El Tribunal Supremo ha sacado ya en claro que no tiene la prueba directa de que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, revelase un correo confidencial del abogado de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de Madrid. Para poder fijar una condena, la sala, compuesta por siete magistrados, deberá hallar indicios suficientes para determinar que el número uno de la Fiscalía efectivamente fue la persona que reveló el correo a la prensa aunque estuviese en manos de diversas e indeterminadas personas, ya que fue remitido a un correo genérico de la Fiscalía y a la Abogacía del Estado.
En la primera mitad del juicio, varios periodistas, que han declarado como testigos, han sostenido que ellos tenían el documento en cuestión –en el que el abogado ofrece un acuerdo de conformidad para que el novio de Isabel Díaz Ayuso no fuese a juicio a cambio de reconocer dos delitos fiscales y pagar una multa–. Sin embargo, doce agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil argumentarán esta semana su tesis de porqué, a su juicio, García Ortiz tuvo una “participación preeminente” en la filtración del correo.
Doce agentes ratificarán sus informes sobre la “participación preeminente” de García Ortiz
La tesis de los investigadores es que García Ortiz estuvo detrás de esta revelación, en base a que borró todos los mensajes y correos electrónicos relacionados con el asunto tras saber que el Tribunal Supremo había decidido investigarle y cambió de terminal telefónico. El fiscal general siempre ha defendido que lo hizo en base a un protocolo de protección de datos.
Al no existir prueba directa, el tribunal debe basarse en indicios y si estos son lo suficientemente sólidos para que con la suma de varios se pueda determinar la autoría del delito. A lo largo de la instrucción, la UCO ha elaborado varios informes que deberán ser ratificados esta semana en el juicio. En uno de ellos aseveraban que el fiscal general fue quien ordenó que el fiscal que investigaba a González Amador, Julián Salto, le facilitase, vía fiscal jefa de Madrid, todos los correos electrónicos que se intercambió con su abogado y en los que éste buscaba un acuerdo de conformidad.
La UCO mantiene que desde que García Ortiz tuvo acceso a toda la cadena de correos electrónicos entre el fiscal y el abogado hasta que esa información se filtró a una radio solo pasaron dos horas. En el informe se recogen las llamadas y mensajes enviados desde varios miembros de la carrera fiscal sobre cómo frenar las noticias que entendían falsas y manipuladas del diario El Mundo. Todo lo que aparece son los contactos para elaborar la nota de prensa, que se publicó al día siguiente. Desde el inicio, García Ortiz ha reconocido que ordenó y autorizó su distribución por canales oficiales de comunicación.
Los agentes dirán, por tanto, que García Ortiz tuvo acceso a ese correo poco antes de ser publicado en la cadena Ser en la noche del 13 de marzo del 2024. También explicarán la existencia de una llamada de un periodista de esta radio ese mismo día, minutos después de que El Mundo, publicara el contenido de otro correo, y que supuso el revulsivo para contar un mail anterior y así desmentir que fuera la Fiscalía quien ofreció el pacto, sino que esa oferta vino del letrado. García Ortiz ha defendido que no habló con ese periodista.
Fuente LA VANGUARDIA
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