Los eurodiputados han avalado el texto, al que España se opuso desde su concepción, con 418 votos a favor, 218 en contra y 30 abstenciones
La Eurocámara ha vivido este miércoles una de sus jornadas más tensas y determinantes de esta legislatura con la aprobación de un nuevo reglamento que posibilita la puesta en marcha de los polémicos centros de deportación para ciudadanos extracomunitarios sin permiso de residencia. Entre vítores de las bancadas de derecha y gritos de «vergüenza» procedentes de los partidos de izquierda, el Parlamento Europeo ha aprobado el texto con una mayoría de 418 votos a favor frente a 218 en contra.
La reforma, que llega tras años de negociaciones, busca sustituir un marco normativo que muchos consideran insuficiente y obsoleto. Ha contado con el respaldo mayoritario de la extrema derecha y del Partido Popular Europeo, mientras que los socialdemócratas, la Izquierda y los Verdes la han rechazado de forma casi unánime. En una misiva dirigida a los líderes europeos en vísperas de la cumbre del Consejo, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, defendió este nuevo sistema como «predecible, coherente y digno para la gestión de la migración y la protección de las fronteras en todos los Estados miembros».
«Orden Europea de Retorno»
El núcleo de la normativa introduce una serie de condiciones estrictas para los migrantes en situación irregular. Una vez dictada una orden de retorno, los afectados dispondrán, por lo general, de un plazo de hasta 30 días para abandonar el territorio de manera voluntaria. Para evitar que las personas migrantes esquiven la expulsión desplazándose a otros países del bloque, se ha creado la llamada ‘Orden Europea de Retorno’, que será registrada en el sistema de información de Schengen para que cualquier Estado miembro pueda ejecutarla sin necesidad de iniciar trámites burocráticos.
Uno de los puntos que más enfrentamientos ha provocado es la ampliación de los poderes de detención. Las autoridades nacionales podrán ahora retener a los migrantes hasta por un periodo de 24 meses, prorrogables a otros seis en casos específicos de falta de cooperación o riesgo de fuga. Además, se han concedido competencias de investigación sin precedentes: previa autorización administrativa o judicial, los agentes podrán registrar viviendas y locales, e incluso incautar dispositivos electrónicos y efectos personales para asegurar la identificación y el proceso de expulsión.
Pero sin duda la pieza más polémica ha sido la creación de los ‘centros de retorno’ situados fuera de las fronteras de la Unión. Bajo este mecanismo, los países miembros podrán trasladar a migrantes con órdenes de expulsión a instalaciones en terceros países mediante acuerdos bilaterales. Estos centros podrían desempeñar un doble papel: como espacios temporales para quienes esperan su repatriación o como lugares de larga estancia para migrantes cuya salida no esté asegurada. La medida se aplica incluso a familias con hijos menores.
Los gobiernos deciden
Países como Grecia, Dinamarca, Austria y los Países Bajos ya han mostrado su intención de poner en marcha estas estructuras, con el objetivo de que sean operativas para el próximo año. El comisario europeo de Migración, Magnus Brunner, defendió esta medida alegando que debe quedar claro que son los gobiernos, y no las mafias de traficantes, quienes deciden quién permanece en suelo europeo.
La celebración de los sectores conservadores choca con la alarma de las organizaciones de derechos humanos y representantes religiosos. Human Rights Watch ha comparado estos centros externos con «agujeros negros legales» situados en países donde no se respetan los derechos humanos. Desde Cáritas, se ha criticado que con estas medidas se corre el riesgo de criminalizar a los migrantes y alimentar la polarización social, mientras que la Comisión de las Conferencias Episcopales de la UE (COMECE) ha advertido que la migración no puede reducirse a meras estadísticas o procedimientos de control de fronteras, y que la dignidad humana debe prevalecer en cada decisión política.
El reglamento de retornos viene a completar el marco migratorio de la UE tras la plena entrada en vigor, el pasado viernes, del Pacto de Asilo y Migración. Tras el visto bueno del Parlamento, el siguiente y último paso ahora es la ratificación formal por parte del Consejo de la UE, es decir, de los Estados miembros. Se espera un consenso mayoritario con una excepción: España ha sido el país que más firmemente se ha opuesto a esta medida al cuestionar las garantías de respeto a los derechos fundamentales.
Mientras que algunas disposiciones sobre menores y centros externos se aplicarán de forma inmediata, los Estados dispondrán de un margen de doce meses para adaptar sus sistemas administrativos a la nueva realidad de la migración en Europa.
Fuente: La Razón
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