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Por Johnny Sánchez
Florida planea utilizar las remesas de nosotros los dominicanos y los ilegales para frenar la inmigración ilegal.
El gobernador de Florida y futuro pretendiente a la Casa Blanca en el 2028 quiere ya utilizar las remesas para combatir la inmigración ilegal a Estados Unidos, El ex militar, Ron DeSantis tiene la intención de exigir que quienes transfieran fondos al extranjero presenten pruebas de su estatus migratorio legal a las empresas remesadoras
Dijo «Las personas están migrando ilegalmente debido a la oportunidad de realizar trabajos poco calificados que generan salarios significativamente más altos en los Estados Unidos en comparación con los de una nación en desarrollo. Llegarán, generarán ingresos y posteriormente remitirán fondos a sus familiares, amigos u otros destinatarios en su país de origen», observó.
El gobernador de Florida anunció: «Implementaremos la verificación de identidad para las remesas al extranjero, similar a un proceso de verificación electrónica; la empresa de transferencia de dinero debe realizar esta verificación para garantizar que usted tenga permiso legal para residir en el país y remitir fondos al extranjero».
En 2023, y 2024, las remesas a R. Dominicana ascendieron a miles millones de dólares. ¿Es que el piensa que todos los latinos somos ilegales?
Multar con impuesto al remitente de un 7% por envió sin identificación y multa a empresa remesadora, es un costo alto y mucha gente se ira al sistema de mano a mano, a usar testaferro, o por un 3er país, para enviar el ilegal se la ingenia y eso no beneficia a nadie
El proyecto de ley, tal como se propone, traslada la responsabilidad de la función de inmigración a las empresas de remesas que operan en Estados Unidos, colocando así a estas empresas en la vanguardia del debate sobre la inmigración. Si bien Estados Unidos tiene derecho a garantizar que sus fronteras estén a salvo de los inmigrantes ilegales, la carga de la supervisión de la inmigración por parte de las empresas de remesas podría convertirse en un desafío administrativo y operativo, tanto para el gobierno como para los operadores de remesas.
Las normas actuales exigen que las empresas de remesas soliciten información de identificación a los remitentes con transacciones superiores a 3.000 dólares y que informen de todas las transacciones sospechosas. El proyecto de ley no impone ningún umbral. Por lo tanto, todas las transacciones quedarán sujetas a la «prueba de inmigración», que exigirá a las empresas de remesas que procesan miles de transacciones diarias que recopilen y presenten información de identificación, que presumiblemente tendría que ser observada, copiada y registrada en los sistemas de transacciones. Esto aumentará significativamente el costo de operación y dará como resultado un aumento de las tarifas en general, incluidas las de los inmigrantes legales que simplemente desean mantener a sus familias que viven fuera de Estados Unidos.
Además, el proyecto de ley propuesto no incluye disposiciones para restringir los intentos de evadir la sanción, como, por ejemplo, que los inmigrantes ilegales soliciten a los residentes o ciudadanos que realicen transacciones en su nombre, o que envíen fondos dentro de los Estados Unidos para que los residentes o ciudadanos legales los envíen a un tercer país. También es motivo de preocupación el aumento del costo de las remesas, que se aproxima a unos 60.000 millones de dólares anuales a América Latina y el Caribe, y su impacto en las economías donde las remesas pueden oscilar entre el 15 y el 20 por ciento del producto interno bruto de esos países.
La cuestión de la migración en los Estados Unidos es importante; por lo tanto, debe abordarse de manera integral, en lugar de a través de medidas punitivas. Estas medidas tendrán un efecto negativo en millones de personas y en una industria que sustenta a muchos residentes y ciudadanos legales que, hoy en día, viven en un mundo cada vez más globalizado donde las familias siguen conectadas social, tecnológica y financieramente
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