Con el hambre afectando ya a casi la mitad de la población, Nigeria ha sido testigo en las últimas semanas de una oleada de saqueos de cereales alimentarios de camiones y almacenes por todo el país.
En Akure, capital del estado de Ondo, en la región suroccidental, pequeños comerciantes, conductores, artesanos y otros residentes se subieron por la fuerza a un camión en la autopista Ondo-Akure y saquearon los cereales que transportaba en cajas de cartón con el nombre del presidente Bola Tinubu.
Un día antes, unos habitantes hambrientos saquearon arroz de un almacén del mercado de Kara, en Birnin Kebbi, capital del estado de Kebbi, en la región noroccidental de Nigeria, que registra más de 500 000 casos de desnutrición aguda grave.
Al ver los sacos de grano que se descargaban en los almacenes, la multitud empezó a congregarse fuera por la mañana. Testigos presenciales informaron que la policía disparó gases lacrimógenos para dispersarlos, pero los desesperados residentes se negaron a ceder y se mantuvieron firmes. Cuando llegaron otros dos remolques para descargar, obligaron a la policía a retirarse lanzando piedras, subieron a los camiones y se hicieron con los sacos de arroz.
Al parecer, cuando los militares se desplegaron en el lugar, algunos soldados iniciaron una pelea con los propietarios de las tiendas de los alrededores del almacén, acusándoles de participar en el saqueo y mataron a uno de ellos de un disparo en el pecho.
El portavoz del vicegobernador del estado, Umar Tafida, ha declarado que “los organismos de seguridad están tomando medidas para controlar la situación”.
Sin embargo, las fuerzas de seguridad en las que confía el gobierno para custodiar los cereales alimentarios son superadas con creces por el número de personas en situación de inseguridad alimentaria, que ha aumentado en más del 50%, pasando de 66.2 millones en el primer trimestre de 2023 a 100 millones en el primer trimestre de 2024. Esto supone casi el 46% de los 218 millones de habitantes del país con mayor población de África.
Según el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU, 18.6 millones de ellos padecen hambre aguda, mientras que otros 43.7 millones se enfrentan a niveles de hambre iguales o superiores a su punto de referencia para clasificarlos como “crisis”.
El ritmo al que aumentan los precios de los alimentos, que ya era de casi el 25% en febrero pasado, había subido aún más hasta casi el 39% en febrero de este año.
La razón central de esta inflación alimentaria es la supresión de los subsidios al combustible por parte del Gobierno en mayo de 2023, según un estudio del economista Eric Otaokhia, de la Universidad Ahmadu Bello, publicado en el número más reciente de la publicación trimestral del Banco Central de Nigeria.
A raíz de esta medida contra las subvenciones al combustible, el presidente Bola Tinubu suspendió al entonces presidente del Banco Central de Nigeria (CBN), quien había “dificultado a los inversores sacar dinero” de Nigeria.
A continuación, Tinubu liberalizó el comercio de la moneda nigeriana en junio de 2023, con lo que el valor del Naira se desplomó de la noche a la mañana en más de un tercio. Esto amputó la capacidad de importación del país, de la que Nigeria había llegado a depender cada vez más para obtener alimentos desde los años 90, tras la primera ronda de reformas neoliberales prescritas por el FMI.
A pesar de su elevado potencial de producción, con una población joven del 70% y más del 40% de su tierra cultivable, las importaciones de alimentos se han más que cuadruplicado en las décadas posteriores.
El FMI alaba las reformas causantes del hambre
El FMI, que en el pasado se había quejado de la pérdida de “impulso” de las reformas a finales de los 90, alabó estas nuevas reformas, que sacrificaron la capacidad de importación de alimentos de Nigeria justo después de que su producción nacional se viera aún más mermada por la supresión de las subvenciones a los combustibles.
“El Presidente Tinubu ha avanzado con importantes reformas estructurales: la supresión de las subvenciones al combustible y la unificación de las distintas ventanillas oficiales de cambio de divisas”, rezaba su declaración de principios de febrero. El “nuevo equipo del CBN” ha “demostrado esta determinación abandonando su anterior papel en la financiación del desarrollo”, añadió el FMI con satisfacción, concluyendo en su evaluación que “la capacidad de Nigeria para reembolsar al Fondo es adecuada”.
La inflación del país había alcanzado para entonces el nivel más alto en casi tres décadas. “No hay comida, nos morimos de hambre”, rezaban las pancartas con las que las mujeres de Minna, capital del estado de Níger, bloquearon una carretera clave en señal de protesta el 5 de febrero. La policía respondió deteniendo a 25 manifestantes, pero protestas similares continuaron en otras ciudades del estado.
