El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil condenó a ocho años y diez meses de prisión por corrupción al expresidente de ese país, Fernando Collor de Mello, tras encontrarlo culpable de los delitos de corrupción y lavado de dinero en el marco de la megacausa Lava Jato. Collor de Mello estuvo en la presidencia brasileña por tan solo dos años, entre 1990 y 1992, cuando debió dimitir tras la apertura de un juicio político por causas de corrupción.
Aliado de Jair Bolsonaro en la campaña 2022 y referente del Partido Laborista Brasileño, partido por el cual fue senador desde 2006 hasta el año pasado, Collor de Melo fue encontrado culpable de recibir 20 millones de reales entre 2010 y 2014 (4 millones de dólares, al cambio actual) para “viabilizar irregularmente contratos” entre la constructora UTC Engenharia y BR Distribuidora, una exfilial de Petrobras. La decisión del máximo tribunal brasileño fue por ocho votos contra dos.
El juez relator del caso, Edson Fachin, había sugerido una pena de hasta 33 años de prisión, pero el tiempo de la sentencia fue reducido por el conjunto de la Corte. “La pena total queda fijada en ocho años y diez meses de prisión”, anunció este miércoles la presidenta del STF, Rosa Weber. El tribunal había dictado la sentencia de culpabilidad de Collor de Melo la semana pasada y solo restaba que le dictara la pena correspondiente.
Los supremos consideraron que los hechos probados en el proceso son “gravísimos” y “retratan el nefasto uso indebido de funciones públicas para promoción personal y patrimonial”, sentenció Fachin y dio por probado que “el entonces senador se valió de la influencia político-partidaria para promover nombramientos en el directorio de BR Distribuidora y crear facilidades para el establecimiento de contratos”.
Parte de las acusaciones se basan en acuerdos de delación premiada del empresario petrolero Alberto Youssef, el exdirector de Petrobras Nestor Cerveró y el empresario Ricardo Pessoa. Las declaraciones se dieron en medio de la megacausa Lava Jato, que salpicó al conjunto de la clase política brasileña desde 2014 y tuvo al presidente Lula Da Silva detenido 18 meses, pero que el mismo STF consideró inocente en abril de 2021.
De acuerdo a las pruebas reunidas contra Collor de Mello el blanqueo del dinero fue realizado mediante más de 40 depósitos en cuentas a nombre del ex presidente y en 65 cuentas de empresas de su propiedad. En julio 2015, cuando la investigación comenzó, el entonces senador dijo sentirse “humillado” y ser víctima de “un espectáculo mediático, articulado por los medios y el Ministerio Público”. En aquellos días, la Policía allanó la mansión de Collor en Brasilia e incautó una Ferrari, un Lamborghini y un Porsche.
Durante el juicio, el abogado del exmandatario, Marcelo Bessa, también desconoció las acusaciones y pidió la absolución de Collor de Mello. La defensa argumentó que las acusaciones de la Procuraduría se basan solo en testimonios de denunciantes, que no se presentaron pruebas para incriminar al exsenador y negó que haya sido responsable del nombramiento de directores de la empresa BR Distribuidora.
Sin embargo, el STF consideró que las pruebas van más allá de las aportadas por los arrepentidos y citó la existencia de mensajes de celular, comprobantes de depósitos y una evaluación interna de los contratos realizada por la propia BR Distribuidora.
Opositor de Lula, impeachment a Dilma y aliado de Bolsonaro
Collor de Melo, con solo 40 años, llegó a la presidencia de Brasil como el primer presidente de la vuelta a la democracia. En aquella elección, el excampeón nacional de Karate le ganó en las urnas al dirigente metalúrgico y fundador del Partidos de los Trabajadores, Lula Da Silva.
Había llegado a la presidencia con un discurso inconformista y con la promesa de reformar la vida política de Brasil, con el apodo de “cazador de marajás”, como llamaba a los altos funcionarios de altos sueldos. Sin embargo, en solo dos años tuvo que renunciar luego de que el Congreso abriera un proceso de destitución tras denuncias de corrupción.
Miles de personas salieron a las calles para pedir su salida, en un movimiento impulsado por los “caras pintadas”, jóvenes con los rostros pintados de verde y amarillo, colores de la bandera de Brasil. Su renuncia no impidió un proceso judicial por sobornos a cambio de facilitar contratos con empresas de publicidad durante su gobierno, del que logró ser absuelto por falta de pruebas.
Sin el peso de las condena por corrupción logró volver a la política en 2006, al ser elegido senador por Alagoas, un estado pobre del noreste. Ese escaño lo revalidó y ocupó un sillón en el Senado brasileño hasta el año pasado. En esos años fue parte de los legisladores que votó a favor del impeachment contra la ex presidenta Dilma Rousseff y aliado de Bolsonaro durante la campaña presidencial del año pasado, que terminó ganando Lula para ser presidente por tercera vez.
Fuente Resumen Latinoamericano
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