Al menos 426 personas resultaron afectadas de manera directa por la organización criminal
SANTO DOMINGO, RD.- El Ministerio Público depositó formal acusación penal en contra de los integrantes de la estructura criminal de lavado de activos y estafa electrónica cometida contra 426 víctimas y que fue desmantelada durante la Operación Guepardo.
De manera individual el Ministerio Público acusó, a través de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de La Romana, a Yves Alexandre Giroux, Rocío del Alba Rodríguez de Moya, Marisol Nova Nolasco, Astrid Rydelis Bello, Javier Gustavo Ulloa Bueno, Joana Paola Guerrero Milián, Samayra del Rosario Barreto y Cynthia Desirée Giroux Sarita.
También, a las personas jurídicas Novasco Real Estate SRL, REMAX One, Rodeca Marketing Group SRL, RR Marketing Group EIRL y AGOTT 24, SRL, señaladas como instrumentos utilizados para canalizar los fondos obtenidos de manera ilícita.
El Ministerio Público puso en marcha la Operación Guepardo en febrero del año 2025 junto al Departamento de Investigación de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Dilaft), de la Policía Nacional.
La investigación fue encabezada por los fiscales Claudio Cordero, por la Procuraduría Antilavado, y Mayerling Rondón, por la Fiscalía de La Romana, quienes coordinaron las diligencias investigativas, análisis financieros y recopilación probatoria que sustentan el expediente acusatorio.
La procuradora de corte Ramona Nova y la fiscal Reina Rodríguez, responsables de la Procuraduría Especializada Antilavado y de Fiscalía de La Romana, manifestaron que “esta acusación representa un paso firme en la lucha contra las estructuras criminales que utilizan esquemas fraudulentos inmobiliarios y mecanismos de lavado de activos para afectar la economía y la confianza de la ciudadanía, reafirmando el compromiso del Ministerio Público de llevar estos casos hasta las últimas consecuencias”.
El expediente acusatorio establece la existencia de 426 víctimas, que resultaron afectadas por la organización, y está sustentado en más de 1,660 elementos de prueba, que incluyen evidencias documentales, materiales, periciales, ilustrativas y audiovisuales, las cuales describen el funcionamiento interno de la estructura, el flujo del dinero ilícito y la participación de cada uno de los imputados.
Actualmente, el proceso se encuentra a la espera de que sea designado el Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de La Romana competente, a los fines de que se proceda a la fijación de la audiencia preliminar, etapa en la que el tribunal evaluará la acusación y las pruebas presentadas por el Ministerio Público para decidir sobre la apertura a juicio.
El Ministerio Público indicó que las investigaciones continúan en curso, con el objetivo de identificar y someter a la acción de la justicia a otras personas vinculadas a la red criminal, en procura de una respuesta integral frente a los hechos y de garantizar la reparación de las víctimas afectadas por el esquema fraudulento.
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