Los conceptos emitidos en este artículo son de exclusiva responsabilidad de su autor
Por: Becker Márquez Bautista
La República Dominicana atraviesa por uno de sus peores momentos institucionales. Una degradación de nuestro poder legislativo que inició en el preciso instante en que el poder ejecutivo comenzó a dirigir a los legisladores como marionetas. Pero el problema no termina ahí: también es una consecuencia de cómo los grupos empresariales se han preocupado más por asaltar todos los poderes del Estado para beneficio de sus intereses, desmantelando así el orden que debe regir a nuestra nación.
Recientemente, fuimos testigos de cómo a una diputada se le prohibió el acceso a un corte de cinta para la inauguración de una carretera en Puerto Plata. Un evento impensable décadas atrás. Recuerdo cuando era más joven cómo se respetaba a los legisladores en las provincias y, evidentemente, en todo el país. Cuando un diputado llegaba a una institución pública, se le abrían las puertas y se le escuchaba, logrando a menudo obras y solicitudes para sus comunidades.
Esa época ha quedado atrás. La realidad, hoy, es mucho más cruda: ser legislador es visto como ser «un cualquiera más de la calle». Se han convertido en «soquetes» de los presidentes de turno y de grupos empresariales. Observamos un Congreso que se alimenta de las «pitrafas» que deja lo peor de la sociedad a su paso en la degradación social y política de nuestro país. La investidura y la dignidad del cargo se han perdido, convirtiendo lo que antes era una figura de respeto en una simple pieza de un engranaje controlado por intereses ajenos al bienestar de la gente. En su mayoría, salvando dos o tres honrosas excepciones, son ciudadanos dedicados a actividades de procedencia dudosa.
La separación de poderes en nuestro país no existe. Los legisladores, en lugar de cumplir con sus obligaciones, ya no legislan, ni fiscalizan, y mucho menos representan a nadie. Se han sometido al poder ejecutivo y han permitido que se concentre todo el poder en un solo partido político. Antes, cuando un partido dirigía el poder ejecutivo y la oposición controlaba el legislativo, existía un balance. Creo firmemente en ese modelo; soy de la opinión de que un solo partido político no debe gobernar todos los poderes del Estado, ya que eso, sencillamente, lacera la democracia y la institucionalidad del país.
Los legisladores desempeñan tres funciones esenciales para el buen funcionamiento de la democracia. En primer lugar, deben legislar, es decir, crear y aprobar las leyes que rigen a la nación. En segundo lugar, su deber es fiscalizar al poder ejecutivo, actuando como un contrapeso para garantizar la transparencia y el uso adecuado de los fondos públicos. Finalmente, su rol es representar a los ciudadanos que los eligieron, llevando sus inquietudes y necesidades al Congreso y velando por los intereses de la nación.
Reflexión y llamado al rescate de la dignidad
La pérdida de la dignidad de los legisladores no es solo un problema de percepción; es el síntoma de un sistema quebrado. Si el Congreso, uno de los poderes del Estado, no goza del respeto que le corresponde, la democracia misma se debilita. Rescatar esa dignidad es un imperativo para sanear la política dominicana.
Para lograrlo, es crucial que los legisladores entiendan que su poder y su respeto no provienen de los favores de un partido, sino de su capacidad para representar al pueblo y defender los intereses de la nación. La dignidad se recupera cuando un congresista se niega a ser un simple «alzamanos» y, en cambio, se convierte en un contrapeso real al poder ejecutivo. El rescate de la dignidad exige un compromiso con la ética, la independencia y la integridad. Es hora de que los legisladores demuestren que su lealtad principal es con el país, no con un líder o un grupo de poder.
Les hacemos un llamado al pueblo: Se hace urgente rescatar la figura del legislador. No podemos seguir votando cada cuatro años por «lo peor de lo peor» o por lo mismo de siempre. Debemos votar por candidaturas con propuestas e ideas que vayan en consonancia con los intereses del pueblo, no por una imposición política de los partidos. A veces los partidos recogen el estiércol social y lo postulan a cargos electivos que, dicho sea de paso, se imponen por la compra de votos. Esto no puede ser. Solo así, con actos de valentía y servicio genuino, podrán restaurar la confianza del pueblo y, con ello, la dignidad de su investidura.
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