Los conceptos emitidos en este artículo son de exclusiva responsabilidad de su autor
Por Freddy González
Ser demócrata no es una pose, ni un atuendo desechable; es un accionar por convicción, un apego a principios y una ética democrática, que respeta el derecho de los demás a disentir y que garantiza su participación en condición de igualdad.
La Constitución del 2010 dio rango constitucional a las organizaciones políticas del país.
En el artículo 216, de nuestro ordenamiento jurídico establece: » La organización de partidos, agrupaciones y movimientos políticos es libre, con sujeción a los principios establecidos en esta Constitución».
Su conformación y funcionamiento deben sustentarse en el respeto a la democracia interna y a la transparencia, de conformidad con la ley.
Sus fines esenciales son:
Garantizar la participación de ciudadanos y ciudadanas en los procesos políticos que contribuyan al fortalecimiento de la democracia;
Contribuir, en igualdad de condiciones, a la formación y manifestación de la voluntad ciudadana, respetando el pluralismo político mediante la propuesta de candidaturas a los cargos de elección popular;
Servir al interés nacional, al bienestar colectivo y al desarrollo integral de la sociedad dominicana.
Es cierto que los partidos son entidades privadas, pero desempeñan una función pública regulada por la Ley 33/18 sobre Partidos, Agrupaciones, Movimientos y como lo establece la motivación fundamental para su incorporación como ente constitucional, es garantizar la democracia interna y la transparencia de sus actuaciones regulada por las leyes.
Contrariando el espíritu de nuestro ordenamiento jurídico y las leyes específicas sobre la materia, nuestras organizaciones políticas en sus diversas categorías actúan de espalda a las mismas.
La violación al primer derecho de la ciudadanía a elegir y ser elegido mediante el voto personal, libre, secreto y directo, como la establece el artículo 208 de nuestro ordenamiento; es una constante en las entidades políticas del país, bajo la engañifa de que los estatutos internos se lo permiten, olvidando que la Constitución está por encima de las leyes, las ordenanzas, los decretos y ordenamientos de cualquier institución pública o privada.
Ese ejercicio de democracia interna ha sido sustituido por repartición de cargos entre los grupos hegemónicos que interactúan en los mismos o mediante la modalidad asambleas de delegados que cercenan el derecho de participación al conjunto de sus afiliados.
Con el secuestro al ejercicio democrático en sus propios senos, la llamada soberanía de las bases establecida en los estatutos de nuestras organizaciones, son piezas ornamentales colocadas para no colegir con el ordenamiento jurídico del país.
La renovación de su estructura dirigencial cada cuatro años como lo establece el artículo 18 de la Ley 33/18 sobre Partidos, Agrupaciones y Movimientos, así como la escogencia de las candidaturas de elección popular, mediante procesos democráticos es una caricatura donde la repartición sustituyó la competencia, y el consenso la convención.
Esta inversión de valores y principios en nuestras organizaciones políticas donde la convención es la excepción y el consenso la regla, es lo que ha llevado a nuestro sistema de partido de un estado de pronóstico reservado a cuidado intensivo.
Esta situación ha tomado mayor profundidad a raíz de las muertes de los tres grandes líderes del país de la segunda mitad del siglo XX y la primera década del presente siglo: El Dr. José Francisco Peña Gómez del otrora PRD, el Profesor Juan Bosch del PLD y el Dr. Joaquín Balaguer del PRSC, partidos de los cuales han surgido diversas organizaciones siendo las principales el PRM y la Fuerza de Pueblo (FP) y que han gobernado los últimos 70 años y 7 meses.
Es innegable que en este lapso el país ha mantenido su estabilidad, el crecimiento, la movilidad social y reducido tímidamente la línea de pobreza y la desigualdad.
Tenemos una descolorida democracia producto en gran medida a la lucha y al sacrificio de una generación que después de la posguerra ofrendó su vida para evitar la vuelta al Trujillismo, sin Trujillo.
Pero esos avances en el camino de la consolidación de la democracia en el país, no se reflejan hacia lo interno de nuestras organizaciones políticas, entidades llamadas a velar por el establecimiento, sostenimiento y ampliación de las conquistas democráticas del país.
Como lo establece el ya mencionado artículo 216 de nuestra Carta Magna.
Nuestras organizaciones políticas están peor que medio siglo atrás.
La desaparición física de esos líderes en un intervalo de 4 años, dejó a sus partidos sin líderes reales, en manos de dueños circunstanciales que obedecen a intereses corporativos o a entes individuales, borrando las diferencias políticas e ideológicas entre las mismas.
Hoy todos parecen iguales, solo se distinguen por colores y los símbolos.
Unos son Azules, otros Morados, hay Verdes, Rojos, Blancos, Amarillos, etc. etc. pero en esencia hacen, dicen y se comportan de igual manera.
Nuestro sistema de partidos camina aceleradamente al colapso y con ello la democracia misma. Porque democracia y partidos son consustanciales y donde no hay partidos sólidos, la democracia es un simulacro, una caricatura que no beneficia a las grandes mayorías del pueblo.
Es el gran reto de nuestras organizaciones políticas, no se puede ser demócrata de palabra, impidiendo su ejercicio en el seno de las mismas, es imposible creer en quienes se dicen abanderados de la democracia cuando, la vulneran, la cercenan y no la practican a lo interno de sus organizaciones.
La democracia sólo se fortalece con más democracia. Toda práctica que cercene la participación del pueblo en la escogencia de sus autoridades, lo mismo que a lo interno de las organizaciones políticas, es dañina y perjudicial que debe ser erradicada por el bien de nuestro sistema de partidos, porque no hay democracia sin demócratas.
Que sepan todas nuestras organizaciones políticas, en particular el PRM, organización en la que estoy afiliado, que la práctica de conculcar el derecho que tienen sus bases de escoger sus autoridades, sustituyendo la convención por el consenso, es un camino equivocado que hace más mal que bien, que socava la unidad necesaria; garantía imprescindible para el mantenimiento en el poder.
No contribuyamos al descrédito que ya tienen nuestras organizaciones políticas, lo que ha venido ensanchado la franja de los indecisos e independientes, poniendo un alto a esta práctica dañina.
Que la Convención sea la Regla y el Consenso la Excepción, como forma de fortalecer el ejercicio democrático hacia el interior de nuestras organizaciones políticas.
About Author