El 21 de febrero, los vendedores de pescado de Suleja, centro comercial del estado de Níger, iniciaron una protesta contra las frecuentes subidas del precio del pescado congelado, que hacían cada vez más inviable su negocio. Jóvenes enfurecidos aprovecharon la protesta para bloquear la concurrida autopista Abuja-Suleja-Kaduna y saquear los camiones retenidos que transportaban alimentos.
Dos días después, el 23 de febrero, siete personas, entre ellas un miembro del partido gobernante, All Progressives Congress (APC), murieron en una estampida en Lagos, la capital comercial de Nigeria, donde el Servicio de Aduanas vendía a precio rebajado sacos de arroz confiscados a contrabandistas.
Más tarde, el 27 de febrero, miles de trabajadores, estudiantes, comerciantes, etc., salieron a las calles de todo el país para protestar contra la subida de los precios de los alimentos y otros productos básicos, mientras el Congreso Laboral Nigeriano (NLC) encabezaba una huelga nacional.
“Tenemos hambre. No hay nadie que no lo sepa”, declaró el presidente del NLC, Joe Ajaero. “No hay ningún funcionario que pueda permitirse tres comidas al día debido a las dificultades económicas”, añadió el presidente del NLC, Yusuf Inuwa.
En Maiduguri, capital del estado de Borno, policías fuertemente armados bloquearon la marcha. “Si se silencia a los trabajadores organizados, no quedará nadie para expresar las preocupaciones de las masas”, había declarado Inuwa.
Akhator Odigie, Secretario General de la Confederación Sindical Internacional (CSI)-África, afirmó que “las protestas nacionales deben considerarse una forma constructiva de evitar que las frustraciones de la gente se desborden y no deben criminalizarse”.
“Una receta para el caos y la anarquía”
Con el salario mensual de un trabajador nigeriano medio insuficiente para mantener a una familia de tres miembros durante una semana, Odigie advirtió que la “situación es una receta evitable… para el caos y la anarquía”.
Y así ha sido. En el Territorio de la Capital Federal (FCT), el 2 de marzo unos vecinos irrumpieron en el almacén de la Secretaría Agrícola y Rural de Gwagwalada, a las afueras de Abuja, la capital de Nigeria. La policía tardó más de dos horas en dispersarlos, pero sólo después de que hubieran vaciado el almacén de todo el grano, dejando el edificio dañado.
Se detuvo a 15 personas, pero durante los dos o tres días siguientes se produjo una oleada de saqueos en distintas zonas del territorio de la capital, incluida Abuja. Junto con los almacenes -tanto públicos como privados-, los residentes también atacaron camiones a los que retuvieron en el tráfico bloqueando las carreteras. También se registraron casos similares en otros estados.
La ministra de Estado del FCT, Mariya Mahmoud, anunció que se establecerían puestos de policía en todos los almacenes gubernamentales de este territorio. El ejército, que también había intervenido para evitar saqueos en varias zonas, anunció que se desplegarían tropas por todo el país para vigilar los almacenes de la Agencia Nacional de Gestión de Emergencias (NEMA).
El fracaso militar en la protección de los agricultores ha agravado la crisis
Aunque han asumido el papel de custodiar los cereales, los militares han fracasado en la tarea de proteger a los agricultores de los ataques de bandas de bandidos y pastores armados, lo que les ha obligado a abandonar la agricultura en varios estados del país.
Este año ya han muerto, al menos, 165 agricultores. Los bandidos también han empezado a cobrar sus propios impuestos. Al parecer, en la región septentrional cobran hasta cien mil Nairas (unos 76 USD) por permitir simplemente a los agricultores acceder a sus tierras de labranza durante las temporadas altas de siembra y cosecha.
Se calcula que sólo en el estado noroccidental de Sokoto los agricultores pagaron el año pasado unos tres mil millones de nairas (casi 758 000 USD) en concepto de rescate.
Esta inseguridad en el corazón agrícola de Nigeria ha agravado aún más el hambre en el país. El ministro nigeriano de Agricultura y Seguridad Alimentaria, Abubakar Kyari, anunció el mes pasado en Abuja medidas de ayuda para paliar el hambre tras los saqueos.
“Comenzaremos la distribución de 42 000 toneladas métricas de cereales, tal y como aprobó el Sr. Presidente, en los 36 estados de la federación como uno de los programas que se pondrán en marcha esta semana”, dijo. “Además, 58 500 toneladas métricas de arroz molido de mega molineros de arroz también se liberarán en el mercado para su estabilización”. Sin embargo, se ha quedado muy corto para invertir el aumento del hambre desde las “reformas” por las que el FMI elogió a Tinubu.
Fuente People Dispatch
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