Medios peruanos informaron que la fiscalía abrió una investigación contra un grupo de 20 militares por tentativa de homicidio en relación a la represión a las protestas antigubernamentales de diciembre del 2022 en la ciudad de Ayacucho que dejó un saldo de diez muertos y 20 heridos.
A pesar de que los militares negaron ante la fiscal Mirela Coronel Molero que usarán sus armas contra los civiles, más de 100 testigos, incluidas las personas que resultaron heridas, coinciden en que los efectivos «dirigieron su armamento a los manifestantes».
Según la Fiscalía, el elevado número de heridos de gravedad por impactos de bala, «confirma que existió un patrón en el comportamiento» de los soldados encargados de contener a los manifestantes, lo que contradice la versión de los militares implicados, que sostienen que solo hicieron disparos al aire y no contra los manifestantes.
En este sentido, El Ministerio Público formalizó la investigación preparatoria contra, al menos, siete oficiales de jerarquía y uno de la Policía Nacional como presuntos autores directos de homicidio calificado con alevosía en el grado de tentativa.
La acusación indica que los efectivos que dispararon por órdenes o bajo conocimientos de ellas, tuvieron la intención de matar a los ciudadanos que protestaban en la ciudad de Ayacucho contra la destitución del entonces presidente Pedro Castillo.
La lista de militares investigados está encabezada por tres generales de las Fuerzas Armadas que fueron señalados por la fiscal Coronel Molero como «los eslabones de la cadena de mando durante las acciones contra la protesta en Ayacucho».
También aparecen como autores directos del presunto delito de homicidio calificado en la modalidad de tentativa los jefes de patrulla y subalternos que se encontraban en la zona donde se registró la represión y dejó a varios civiles heridos de gravedad.
Fuente teleSUR
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