenó al Gobierno suspender las expulsiones basadas en la Ley de Enemigos Extranjeros. La orden del Supremo impide el traslado de estos detenidos hasta nueva disposición del Tribunal.
A su vez, un juez federal acusó al Gobierno de Trump de desacato por enviar a más de 200 migrantes, violando una orden que les ordenaba revertir la expulsión.
Trump mostró su desacuerdo con la decisión judicial, defendiendo su política migratoria y argumentando que la Administración Biden permitió una entrada descontrolada de migrantes.
Finalmente, varios jueces han denunciado intimidaciones, incluidas entregas de pizzas con amenazas, coincidiendo con la apertura de casos para bloquear órdenes ejecutivas de Trump.
Fuente: Antena 3
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