SANTO DOMINGO, RD.- Al establecer el Ministerio Público con diferentes medios de prueba la responsabilidad penal de un hombre y una mujer en el tráfico de drogas, ambos fueron condenados a 10 años de prisión por un tribunal colegiado de La Altagracia.
Contra la ciudadana argentina Florencia Milagros Otaduy y el dominicano Manuel Alejandro D´Oleo Cuello además de la pena privativa de libertad, se ordenó el decomiso de varios objetos que les fueron incautados en el proceso y el pago de una multa de 250 mil pesos.
Otaduy, de 31 años de edad, fue arrestada de manera flagrante en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana por agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), en fecha 31 de julio de 2023, cuando intentó sacar del país 8 paquetes de cocaína con un peso exacto de 4.33 kilogramos, según consta en el Certificado de Análisis Químico Forense No. SC1-2023-08-11-014033, emitido por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).
En tanto que D´Oleo Cuello, quien era empleado en el aeropuerto como operador de jardinería, fue apresado el 1 de agosto de 2023, alrededor de las 4:46 de la tarde, mediante la orden de arresto núm. 03353-2023, mientras se encontraba en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana.
La droga, según establece el expediente, era transportada en una maleta dentro de una funda plástica, la cual contenía en su interior ocho (8) cajas para chocolates con un paquete de la sustancia cada una.
Además de la droga, a la procesada se le ocupó varias prendas de vestir, así como equipos de higiene personal, un pasaporte argentino y permiso de residencia a su nombre.
El expediente detalla que D´Oleo Cuello le entregó la funda con la cocaína a Otaduy en la terminal aeroportuaria, luego de esta haber pasado los controles de seguridad y momentos antes de que se ejecutara su arresto.
El ahora condenado fue captado por las cámaras de seguridad cuando entró desde el área del parqueo con la funda y también cuando ambos salen del ascensor de manera conjunta y se dirigen al lugar donde se realizó la entrega.
Este caso recibió la calificación jurídica de violación a los artículos 4, letra D; 5, letra A; 58, 59, 60, 75, párrafo II, y 85 de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas.
Los procuradores fiscales Ángel Abel Castillo Núñez y Roberto Santos Pacheco tuvieron a cargo la investigación y litigación del caso, quienes aportaron pruebas suficientes con las que quedó demostrada la culpabilidad de los procesados.
Los jueces Sagrario del Río Castillo, Domingo Duvergé Caraballo y Carmen Almonte Almonte, del Tribunal Colegiado de La Altagracia, ordenaron el cumplimiento de la sentencia condenatoria en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Anamuya, del municipio de Higüey, provincia La Altagracia, y en centro de retención para mujeres de esa localidad.
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