La titular de la Pepca entiende que el sistema de justicia tiene que usar las herramientas del Código Procesal Penal y avanzar, porque toda la sociedad necesita una solución de los procesos
SANTO DOMINGO, RD.- La procuradora de corte Mirna Ortiz calificó de legítimo la preocupación externada por Participación Ciudadana (PC) frente al retraso que tienen en los tribunales los grandes casos de corrupción administrativa y consideró que los tribunales tienen que usar las herramientas del Código Procesal Penal y avanzar, porque toda la sociedad necesita una solución de los procesos.
“Desde nuestra perspectiva, lo que Participación Ciudadana tiene es un cuestionamiento legítimo al retraso que ha tenido este tribunal en sede judicial”, dijo la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), al responder preguntas de la prensa durante un receso de la audiencia del caso que se conoce en el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.
Participación Ciudadana, en su informe de seguimiento a los casos de corrupción en el sector público que se conocen en los tribunales, presentó esta semana su octavo informe dedicado exclusivamente al caso de Jean Alain Rodríguez y compartes.
El movimiento cívico recordó que las medidas de coerción contra los imputados del citado proceso fueron dictadas el 14 de julio del 2021. “Cerca de dos años se tomó el juicio preliminar que requirió 95 audiencias. El inicio del juicio de fondo fue convocado para el 23 de septiembre del 2024 y en estos momentos, 18 meses después, ha sido reenviado en 22 ocasiones, en las que solo se han discutido los incidentes presentados por los imputados, en contradicción con lo que dispone el artículo 305 del Código Procesal Penal”, indica el informe en el que advierte al sistema de justicia sobre el peligro para la lucha contra la impunidad que implica de la dilación en conocer y decidir el fondo.
Al responder a los periodistas que le preguntaron sobre el informe, Mirna Ortiz sostuvo que las defensas de los procesados temen enfrentarse a las pruebas. “No es un secreto para nadie que ya este tribunal tiene bastante tiempo, que llevamos meses tratando de iniciar el conocimiento de la audiencia y apenas vamos por la fase de incidentes, porque los imputados se han empeñado en retardar el proceso de manera continua”, dijo.
Detalló que las defensas continúan presentando incidentes que a todas luces son inadmisibles porque fueron presentados y fallados en la audiencia preliminar.
Dijo que fueron rechazados por el juez de la audiencia preliminar y que el Código Procesal Penal prohíbe ese tipo de acciones. “Porque no tendría sentido, entonces, tener una audiencia preliminar que decida sobre ciertos temas, si vamos a volver a debatirlos nueva vez en la sala de audiencias”, señaló.
“Entendemos que el sistema de justicia tiene que tomarles la temperatura a los procesos; tiene que tomar de la mano las herramientas que el nuevo Código Procesal Penal les da y avanzar definitivamente con los casos porque el pueblo necesita una solución de los procesos”, subrayó.
Ortiz explicó que existe una razonabilidad en los términos de plazos, al expresar “todos queremos una solución definitiva de este proceso”.
Sobre los incidentes en el tribunal, expresó: “no podríamos decir que sería una falta. A mi juicio el tribunal ha pecado de garantista en extremo. Eso es lo que podríamos decir”. “Estos incidentes pudieron perfectamente haberse resuelto en el despacho de la jueza presidenta y no tener que alargar tantas audiencias por tanto tiempo o haber limitado el tiempo de los abogados en exposición y en el uso de la palabra”, dijo.
Dijo que aún quedan varias defensas por exponer y que día tras día siguen con las mismas dilaciones.
Con relación a la extinción del caso, dijo que no podrá venir sobre ninguna manera. “Lo único que a ellos les queda es jugar al tiempo para ver si por la divinidad o por arte de magia sucediera algo”, manifestó.
“Vamos a enfrentarnos a las pruebas”, dijo, tras señalar que las defensas siempre les han rehuido a enfrentarse a las pruebas, los testigos, y los documentos.
“Vamos de una vez y por todas a enfrentarnos a las pruebas y a tener la decisión que este caso amerita, que definitivamente tendrán sentencias condenatorias”, insistió, al manifestar su confianza de que obtendrán condenas contra los procesados.
El equipo litigante en la audiencia está representado por la procuradora de corte Mirna Ortiz y los fiscales Emmanuel Ramírez y Rosa Alba García.
Las juezas Claribel Nivar, Yissell Soto y Clara Castillo recesaron el juicio hasta el próximo lunes 20 de abril, a las 9:00 de la mañana.
El proceso por corrupción
Al ex procurador general Jean Alain Rodríguez Sánchez se le atribuye dirigir el entramado de corrupción cuando estuvo al frente de la Procuraduría General de la República en el período del 2016 al 2020.
El expediente establece que Rodríguez Sánchez malversó más de RD$6,000 millones mediante procesos fraudulentos entre 2016 y 2020, años en que se desempeñó como procurador general de la República.
Además de Rodríguez Sánchez, figuran en el expediente: Jhonatan Loander Medina Reyes, Alfredo Alexander Solano Augusto, Jhonatan Joel Rodríguez Imbert, Javier Alejandro Forteza Ibarra, Rafael Antonio Mercedes Marte, Miguel José Moya y Braulio Michael Batista Barias.
También, Alejandro Martín Rosa Llanes, Ramón Lucrecio Burgos, Isis Tapia, Félix Antonio Rosario Labrada, Francis Ramírez Moreno, Rolando Rafael Sebelén Torres, César Nicolás Rizik Pimentel y José Luis Liriano Adames.
Jean Alain Rodríguez Sánchez y los demás procesados enfrentan cargos por corrupción, incluyendo soborno, desfalco, estafa contra el Estado y lavado de activos.
El grupo fue sometido a la justicia en el mes de julio del año 2021.
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