SANTO DOMINGO, RD.- Tras acoger la solicitud del Ministerio Público, un tribunal impuso, por decisión unánime, 20 años de prisión a un hombre que, con un arma ilegal, intentó matar a otro al que dejó parapléjico, en un hecho ocurrido en la calle Blanquito Espino, del sector Villa Rosa, de La Vega, en el año 2025.
Geovanny Miguel Carvajal Batista (Jovani Ferreira) deberá cumplir la pena en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) El Pinito, de La Vega, además de pagar una indemnización de RD$2.0 millones a la víctima.
El tribunal declaró a Carvajal Batista culpable de incurrir en el delito de tentativa de homicidio en perjuicio de Luis Miguel Capellán Taveras, a quien atacó con un arma de fuego que portaba de manera ilegal.
El hecho ocurrió el 28 del mes de febrero del año 2018, alrededor de las 11:04 de la mañana, en momentos en que la víctima se encontraba frente a la residencia de un familiar.
El expediente establece que el ahora condenado llegó al lugar donde se encontraba la víctima, y, sin mediar palabras, le realizó varios disparos con la intención de matarlo. Detalla que tres de los disparos impactaron a Capellán Taveras en diferentes partes del cuerpo, dejándolo con lesiones permanentes por déficit motor en miembros inferiores (parapléjico).
Luego de cometer los hechos Carvajal Batista huyó del lugar. Posteriormente, el Ministerio Público solicitó y obtuvo una orden judicial de arresto que ejecutó en su contra en fecha diecisiete (17) del mes de julio del año dos mil veinticinco (2025).
La Dirección de Registro y Control de Tenencia y Porte de Arma de Fuego, del Ministerio de Interior y Policía, estableció, mediante una certificación, que Carvajal Batista no se encuentra registrado como titular de una licencia de porte y tenencia de arma de fuego, quedando demostrado que el procesado tenía, portaba y utilizó el arma de fuego de manera ilegal.
La investigación estuvo a cargo del fiscal Pedro Gil, quien otorgó al caso la calificación jurídica de violación a los artículos 2, 295 y 304 del Código Penal Dominicano y a los artículos 66 у 67 de la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, que tipifican y sancionan el ilícito penal de tentativa de homicidio con tenencia, porte y uso ilegal de arma de fuego.
Durante el proceso el Ministerio Público estuvo representado por la fiscal litigante Yurisan Ceballos, quien aportó distintas pruebas documentales, ilustrativas y periciales que fueron acogidas como buenas y válidas por el Segundo Tribunal Colegiado de La Vega, integrado por Martín De La Mota, Fernando Abreu y Ariella Cedano.
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