Víctimas serán representadas por abogados del Servicio Nacional de Representación Legal de los Derechos de la Víctima (Relevic)
SANTO DOMINGO, RD.- Fue aplazada para el próximo jueves, 10 de septiembre, la audiencia para el conocimiento de la medida de coerción de prisión preventiva que solicita el Ministerio Público contra dos hombres imputados de cometer delitos de maltrato físico y psicológico, así como de trabajo o servicio forzado, en perjuicio de varios niños en un local de una fundación que operaba en San Cristóbal.
La fiscal Fanny M. Garabitos Guerrero, coordinadora de la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales (UAVGIDS), dijo que el Ministerio Público solicitará en la audiencia la imposición de tres meses de prisión preventiva en atención a lo establecido por la ley en esos casos.
“En el día de hoy la audiencia en contra de Ángel Capellán e Isaías Muñoz fue suspendida para el 10 de septiembre a los fines de conocer el anticipo de pruebas de los menores de edad que fueron rescatados en la fundación, al igual la defensa solicitó más tiempo para presentar presupuestos”, dijo Garabitos Guerrero al responder preguntas de la prensa luego del aplazamiento de la audiencia.
Detalló que la calificación jurídica otorgada al proceso incluye la trata de personas con fines de explotación laboral.
“Estamos en la etapa de investigación en este momento”, dijo en respuesta a preguntas de los representantes de los medios de comunicación que cubren el proceso.
Detalló que las víctimas serán representadas en el proceso por abogados del Servicio Nacional de Representación Legal de los Derechos de la Víctima (Relevic).
Garabitos Guerrero representó al Ministerio Público en la audiencia junto a los fiscales Rodolfo Reyes y Ana Mercedes Pichardo.
La audiencia fue aplazada por el juez José Carlos Arias, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del distrito judicial de San Cristóbal.
Los imputados Ángel Gabriel Capellán (el Pastor o Capellán) e Isaías Ramón Muñoz Rodríguez fueron sometidos a la justicia ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de San Cristóbal por los delitos cometidos contra los menores de edad en la Fundación Restaurando Vida (Un Muerto que Revive), ubicada en el municipio Bajos de Haina, en la provincia San Cristóbal.
La medida fue presentada por Yoanna Bejarán, titular de la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT), así como por las fiscales Ramona Santana, titular de San Cristóbal, y Fanny M. Garabitos Guerrero, coordinadora de la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales (UAVGIDS).
La instancia detalla que, en el marco de una operación ejecutada la noche del 29 al 30 de agosto de 2026, el Ministerio Público, conjuntamente con otros órganos, realizó allanamientos simultáneos en los sectores La Pared y El Carril, del municipio de los Bajos de Haina, provincia San Cristóbal.
En el operativo se rescataron 13 niños, niñas y adolescentes con edades comprendidas entre los cuatro (4) meses y los trece (13) años.
Las víctimas presentaban signos evidentes de maltrato físico y psicológico. El centro de operaciones intervenido operaba bajo la fachada de una fundación y un espacio religioso, ubicado en el interior de una finca.
Las Fiscalía de San Cristóbal, conjuntamente con la PETT, realizó los allanamientos, auxiliadas por el Departamento de Investigación de Trata y Tráfico de Personas de la Policía Nacional y la Unidad Especializada de Investigación Conjunta Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Delitos Conexos (UITIMC), con la Dirección de Protección de la Niñez y Adolescencia y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), como áreas de protección.
El operativo se desencadenó a partir de la fuga de uno de los menores retenidos en el lugar que se presentó a un destacamento policial, alertando a las autoridades sobre las condiciones de maltrato a las que eran sometidos los niños, niñas y adolescentes alojados allí.
A raíz de la alerta, y luego del inicio de las investigaciones, fueron solicitadas las órdenes judiciales de arrestos ejecutadas contra los imputados Gabriel Capellán y Muñoz Rodríguez.
Acerca del autor
