La operación de la Policía Nacional y la Agencia Tributaria contra la empresa Biomar Oil permite desmantelar en una vivienda de Ávila un taller clandestino de armas de fuego con 44 armas, munición de guerra y un vehículo bélico blindado con un cañón ametrallador de gran calibre
La UDEF ha bloqueado 12,5 millones de euros e intervenido 46 inmuebles, 60 vehículos de alta gama y 167 relojes de lujo
La operación de la Policía Nacional y la Agencia Tributaria por uno de los mayores fraudes de IVA en el sector de los hidrocarburos ligado a la empresa Biomar Oil destapó en una vivienda de Ávila un taller clandestino de armas de fuego con 44 armas, algunas modificadas y con el número de serie borrado, munición de guerra y un vehículo bélico blindado con un cañón ametrallador de gran calibre instalado.
Según el balance de la operación de la Policía y la Agencia Tributaria, del que han informado en una nota de prensa, hasta el momento se ha constatado que el fraude asciende a cerca de 300 millones de euros entre los años 2023 y 2024.
Por este motivo, han sido detenidas ocho personas e investigadas en la Audiencia Nacional otras diez como presuntas responsables de los delitos de blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública y pertenencia a organización criminal y tenencia ilícita de armas.
En los nueve registros se intervinieron más de 130.000 euros, 167 relojes de lujo, activos financieros que superan los 14 millones de euros y se han bloqueado cuentas con más de 12,5 millones de euros, más de 3,6 millones de litros de carburante, 60 vehículos de alta gama y 46 inmuebles.
INVESTIGACIÓN DE LA UDEF DESDE 2023
La investigación comenzó a principios de 2023 cuando los agentes de la UDEF Central de la Policía Nacional tuvieron conocimiento de grandes movimientos económicos de empresas dedicadas al comercio de hidrocarburos, compatibles con un posible blanqueo de capitales.
En concreto, el entramado criminal ofrecía el producto a precios muy por debajo del valor habitual real del mercado, fruto de los incumplimientos fiscales.
Tras las primeras pesquisas descubrieron que podría existir una única organización criminal detrás de dos operadoras petrolíferas que estaban llevando a cabo estas operaciones ilegales que provocaban una gran preocupación del resto de empresas del sector de los hidrocarburos.
Por un lado, fruto de no ingresar en la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) el IVA repercutido, les permitía ofrecer gasolina y gasóleo a empresas intermediarias y estaciones de servicio a precios mucho más bajos que los de cualquier competidor que sí cumpliera con sus obligaciones tributarias.
Además, presuntamente tampoco cumplían con la normativa sectorial relativa a biocarburante que obliga a pagar un pago compensatorio –que suponía además otro impago de alrededor de 40 millones de euros– en caso de no utilizar biocombustible, obteniendo de estas dos formas un amplio margen económico con el que poder ofrecer sus suministros.
UN TESTAFERRO COBRÓ DOS MILLONES
Según la Policía, la organización tenía una estructura jerarquizada liderada en la cúspide por dos socios bajo cuyo mando se encontraban los directivos financieros que controlaban las cuentas y se encargaban de toda la contabilidad empresarial.
En el último escalón se encontraban los trabajadores, aunque muchos de ellos desconocían la actividad criminal.
Por último, sin formar parte de esta estructura, estaban los testaferros a quienes seleccionaban para que prestasen su identidad y así figurar ellos como responsables de las obligaciones tributarias generadas por los operadores petrolíferos, llegando uno de ellos a percibir retribuciones de alrededor de dos millones de euros.
Una vez los investigadores lograron identificar a todos los miembros de esta organización, se estableció un dispositivo policial el pasado 2 de diciembre realizando nueve entradas y registros simultáneos –siete domicilios en Madrid y Ávila y dos oficinas en la capital madrileña–
Fuente: Telemadrid
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