El Ministerio Público solicitará en la audiencia, que fue aplazada para el miércoles, que se declare el caso complejo y que se impongan 18 meses de prisión preventiva a 26 arrestados a partir de la puesta en marcha de la Operación Cobra 2.0-A
SANTO DOMINGO, RD.- “El Ministerio Público ha encontrado autorizaciones médicas facturadas y cobradas al SeNaSa, procedimientos que no fueron realizados”, explicó la procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), tras el aplazamiento de la audiencia para el conocimiento de la medida de coerción a las 26 personas arrestadas a partir de la puesta en marcha de la Operación Cobra 2.0-A.
Mirna Ortiz indicó que el Ministerio Público está judicializando en esta ocasión a “un articulado esquema que se organizó desde el SeNaSa con exempleados del SeNaSa y médicos que tenían códigos asignados”, declaró sobre el entramado de corrupción”.
Sostuvo que el Ministerio Público está preparado para conocer este miércoles, 23 de septiembre, la solicitud de medidas de coerción contra las 26 personas arrestadas por sustraer fondos públicos aprovechándose del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
Mirna Ortiz representó al Ministerio Público con el procurador adjunto Wilson Camacho, director general de Persecución, junto al procurador de corte Héctor García y los fiscales litigantes Rosa Alba García, Ernesto Guzmán Alberto, Emmanuel Ramírez y Yudelka Holguín.
“En el día de hoy el Ministerio Público vino listo para el conocimiento de la audiencia de la medida de coerción; sin embargo, los abogados de las defensas solicitaron plazos al tribunal para poder conocer las pruebas, las muchas pruebas que ha presentado el Ministerio Público para sostener esta medida”, indicó Mirna Ortiz.
“Adicionalmente a ello se ha fusionado el proceso con una nueva persona que se integra a la lista de los 22 médicos que están siendo sometidos por este proceso y eso motivó a que el tribunal acogiera el pedimento de las defensas y aplazara la audiencia para el próximo miércoles, 23”, dijo, al tiempo de reiterar “que en la próxima audiencia estaremos todos listos para continuar con el conocimiento del proceso”.
Durante el proceso, la titular de la Pepca presentó al tribunal el depósito de solicitud de medida de coerción a la doctora Ysabel Heredia Vallejo, quien se entregó a las autoridades en horas de la mañana del lunes.
El juez Rigoberto Sena aplazó la audiencia para el miércoles, 23 de septiembre de 2026, a las 2:00 de la tarde.
El Ministerio Público solicitó la declaratoria de caso complejo y que se imponga la prisión preventiva por 18 meses contra Angeury Guzmán Vásquez, Heidy Coronado Paulino, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova y Lucreisy Polanco Núñez.
También, contra la médico gastroenteróloga Ysabel Heredia Vallejo y los médicos Einstein Rafael Borromé Valdez, Juan Henry Poueriet, Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Luz Esther Reyes Durán de Ramírez, Edwin Alberto Batista Cruz, José Luís Díaz Hernández, Carlos Job Ynoa Olivero, Guillermo Enrique Dicló Garabito, Griselda Altagracia Basora Ramírez y Juan Gabriel Rodríguez Ravelo.
Igualmente, para los médicos Martha María Saldaña Saldaña, Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez, Engels Federico Díaz Mendoza, Keila Beatriz Acosta Leonardo, Rafael Mauricio Cabral González, Laura Altagracia Santana Evangelista, Víctor Felipe Rodríguez García, Wander Manuel Díaz Encarnación, Yocaira Antonia Méndez Beltré, Marcelino Eusebio Figuereo y Ray Ernesto Mercedes Lugo.
Los fiscales solicitan que se declare la complejidad del caso conforme a lo establecido en la norma procesal vigente, por existir pluralidad de hechos, de víctimas y posibles implicados, tratándose de delincuencia organizada en los términos descritos por el Ministerio Público.
La audiencia, por cuestiones de espacio, fue celebrada en el salón del Primer Tribunal Colegiado del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
Proceso penal contra el entramado de corrupción
En la primera etapa, el Ministerio Público arrestó el pasado año con la Operación Cobra a Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, exdirector del SeNaSa y cabecilla del entramado de corrupción. También a los coimputados Gustavo Enrique Messina Cruz, Francisco Iván Minaya Pérez, Germán Rafael Robles Quiñones, Rafael Luis Martínez Hazim, Ramón Alan Speakler Mateo, Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo, Eduardo Read Estrella y Ángel Luis Guzmán Vásquez.
Con la judicialización de los imputados el Ministerio Público procura sanciones penales y el decomiso de miles de millones de pesos sustraído al Estado dominicano.
Al grupo se le imputa cargos de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de soborno, estafa contra el Estado dominicano, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.
En el transcurso de la investigación, el Ministerio Público ha podido recabar evidencias de soborno a gran escala, adulteraciones de estados financieros, y programas especiales sin sustentos jurídicos, utilizados para distraer fondos, mediante maniobras fraudulentas.
El órgano acusador indicó que se trata de un esquema de corrupción sistemático instalado por el director ejecutivo del SeNaSa, en coalición con funcionarios de esa ARS y con la participación, en asociación criminal, de prestadores del servicio de salud, en perjuicio del Estado dominicano.
Como parte de las líneas de investigación que sigue el proceso, el Ministerio Público también puso en marcha el pasado mes de junio la Operación Onco14 que llevó al arresto de tres personas por formar parte de la estructura que abusó del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer para enriquecerse con maniobras fraudulentas que afectaron al Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC), a pacientes afectados por el cáncer y al SeNaSa.
Por el caso fueron arrestados Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo de la asociación sin fines de lucro (ASFL) Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y miembro de la junta directiva del IORC, y su esposa Luisa Yasiris Guzmán, presidenta de la fundación Tócate RD-Casa de Acogida, así como su exesposa Dilcia Isabel Vargas Sánchez, quien se divorció del imputado en 2014 y ocupó la Vicepresidencia, y, a la vez, fungió como auditora interna y externa del patronato que administra al Instituto Oncológico Regional del Cibao cuando el imputado era presidente de la citada ASFL.
Lora Cruceta y su esposa Guzmán cumplen prisión preventiva, mientras que Vargas Sánchez arresto domiciliario.
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