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Por Ramón Diloné
(Debido al debate que tiene lugar en el país en virtud de la decisión del Ministerio de Cultura de destituir al presidente de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía, creemos oportuno reproducir el presente artículo que escribimos el 5 de noviembre de 2022.)
La Ley número 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas de la República Dominicana, en su artículo -36 establece que: «Se prohíbe cualquier tipo de publicación, publicidad, propaganda o programa a través de los medios de comunicación, que contengan estímulos y mensajes subliminales, auditivos, impresos o audiovisuales que tiendan a favorecer el consumo y el tráfico ilícito de drogas y sustancias controladas».
Es lamentable, sin embargo, que en todo el país decenas de medios (emisoras de radio en todas las frecuencias, canales de televisión de UHF y diversas plataformas digitales de Youtube), violen, de forma permanente, lo que establece el artículo 36 de la ley 50-88, el 6 de la Ley 153-98 de Telecomunicaciones y los artículos 61, 62, 76, 77, 78, 79, 82 y 84, entre otros, del reglamento 824 de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía, el 29 de la ley 6132 de Libre Expresión y Difusión del Pensamiento y el 49 de la Constitución, sin que ninguna de las autoridades que tienen que ver con el correcto uso de los medios, procedan.
Frente a la “apatía” de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos, el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (institución encargada de asignar y desasignar las frecuencias de las emisoras y de los canales de televisión), la Dirección Nacional de Control de Drogas y el Consejo Nacional de Drogas (estas dos últimas instituciones pueden actuar y denunciar la situación para cerrar los medios e incautar sus equipos), «se une la terrible realidad de que los propietarios de las emisoras, de los canales y de las plataformas digitales permiten el fomento de la vulgaridad, el irrespeto, la violencia y la promoción del consumo de sustancias controladas a través de esos medios».
De igual manera, hay que resaltar que es una iniciativa positiva la propuesta de modificación de la ley 50-88, para establecer penas más drásticas contra los dueños de emisoras y de otros medios de comunicación que, de manera reiterativa, violan las leyes que tienen que ver con los medios de comunicación en la República Dominicana.
La aprobación del proyecto que modificaría la ley de drogas «es una acción positiva, porque en la propuesta se establecen sanciones administrativas y privativas de libertad contra los propietarios de los medios de comunicación, por incurrir en el delito de difundir publicidad donde se incite al consumo de drogas, a través de informaciones, canciones, ropas, prendas y de cualquier otra forma de comunicación, es muy importante, pero no es suficiente».
Para adecentar los medios de comunicación en el país y lograr que jueguen el papel que las leyes les asignan, es necesario que las autoridades del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL), de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía (CNEPR), de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), de la Oficina Nacional de Derechos de Autor (ONDA) y las del Consejo Nacional de Drogas (CND), entre otras instituciones, asuman sus roles, es decir, las funciones legales que les asisten.
Es justo indicar que «hay dueños de emisoras y de canales que comprenden la responsabilidad que tienen en sus manos, razón por la que son fieles a los principios de informar, educar, entretener y divertir de forma sana», puesto que estos son los cuatro pilares fundamentales de todo medio de comunicación.
El papa Francisco, al referirse a los medios de comunicación, con razón afirma que: “Necesitamos medios de comunicación capaces de construir puentes, defender la vida y abatir los muros, visibles e invisibles, que impiden el diálogo sincero y la comunicación verdadera entre personas y comunidades”. Pero, para que los medios de comunicación cumplan con su misión, tal como lo plantea el máximo representante del catolicismo, «se necesita que las autoridades dominicanas que tienen que ver con el problema, cumplan con las leyes y asuman las responsabilidades que les competen».
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