Puerto Plata.- El Ministerio de Interior y Policía (MIP) puso en marcha este miércoles un operativo especial de dos días en esta provincia, orientado a agilizar la renovación de licencias de porte y tenencia de armas de fuego, para beneficiar a cientos de propietarios con documentos vencidos.
La iniciativa, que se lleva a cabo en la Gobernación provincial, busca simplificar los trámites y acercar los servicios a la ciudadanía, evitando desplazamientos costosos a Santiago o Santo Domingo.
El operativo está liderado por el viceministro de Control y Regulación de Armas, Carlos Ogando, junto con la gobernadora Claritza Rochtte Peralta; el director Regional Norte de Interior y Policía,Tomás Peña, y el director de Armas, Manuel Alejandro Castillo. Además de la renovación de licencias, se ofrecen servicios como duplicados por pérdida, recepción de documentos para traspasos, asistencia jurídica y la opción de entrega voluntaria de armas.
En este sentido, el director de Armas, Manuel Castillo, destacó que esta iniciativa responde al compromiso de la ministra Faride Raful de descentralizar los servicios y llevarlos a las provincias. «Puerto Plata fue seleccionada debido a la alta cantidad de personas y empresas con licencias vencidas», explicó. Igualmente, instó a los propietarios a aprovechar la oportunidad para regularizar su situación antes de que finalice el operativo este jueves.
En cuanto a la entrega voluntaria de armas, Castillo recordó que esta medida está amparada por el Decreto 212-21, que promueve una estrategia integral de seguridad ciudadana y un plan de desarme para fomentar una cultura de paz.
El operativo incluye trámites que normalmente solo están disponibles en Santo Domingo, como la emisión de duplicados, y pruebas de balística, que suelen realizarse en la Oficina Regional de Santiago. Los costos asociados a estos trámites incluyen 5,045 pesos por tenencia, 4,070 por porte, 805 pesos por duplicados y 3,265 pesos por la prueba de balística. Además, los propietarios deben someterse a evaluaciones psiquiátricas y antidopaje, con costos que oscilan entre 1,000 y 2,000 pesos.
Esta iniciativa no solo representa un ahorro significativo de tiempo y dinero para los ciudadanos, sino que también refleja el esfuerzo del gobierno por modernizar y acercar los servicios públicos a la población.
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