La Audiencia imputa cinco delitos a la ex ‘número dos’ de Transportes, Isabel Pardo de Vera
La presunta organización criminal liderada por el ex secretario del PSOE, Santos Cerdán, se extendió a altos cargos clave del Gobierno que fueron colocados en el Ministerio de Transportes que capitaneaba José Luis Ábalos. El magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno alzó ayer el secreto de sumario sobre la pieza incoada para registrar los domicilios de la ex presidenta de Adif y ex secretaria de Estado de Transportes, Isabel Pardo de Vera, y el ex director general de Carreteras, Javier Herrero.
El instructor considera a ambos como piezas determinantes dentro de la trama de corrupción dedicada al amaño de obras públicas. De hecho, el magistrado Moreno atribuye tanto a Pardo de Vera como a Herrero un delito de organización criminal, junto al cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y prevaricación. Es el segundo juez -junto con el instructor del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente– que sostiene que dentro del Gobierno, en el Ministerio con mayor capacidad inversora, operó una trama criminal que, en palabras del fiscal jefe Anticorrupción Alejandro Luzón, «encareció el coste de las obras públicas que se financian con el esfuerzo de todos los ciudadanos».
En el caso de Pardo de Vera, ya había sido imputada en la Audiencia previamente por la contratación en empresas públicas de Jésica Rodríguez, la amiga íntima del ex ministro José Luis Ábalos. Hasta el momento, la ex presidenta de Adif estaba siendo investigada por delitos de tráfico de influencias, malversación y prevaricación. Ahora, suma la organización criminal y el cohecho por interceder en favor de los amaños millonarios.
En varios autos, el titular del Juzgado de Instrucción 2 de la Audiencia sostiene que existen indicios contra Pardo de Vera y el ex director general de Carreteras «consistentes en el favorecimiento, de manera recurrente, de diferentes constructoras para la obtención presuntamente fraudulenta, de contratos de obra pública a cambio de una contraprestación económica tanto para el entonces ministro Ábalos, como para su asesor Koldo García».
Por su parte, en el oficio que dio lugar a las entradas y registros llevadas a cabo en los domicilios de los ex altos cargos gubernamentales el pasado mes de junio, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil vinculó a Pardo de Vera con al menos cuatro adjudicaciones públicas que los investigadores sospechan que fueron amañadas. El documento policial, con la solicitud cursada a la Audiencia, revisa los contactos de Koldo García, asesor de Ábalos, con Pardo de Vera y considera que tanto él como el ex número 3 del PSOE Santos Cerdán, intentaron promocionar a Pardo de Vera para que ella tuviera así mayor influencia en las adjudicaciones que les interesaban. «Todos estos indicios pudieran haber resultado en la motivación del interés mostrado tanto por Santos Cerdán como por Koldo por promocionar a Isabel Pardo de Vera al cargo de Secretaria de Estado», indica el escrito de la UCO.
Las cuatro obras que señalan los investigadores son una obra del AVE en Extremadura, unas obras en la estación del AVE de Elche, un proyecto de integración de ferrocarril en Sant Feliú de Llobregat (Barcelona) y una obra de emergencia a la constructora bajo sospecha Levantina (LIC). Son solo «un ejemplo» de las «intercesiones concretas hechas por Isabel Pardo de Vera para favorecer a determinadas constructoras».
Al igual que en el caso de la ex presidenta de Adif, la UCO expone que Koldo García «habría acudido a Javier Herrero en repetidas ocasiones para interceder en adjudicaciones» a las constructoras Acciona, LIC y Obras Públicas y Regadíos (OCR). Y de nuevo a modo de «ejemplo» repasa las adjudicaciones que ya fueron señaladas en el informe enviado al Supremo que acabó con el encarcelamiento de Cerdán, por delitos de cohecho y organización criminal. En su caso, se trata de ocho licitaciones.
Los paralelismos con Pardo de Vera prosiguen en lo referido a los intentos de que ascendiera: «Cabe resaltar el interés mostrado por Koldo y Santos Cerdán, tanto en 2018 (tras la moción de censura) como en 2020 (tras las elecciones generales celebradas en 2019), para colocar a Javier Herrero al frente de la Dirección General de Carreteras, y para darle un puesto de mayor responsabilidad, respectivamente», abunda la UCO.
Esta unidad registró los pasados días 25 y 26 de junio sendos domicilios de la ex presidenta de Adif en Galicia y Madrid, incautándose de abundantes dispositivos electrónicos. Inicialmente se dirigió al domicilio de Pardo de Vera en La Coruña, donde su marido indicó a los agentes que ella estaba esos días en un piso alquilado en la capital. Inmediatamente se pidió autorización al juez para registrarlo.
El acta de los registros refleja que entre el material hallado en La Coruña se encontraban unos documentos sobre la adquisición por parte de Adif de cinco millones de mascarillas a la empresa de la trama Soluciones de Gestión. Se trata de la operación que dio inicio al caso Koldo. Además, la UCO también inspeccionó la vivienda de Herrero, donde se hallaron 4.750 euros en efectivo.
Fuente El MUNDO
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