La defensa del principal acusado del crimen del niño de Garrucha teme por su vida y solicita a El Acebuche el traslado a un módulo de seguridad
Lograr adaptarse a la vida en prisión es un desafío para cualquier recluso, pero la situación se complica aún más cuando se está acusado de maltratar y asesinar a un niño de tan solo cuatro años.
En los centros penitenciarios existe una norma no escrita, conocida y respetada por la mayoría de los presos: “A los niños no se les toca”. Quien la infringe, asume las consecuencias.
Juan David R. C., investigado por la muerte a golpes de Lucas, hijo de su pareja Bárbara B. —también acusada en el caso—, fue enviado a prisión por la jueza que instruye el caso el pasado 6 de diciembre.
Esto ocurrió apenas tres días después de que el cuerpo del menor apareciera con signos de violencia en un antiguo cargadero de mineral en Mojácar, en el límite con Garrucha (Almería). Desde ese momento permanece en la cárcel de El Acebuche, donde es ampliamente conocido y su llegada no ha pasado desapercibida.
Fuentes cercanas al caso han señalado que otros internos han intentado agredirlo en varias ocasiones, mostrando su rechazo a tenerlo cerca. No obstante, desde Instituciones Penitenciarias aseguran que el detenido se encuentra en buen estado y que no ha habido incidentes graves.
El abogado de Juan David, Diego R. Molinari, confirmó que la semana pasada se produjo un intento de linchamiento en el módulo 11 de El Acebuche, que solo pudo evitarse gracias a la intervención de su compañero de celda. Tras este episodio, el acusado fue trasladado a otro módulo, considerado “más peligroso” y donde ya no cuenta con la protección de su compañero.
Preocupada por la seguridad de su cliente, la defensa ha presentado un escrito solicitando su traslado a un módulo de mayor seguridad, aunque surgen dudas sobre si se puede garantizar su protección dentro de otra prisión.
La estrategia de la defensa
Los abogados de Juan David intentan rebajar la imagen de “monstruo” que pesa sobre su cliente, alegando que entre él y Lucas existía un vínculo afectivo y que el menor no vivía en un entorno de terror. Según su versión, la muerte del niño fue el resultado de un “ritual de sanción fallido”.
Sin embargo, esta narrativa choca con los informes de los investigadores y los testimonios de quienes vieron el cuerpo del niño, que presentaba numerosas lesiones compatibles con una paliza. Familiares del menor también habían expresado sospechas sobre posibles maltratos: un brazo roto, golpes en la cabeza, nariz partida y dientes dañados, que Juan David atribuía a accidentes. La defensa sostiene que el niño no recibió atención médica porque ninguno de estos incidentes se consideró grave.
Aun así, quienes conocían a la familia aseguran que Lucas vivía con miedo. Su tía abuela incluso acudió a la Guardia Civil para alertar sobre la situación, aunque no presentó denuncia formal.
Fuente: Antena 3
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