Según revelaron varias organizaciones no gubernamentales encargadas de la atención a la infancia en un estudio presentado en Quito, la capital, el 36 por ciento de los niños de Ecuador viven en hogares pobres, confrontando problemas como desnutrición, difícil acceso a la educación, la salud y restricciones de proyectos de vida futura.
El texto, presentado durante un evento académico en la Pontificia Universidad Católica de Ecuador (PUCE), remarca que esta situación se agrava en las zonas rurales, dónde la pobreza afecta a cerca del 43 por ciento de los infantes, especialmente a la población infantil indígena, con el 61 por ciento.
El informe, en cuya elaboración participaron alrededor de 25 organizaciones de la sociedad civil y cerca de un medio centenar de expertos, fue presentado con el objetivo de describir la situación del país en torno al cumplimiento de la Convención de los Derechos del Niño, suscrita por Ecuador en 1990.
Para las ONG, uno de los principales efectos de la pobreza en la infancia es que vuelve a esta población vulnerable ante la presión de la delincuencia y el crimen. Por eso, destaca el efecto que ha tenido en la infancia pobre la situación de «conflicto armado interno» declarado por el presidente del país, Daniel Noboa, para frenar el auge de la delincuencia.
Verónica Pólit, de la ONG Pacto por la Niñez y la Adolescencia, aseguró que la crisis de seguridad genera responsabilidades para el Estado y advirtió que, tanto el gobierno como la propia sociedad, deberían dar soluciones para evitar la captación y explotación de los niños por parte de bandas del crimen organizado.
El documento también presenta datos sobre el aumento del empleo infantil en el país, pues si en 2022 el número de niños que trabajaban era de 270 340, en la actualidad asciende a 370 000, suponiendo un aumento del 37 por ciento. Asimismo, aumentaron las tasas de maltrato físico y psicológico, pues hacia 2023 las denuncias sumaron 51 235.
El objetivo de este informe es “dar voz a los niños y niñas” y mostrar una “actitud más firme y demandante para que sus derechos sean cumplidos”. Por ello, se aconsejó a las autoridades implementar políticas públicas a escala nacional y que sean efectivas, así como una mayor inversión en el bienestar y desarrollo integral de la niñez y adolescencia en Ecuador.
Fuente teleSURtv.net
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