La violencia “indiscriminada” de las pandillas en Haití dejó casi 5000 víctimas en 2023, más del doble que el año anterior, según un informe de la ONU que pide a la comunidad internacional “redoblar los esfuerzos” para que el país caribeño sea un lugar “seguro y estable”.
En el informe trimestral dirigido al Consejo de Seguridad, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, alerta sobre la violencia “indiscriminada” de las bandas criminales, que libran una lucha feroz por el control del territorio y han obligado a “cientos de miles de personas” a abandonar sus hogares.
En consecuencia, Guterres “exhorta con urgencia a la comunidad internacional para que aumente su apoyo a las respuestas humanitaria y de desarrollo en Haití“.
“Es vital redoblar los esfuerzos para que Haití sea un lugar seguro y estable, tenga bases sólidas para el desarrollo sostenible y sea un país donde se protejan los derechos humanos de todas las personas”, agrega el secretario general.
Guterres presenta una foto terrible de las consecuencias de la espiral de violencia ante el Consejo de Seguridad, que aprobó el pasado octubre una resolución para el envío de una fuerza policial de apoyo independiente liderada por Kenia, que todavía no se ha constituido.
“Las bandas siguen cometiendo homicidios, secuestros y actos de violencia sexual con total impunidad, sobre todo contra mujeres y niñas, entre otros abusos”, dice Guterres, que se muestra alarmado por la “rápida extensión de la violencia de las bandas a zonas rurales antes consideradas seguras”.
Ello repercute en el aumento de la pobreza. El Banco Mundial, recuerda el informe, estima que en 2023 es probable que la pobreza llegue al 34 % de la población y al 63 % de los hogares, mientras el 40 % de la población -más de 4.35 millones de haitianos- padecen inseguridad alimentaria aguda, lo que afecta en particular a los niños y que se debe no solo al déficit de producción local, sino a la disfunción de la cadena de suministro del mercado, “consecuencia directa de la inseguridad“.
El informe también constata que más del 40 % de los hogares han visto caer el envío de remesas del exterior.
Asimismo, destaca la dificultad de la población para acceder a servicios básicos como la justicia, la seguridad, la vivienda y las letrinas comunitarias,; y apunta que la inseguridad dificulta especialmente el acceso de las niñas y mujeres a las zonas de recreo.
“Socavando los cimientos del estado“
“La magnitud de esta crisis multidimensional está socavando los cimientos de las instituciones del Estado y la estructura social”, advierte el informe.
En 2023 se denunciaron 4789 víctimas, lo que equivale a una proporción de 40.9 homicidios por cada 100 000 habitantes, frente a los 2183 registrados en 2022 (18.1 homicidios por cada 100 000 habitantes), señala el informe, que subraya cómo el número de secuestros se elevó a 2490, un 83 % más que en 2022.
Solo entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre, las autoridades registraron 1432 homicidios, frente a las 673 víctimas registradas en el mismo período del año anterior, mientras que el número de víctimas de secuestro pasó de 391 a 698.
Entre los miembros de las pandillas, 1682 perdieron la vida el pasado año, frente a más de 2700 civiles muertos y 1328 heridos.
Asimismo, en la policía, blanco frecuente de las pandillas, los efectivos disminuyen a un “ritmo alarmante”, lo que es un “sombrío indicador de los problemas de la seguridad que afectan al país”, según Guterres.
En 2023, abandonaron el servicio 1636 oficiales, 48 perdieron la vida y 75 fueron heridos. Hasta el 31 de diciembre, la policía nacional contaba con 13 196 efectivos.
Hasta el 4 de enero, en las prisiones haitianas estaban recluidas 11 778 personas en instalaciones diseñadas para 3900 reclusos.
Se extiende la violencia
En la zona metropolitana de Puerto Príncipe, la influencia de las bandas creció a “un ritmo alarmante” en zonas antes menos afectadas, como Carrefour-Feuilles, Solino, Bon-Repos, Mariani y Léogâne.
En Mariani (departamento del Oeste), en la principal carretera del sur del país, las bandas tomaron el control del principal acuífero de Puerto Príncipe, que abastece de agua a más de 1.5 millones de personas; y cobran tarifas ilegales a los vehículos privados y comerciales que entran en la capital y salen de ella.
El 23 de noviembre, la autoridad de energía eléctrica de Haití se vio obligada a trasladar al personal de su sede, ubicada cerca del aeropuerto internacional, a otras instalaciones.
Los empresarios, los funcionarios públicos y las personas que viajan a diario en transporte público son quienes corren el mayor riesgo de que los secuestren bandas armadas, asegura el informe.
Fuente Diario Libre
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