La empresa Louis Berger, concesionaria del aeropuerto militar, acusa al líder sindical de «uso fraudulento de horas sindicales» para justificar su despido. Los trabajadores piden amparo al Gobierno y anuncian el recrudecimiento de una huelga que va camino ya de los ocho años
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Los trabajadores de la multinacional Louis Berger Aircraft Services (LBAS) suelen ejemplificar la singularidad de su labor con una comparación: si en el vecino aeropuerto de Jerez está considerado ‘special handling’ (un equipaje que requiere de un tratamiento especial) una bicicleta, en el suyo, el aeródromo de la base militar de Rota, ese mismo concepto se usa cuando llega una bomba, un misil o algún componente de alta seguridad.
Por eso siempre habían tenido un convenio específico que recogía estas condiciones únicas de sus puestos. Hasta que llegó la concesionaria Louis Berger y empezó a aplicarles las condiciones de cualquier aeropuerto español. Redujo su salario y ya ha despedido a 45 empleados. El último, el presidente del comité de empresa. Los sindicatos tienen claro que se ha vulnerado la legislación española que protege la representación sindical en las empresas y anuncian que vuelven a recrudecer una huelga que va camino de convertirse en una de las de mayor duración en España. Está a punto de cumplir ocho años, lo que ha llevado incluso al Ayuntamiento roteño a declarar a Louis Berger como «empresa non grata».
“El colofón ha sido mi despido. Ha sido un durísimo golpe para mí y también para los derechos que tenemos todos de representar a nuestros compañeros”, relata el ya ex presidente del comité, que prefiere no dar su nombre para evitar represalias mientras busca empleo en la propia base.
En la mañana del 10 de julio acudió a una reunión con la cúpula de la multinacional. Por primera vez en años parecía abrirse una vía para el diálogo. “Trajeron cosas nuevas, cosas que nos hicieron ilusionarnos con que esta vez sí que podíamos llegar a un acuerdo”, recuerda. Horas después, a medianoche, al incorporarse a su turno, lo esperaba el jefe local de la empresa para comunicarle su despido. Lo escoltaron hasta la salida de la base. La causa oficial: “uso fraudulento de horas sindicales”. “Por la mañana buenas palabras, por la noche me echan a la calle. Y encima me escoltan como si fuera un delincuente”, denuncia.
Ocho años de conflicto laboral
Louis Berger acumula ocho años de conflicto laboral en Rota. Llegó en 2016 para hacerse cargo de la gestión del aeropuerto militar y desde entonces ha ido desmantelando el marco laboral que protegía a la plantilla. Los alrededor de 170 trabajadores españoles, muchos con doble nacionalidad, requisito para acceder a ciertos puestos, operaban bajo un convenio propio que recogía la singularidad de sus funciones: control de aeronaves militares, manipulación de carga especial, trabajos bajo normativa estadounidense y un nivel de responsabilidad inusual para un civil. La multinacional impuso el convenio general del sector aeroportuario, recortó salarios en torno a un 30% y comenzó a sustituir a los empleados del antiguo marco por nuevas contrataciones más baratas.
Pancarta denunciando el conflicto con la empresa norteamericana.
“El 100% de los despedidos pertenecía al convenio original. Somos el colectivo que más les molesta”, afirma el exdirigente sindical. Desde entonces, más de 45 empleados han perdido su puesto, cuatro de ellos miembros del comité. “Soy el cuarto dirigente sindical que despiden. Incluso un compañero fue suspendido seis meses solo por defender derechos laborales”, añade. Hasta ahora nunca había sido despedido el presidente.
El historial de la empresa incluye sanciones de Inspección de Trabajo por vulnerar el derecho de huelga y desconocer la representación sindical. Aun así, la estrategia de presión ha continuado. “Extorsionan, presionan, coaccionan… lo único que quieren es que la plantilla se doblegue”, insiste el trabajador despedido.
La destitución del presidente del comité ha provocado una ola de solidaridad local. El Ayuntamiento de Rota, que en 2020 declaró a Louis Berger “empresa non grata”, ha denunciado el caso públicamente. Izquierda Unida ha iniciado gestiones ante los Ministerios de Trabajo y Defensa para que intervengan.
Endurecer las protestas en septiembre
Pero, según los sindicatos, el Gobierno central sigue sin actuar con contundencia. “Esto solo se soluciona a nivel estatal. El almirante de la base tiene órdenes de mantenerse al margen y los ministerios se pasan la pelota. Llevamos ocho años reclamando lo mismo: que nos escuchen y que se cumpla la ley”, resume el trabajador.
Carga de un avión en el aeropuerto de la base de Rota.
La huelga indefinida que mantienen desde hace casi ocho años —probablemente una de las más largas de España— se ha traducido en paros de cuatro horas en cada turno, los siete días de la semana. A partir de septiembre, la plantilla planea endurecer las movilizaciones con concentraciones en la entrada de la base, manifestaciones y un aumento de los paros.
“La empresa cree que, habiendo despedido al presidente del comité, va a amedrentarnos. Nada más lejos de la realidad. Lo que ha hecho es indignar aún más a los trabajadores”, advierte. Critica que la Junta haya aceptado servicios mínimos que han rondado, hasta ahora, el 90% de los servicios.
Detrás de esta resistencia hay una convicción compartida: el trabajo que realizan no es comparable al de un aeropuerto civil. La plantilla está entrenada para manipular cargas que afectan directamente a la seguridad nacional, bajo protocolos estrictos de las fuerzas armadas estadounidenses. “En un aeropuerto civil, un equipaje especial puede ser una bicicleta; en Rota, puede ser una bomba o un misil”, insiste el expresidente. Esa es, dicen, la mejor prueba de que su labor requiere un convenio específico, con condiciones acordes a la responsabilidad y el riesgo que asumen cada día.
Fuente ELDIARIO.ES
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