Donald Trump ha recibido un nuevo revés judicial. Esta vez para bloquear su intento de cancelar el programa de admisión de refugiados, que paró con una orden ejecutiva en su primer día de regreso a la Casa Blanca, otra de las medidas que se enmarca en su campaña contra la inmigración.
El juez federal de Seattle Jamal Whitehead señaló en su fallo que las acciones del presidente implican una “anulación efectiva de la voluntad del Congreso” de establecer el programa de admisiones de refugiados del país. “El presidente tiene un amplio margen de discreción para suspender las admisiones de refugiados. Pero esa autoridad no es ilimitada”, dijo Whitehead, según recoge AP.
El fallo es la respuesta a la demanda Pacito contra Trump, interpuesta el 10 de febrero por tres organizaciones de defensa de los refugiados y nueve afectados, que denunciaron la prohibición de recibir nuevos refugiados y la suspensión de los fondos federales para el programa.
“Estados Unidos tiene la obligación moral y legal de proteger a los refugiados, y cuanto más dure esta suspensión ilegal, más nefastas serán las consecuencias. Los refugiados y las familias y comunidades que esperan darles la bienvenida han sido arrojados a un limbo indefinido y las agencias de reasentamiento listas para atenderlos no saben si podrán mantener las luces encendidas si el Gobierno continúa reteniendo fondos críticos”, declaró al presentar la demanda Melissa Keaney, la abogada del Proyecto Internacional de Asistencia a Refugiados, que representó a Church World Service, la agencia judía de reasentamiento de refugiados HIAS y Lutheran Community Services Northwest en la querella.
Los defensores de los refugiados denunciaron que, después de una espera de años, miles de extranjeros que habían conseguido una autorización para entrar en Estados Unidos vieron sus viajes cancelados sin previo aviso, frustrando muchos planes de reunificación familiar y quedándose en el limbo.
Trump suspendió el programa aduciendo que las ciudades y comunidades habían sido sobrecargadas por “niveles récord de migración” y no tenían la capacidad para “absorber grandes números de migrantes, y en particular, refugiados”.
Los abogados de la Administración argumentaron que la orden de Trump estaba dentro de su autoridad para negar la entrada a extranjeros cuya admisión al país “sería perjudicial para los intereses de Estados Unidos”.
Los demandantes alegan que la paralización del programa y la eliminación de los fondos que los financiaban tampoco les permite realizar su labor de asistencia a los refugiados que ya se encuentran en el país.
El programa de refugiados permite la acogida de extranjeros que huyen de sus países como consecuencia de la guerra, los desastres naturales o porque sufren persecución. Durante décadas ha contado con apoyo bipartidista, pero Trump ya lo interrumpió temporalmente durante su primer mandato.
“Cuando me dieron la oportunidad de mudarme a Estados Unidos, sentí como si tuviera una segunda oportunidad en la vida”, declaró en un comunicado el demandante Pacito, cuando se presentó la demanda de Seattle. Refugiado congoleño huyó de la guerra cuando solo tenía 13 años. “Mi familia vendió nuestras pertenencias y compró ropa y zapatos nuevos para nuestra nueva vida en Estados Unidos. Pero el día antes de nuestro viaje, recibí una llamada informándome que nuestro vuelo había sido cancelado. Esperaba que hubiera un error. Esa noche, mi esposa, mi bebé y yo dormimos afuera del centro de tránsito en el estacionamiento, junto con otras familias de refugiados que esperaban viajar a Estados Unidos. Por la mañana, nos dijeron que el presidente Trump había cancelado todos los viajes de refugiados. Ahora no sé qué vamos a hacer, no tenemos nada”.
La semana pasada, otro juez federal se negó a desbloquear la paralización de los fondos ordenada por el magnate en respuesta a una demanda que interpuso la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos. El juez Trevor McFadden, no obstante, agendó otra audiencia para este caso el próximo viernes. También ordenó a las dos partes tener una sesión de mediación con un juez federal la próxima semana.
Fuente EL PAÍS
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