Presidenta Xiomara Castro atribuye el hecho a las maras, mientras la subsecretaria de Seguridad, Julissa Villanueva, aduce un ataque del crimen organizado a la intervención de los centros penales
Un enfrentamiento armado e incendio ha dejado al menos 41 privadas de libertad muertas, unas calcinadas y otras con impacto de bala, en la Penitenciaria Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), ubicado a unos 16 kilómetros al norte de Tegucigalpa, capital de Honduras, confirmó el portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora.
La cifra es preliminar, aclaró Mora, quien informó, previamente a otros medios de comunicación, que se realizaban levantamientos cadavéricos.
El hecho trascendió a tempranas horas, pero la información oficial preliminar se conoció al filo de la 1:00 de la tarde, luego de varias horas de silencio.
En horas de la mañana la subsecretaria de Seguridad Julissa Villanueva, informó, tras conocerse el hecho violento, que se había determinado declarar emergencia en el centro de reclusión femenino. La decisión se adoptó en el marco de un proceso de intervención en las cárceles de Honduras producto de la ingobernabilidad atribuida a las redes criminales.
El policía en retiro y criminalista, Gonzalo Sánchez, manifestó que la situación es grave y lamentable, “es la primera vez que en la historia de Honduras se produce una reyerta en la que se produce la pérdida de vida de 25 a 30 personas y otras están heridas. Nunca se había dado en estos centros”.
Sánchez apuntó que la situación se podría complicar porque ya son varios los incidentes con víctimas mortales que se han venido registrando en los centros penitenciarios, lo que podría traer consigo demandas internacionales contra el Estado de Honduras.
Las causas del incendio están siendo investigadas por los bomberos, quienes hasta el momento guardan reserva sobre la información.
ACCIÓN DE MARAS: PRESIDENTA XIOMARA CASTRO
A las 2:29 de la tarde la presidenta Xiomara Castro reaccionó a través de sus redes sociales y atribuyó el hecho violento a acciones de maras ante “la vista y paciencia de las autoridades de Seguridad”. Además de solidarizarse con los familiares de las víctimas, Castro convocó al secretario de Seguridad, Ramón Sabillón, para rendir cuentas y a la presidenta de la Comisión Interventora de los centros penitenciarios y subsecretaria de Seguridad, Julissa Villanueva. ¡Tomaré medidas drásticas!, cerró diciendo la mandataria.
ATAQUE DEL CRIMEN ORGANIZADO
Una hora antes de la reacción de la presidenta Xiomara Castro, la subsecretaria de Seguridad, Julissa Villanueva, aseguró, en rueda de prensa, que lo ocurrido en el PNFAS es un ataque y sabotaje directo del crimen organizado por las acciones contra la criminalidad que ha adoptado el gobierno de Xiomara Castro.
Villanueva apuntó que la violencia se generó de “adentro y afuera” desde donde se están produciendo acciones contrarias al Plan Solución contra el Crimen implementado por el gobierno para recuperar la gobernanza en las cárceles hondureñas.
Aunque no fue explicita, la funcionaria dio a entender que el origen de la violencia en los centros penitenciarios ha estado en manos de adentro y afuera de la Policía Nacional. Pero, fue categórica al señalar que los responsables, son aquellos que “se robaron el dinero y saquearon, quienes hoy buscan crear zozobra”.
“Sin embargo, no nos van a doblegar”, expresó Julissa Villanueva mientras era acompañada por Sandra Rodríguez, integrante de la Comisión Interventora de los Centros Penitenciarios.
Villanueva aseveró que la Comisión Interventora “no ha fracasado. Estamos frente a ustedes criminales”, dijo.
Sin dar datos oficiales de las víctimas mortales, la funcionaria aseguró que se harán investigaciones directas para acusar a todas aquellas privadas de libertad que actuaron en complicidad con el crimen organizado.
A raíz del anuncio del proceso de intervención en los centros penitenciarios, en abril pasado, se han venido registrando múltiples amotinamientos, reyertas y muertes violentas de privados de libertad producto de estas acciones.
La intervención que, según el gobierno, persigue la recuperación de la gobernanza en las cárceles, está a manos de una Comisión liderada por la subsecretaria de Seguridad Julissa Villanueva, quien, junto con un grupo multidisciplinario, además de someter a los oficiales de la Policía Nacional a pruebas de confianza, ha anunciado un proceso de investigación y sanción para todos aquellos funcionarios policiales que formen parte de las estructuras criminales.
Este martes la Comisión Interventora advirtió que no negociará bajo la mesa con ningún grupo criminal, porque lo que se busca es recuperar la gobernanza y garantizar los derechos de los privados de libertad como lo ha sugerido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) mediante la rehabilitación y reinserción social.
El abogado y especialista en derechos humanos, Joaquín Mejía, expuso en sus redes sociales: “Se debe investigar y deducir responsabilidades políticas a las autoridades responsables del sistema penitenciario y responsabilidades penales a quienes tenían bajo su custodia directa a las mujeres privadas de libertad que perdieron la vida de forma violenta”.
Mejía consideró además que es tiempo que el Estado de Honduras implemente las recomendaciones de la CIDH y Subcomité contra la Tortura, las sentencias de la Corte IDH y Política Penitenciaria presentada al gobierno por el Comité Nacional de Prevención Contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes (Conaprev).
Adicional a las muertes que se suscitan de manera permanente, las cárceles de Honduras tienen un cuestionable historial. Para el caso, en 2003, se registraron 69 muertes en la Granja Penal de El Porvenir, zona atlántica; en 2004, se sumaron otras 107 víctimas en el Centro Penal de San Pedro Sula, zona norte; y en 2012, otras 361 en la Granja Penal de Comayagua, en la zona central.
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