La procuradora de corte Mirna Ortiz resalta la solidez de la investigación del Ministerio Público para presentar cargos contra los arrestados en Operación Cobra 2.0-A
SANTO DOMINGO, RD.- El Ministerio Público presentó este miércoles ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional la solicitud de 18 meses de prisión preventiva contra las 26 personas arrestadas en la Operación Cobra 2.0-A, quienes son vinculadas al entramado de corrupción administrativa que sustrajo fondos públicos aprovechándose del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
La procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), resaltó la solidez de la investigación del Ministerio Público y valoró las pruebas que sustentan la solicitud de imposición de la medida de coerción.
“En la noche de hoy el Ministerio Público ha presentado su solicitud de medida de coerción en contra de los imputados en esta operación. 10 de los imputados han admitido los hechos, han estado conteste con los hechos que el Ministerio Público les ha imputado, lo que evidencia la fortaleza de nuestras imputaciones”, dijo a periodistas que la abordaron a la salida del tribunal luego del aplazamiento de la audiencia para este jueves, 24 de septiembre.
“La única realidad que sucederá en este proceso, al finalizar, es que el juez impondrá las medidas de coerción que ha solicitado el Ministerio Público a cada uno de los encartados”, dijo Ortiz, quien encabeza el equipo litigante que representa al Ministerio Público en la audiencia junto al procurador adjunto Wilson Camacho, director general de Persecución.
El procurador adjunto Wilson Camacho presentó las pruebas y argumentos que deben ser tomados en cuenta para imponer la prisión preventiva contra las 26 personas arrestadas.
El equipo del Ministerio Público también lo integra el procurador de corte Héctor García y los fiscales litigantes Rosa Alba García, Ernesto Guzmán Alberto, Emmanuel Ramírez y Yudelka Holguín.
Pasadas las 3:00 de la tarde de este miércoles el juez Rigoberto Sena ordenó al Ministerio Público presentar su solicitud de imposición de medida de coerción contra el entramado de corrupción administrativa enfrentado con la operación Cobra 2.0-A. A las 10:00 de la noche el magistrado Sena aplazó la audiencia para este jueves, 24 de septiembre de 2026, a las 2:00 de la tarde.
El Ministerio Público, tras presentar sus conclusiones en la audiencia, solicitó que el caso sea declarado de tramitación compleja y que se impongan 18 meses de prisión preventiva, como medida de coerción, contra Angeury Guzmán Vásquez, Heidy Coronado Paulino, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova y Lucreisy Polanco Núñez.
También, contra la médico gastroenteróloga Ysabel Heredia Vallejo y los médicos Einstein Rafael Borromé Valdez, Juan Henry Poueriet, Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Luz Esther Reyes Durán de Ramírez, Edwin Alberto Batista Cruz, José Luís Díaz Hernández, Carlos Job Ynoa Olivero, Guillermo Enrique Dicló Garabito, Griselda Altagracia Basora Ramírez y Juan Gabriel Rodríguez Ravelo.
Igualmente, para los médicos Martha María Saldaña Saldaña, Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez, Engels Federico Díaz Mendoza, Keila Beatriz Acosta Leonardo, Rafael Mauricio Cabral González, Laura Altagracia Santana Evangelista, Víctor Felipe Rodríguez García, Wander Manuel Díaz Encarnación, Yocaira Antonia Méndez Beltré, Marcelino Eusebio Figuereo y Ray Ernesto Mercedes Lugo.
Los fiscales solicitan que se declare la complejidad del caso conforme a lo establecido en la norma procesal vigente, por existir pluralidad de hechos, de víctimas y posibles implicados, tratándose de delincuencia organizada en los términos descritos por el Ministerio Público.
“El bien jurídico protegido aquí no es monetario. El bien jurídico aquí está vinculado con el derecho fundamental a la salud. Derecho fundamental a la salud que se vulneró en perjuicio de ciudadanos beneficiarios del Seguro Nacional de Salud. A todos estos pacientes se les generaron cargos ficticios que redujeron el monto de los servicios a los cuales tenían derecho”, dijo Ortiz en el tribunal durante la presentación de la medida de coerción.
“Cuando analicemos el punto nodal de esta situación. No se trata de dinero, no se trata de 40 millones, se trata de la lesión a un derecho fundamental, al derecho fundamental de la salud”, agregó.
Detalló que fueron presentadas 234 pruebas de naturaleza documental, 91 pruebas materiales, 82 documentos procesales y 76 periciales, para un total de 483 pruebas, que el Ministerio Público pone a la disposición del tribunal y de las partes como fundamento de las medidas solicitadas.
“El Ministerio Público concluye de la siguiente manera: Por las razones de hecho y derecho presentadas, solicitamos la imposición de prisión preventiva por 18 meses al considerar el Ministerio Público que es la medida que, conforme a la gravedad de los hechos y a la naturaleza de las imputaciones, garantizarían la continuidad del proceso de investigación, así como la seguridad de las víctimas y de los potenciales elementos de prueba a ser colectados por el Ministerio Público en el desarrollo de su investigación”, expuso.
“Que esta medida de coerción sea impuesta por un período de 18 meses de conformidad con el artículo 230, numeral 7, combinado con el artículo 377, numeral 2, al declarar este tribunal la complejidad del presente proceso”, indicó.
El proceso penal contra otros involucrados
En la primera etapa, el Ministerio Público arrestó el pasado año con la Operación Cobra a Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, exdirector del SeNaSa y cabecilla del entramado de corrupción. También a los coimputados Gustavo Enrique Messina Cruz, Francisco Iván Minaya Pérez, Germán Rafael Robles Quiñones, Rafael Luis Martínez Hazim, Ramón Alan Speakler Mateo, Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo, Eduardo Read Estrella y Ángel Luis Guzmán Vásquez.
Con la judicialización de los imputados el Ministerio Público procura sanciones penales y el decomiso de miles de millones de pesos sustraídos al Estado dominicano.
Al grupo se le imputa cargos de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de soborno, estafa contra el Estado dominicano, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.
En el transcurso de la investigación, el Ministerio Público ha podido recabar evidencias de soborno a gran escala, adulteraciones de estados financieros, y programas especiales sin sustentos jurídicos, utilizados para distraer fondos, mediante maniobras fraudulentas.
El órgano acusador indicó que se trata de un esquema de corrupción sistemático instalado por el director ejecutivo del SeNaSa, en coalición con funcionarios de esa ARS y con la participación, en asociación criminal, de prestadores del servicio de salud, en perjuicio del Estado dominicano.
Como parte de las líneas de investigación que sigue el proceso, el Ministerio Público también puso en marcha el pasado mes de junio la Operación Onco14 que llevó al arresto de tres personas por formar parte de la estructura que abusó del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer para enriquecerse con maniobras fraudulentas que afectaron al Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC), a pacientes afectados por el cáncer y al SeNaSa.
Por el caso fueron arrestados Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo de la asociación sin fines de lucro (ASFL) Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y miembro de la junta directiva del IORC, y su esposa Luisa Yasiris Guzmán, presidenta de la fundación Tócate RD-Casa de Acogida, así como su exesposa Dilcia Isabel Vargas Sánchez, quien se divorció del imputado en 2014 y ocupó la Vicepresidencia, y, a la vez, fungió como auditora interna y externa del patronato que administra al Instituto Oncológico Regional del Cibao cuando el imputado era presidente de la citada ASFL.
Lora Cruceta y su esposa Guzmán cumplen prisión preventiva, mientras que Vargas Sánchez arresto domiciliario.
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