Civiles armados asesinaron a, al menos, una persona y dejaron varios heridos cuando atacaron a una comunidad campesina que desde hace semanas ocupa tierras en la zona de Remansito, donde reclaman la existencia de excedentes fiscales que forman parte de la finca 916 y que deberían ser destinados a la reforma agraria.
La comunidad compuesta por más de 500 familias provenientes de zonas periurbanas del Bajo Chaco y ciudades aledañas ya sufrió dos desalojos y ahora fue violentamente atacada por guardias armados.
Según relatan los/as pobladores/as la ocupación se inicio el 15 de setiembre, el primer desalojo fue el 21 de setiembre, y dejó 7 detenidos de los cuales 4 fueron mujeres. «Una de ellas paso la noche en el calabozo con su bebé de 4 meses y otro hijo de 7 años, de forma inhumana y ni siquiera tuvieron un colchón para pasar la noche» mencionaron.
El segundo desalojo, que debía ser una verificación, se realizó el miércoles 4 de octubre. Los ocupantes salieron de forma pacífica, pero no les dejaron sacar sus pertenencias, especialmente colchones y otros enseres.
«En esta ocasión al terreno en conflicto ingresaron guardias privados armados con escopetas quienes quemaron aproximadamente 25 colchones, chapas y varios celulares. También dispararon contra algunas personas, una de ellas fue herida con 34 balines de goma» mencionaron, agregando que además recibieron amenazas de muerte.
Estas amenazas se concretaron en la tarde, cuando los guardias armados atacaron a la comunidad, asesinando a Edgar Francisco Villalba Oliveira, algunos pobladores hablan de otra persona fallecida, pero esto aún no fue confirmado.
Tras los hechos, los pobladores repelieron el ataque y expulsaron a los guardias hasta un remanente boscoso ubicado en el terreno.
La comunidad señala que el Fiscal Iran Suárez actuó de forma irresponsable desde el inicio de la situación, además de realizar una intervención irregular y detenciones arbitrarias, permitió el acceso de guardias armados y no hizo nada para precautelar la vida de las personas que se encontraban amenazadas por los mismos. También apuntan que la policía no acudió al lugar de forma diligente para protegerlos y detener a los atacantes.
El caso se constituye en otro procedimiento del Ministerio Público lleno de irregularidades, y que llevó ,una vez más, a la muerte de una persona en la lucha por la tierra.
Fuente BASE-IS
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