Según la directora ejecutiva de Women’s Link Legal, las denunciantes siguen siendo empleadas del cantante y «temen» que el cantante «pueda localizarlas»
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha otorgado a las dos mujeres que han denunciado al artista Julio Iglesias por presuntos abusos sexuales la condición de testigo protegido.
Así lo ha anunciado la directora ejecutiva de Women’s Link Legal, Jovana Ríos Cisnero, quien también ha confirmado que las denunciantes siguen siendo empleadas del cantante y «temen» que Iglesias «pueda localizarlas y, quizá, tratar de disuadirlas de las acciones que están llevando a cabo».
Por otro lado, han explicado que la Fiscalía ha decidido tomar declaración a las denunciantes aunque aún no hay una fecha prevista.
Entre los delitos de los que se acusa a Iglesias están el de trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre, que se habría producido en concurso con varios delitos contra la libertad, de acoso sexual, agresión sexual y con un delito de lesiones.
Además le acusan de delitos contra los derechos de los trabajadores.
«Es necesario tener en cuenta que el denunciado ostenta un poder diametralmente distinto al de las denunciantes, derivado de su capacidad económica y también de su influencia, lo cual fundamenta nuestra solicitud de medidas de protección», ha añadido Ríos Cisnero.
Desde Women’s Link están acompañando legalmente a las denunciantes y hacen el papel de representantes legales en el territorio en el que se ha interpuesto la denuncia.
WOMAN’S LINK HA SIDO CONTACTADA POR «OTRAS MUJERES» TRABAJADORAS
La organización ha adelantado que han sido contactadas «por otras mujeres que alegan haber sido trabajadoras del denunciado» pero no han añadido más información por aspectos de seguridad.
Los hechos se han puesto en conocimiento de la Fiscalía en España y no en Republica Dominicana porque la legislación española permite investigar y perseguir determinados delitos aunque se hayan cometido fuera del territorio nacional por el principio de extraterritorialidad, como ha explicado Ríos. «Se aplica especialmente además a las violaciones de derechos humanos previstas en tratados internacionales que España ha ratificado.
A partir de ahora, ha explicado la responsable jurídica de la entidad, Gema Fernández, la Fiscalía dispone de seis meses para judicializar la causa.
Por su parte, la responsable de investigación de Amnistía Internacional, Virginia Álvarez, ha señalado que, a nivel internacional, se encuentran realizando investigaciones que demuestran que lo que supuestamente les ha ocurrido a las denunciantes «es parte de un patrón» que han visto en otros países. «En los sectores analizados por la organización, la situación de explotación no puede, como digo, considerarse como un hecho aislado, sino como estructuras laborales montadas sobre la idea de que el tiempo, el cuerpo y el trabajo de las mujeres es barato y sustituible», ha asegurado.
En el caso de que se decida no continuar por parte de Fiscalía, ha señalado que se podría valorar la interposición de una denuncia por parte de las propias víctimas.
Fuente: Telemadrid
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