Tres juristas ajenos al Gobierno coincidieron hoy en negar legalidad a un proyecto parlamentario que busca apartar al presidente de Perú, Pedro Castillo, del cargo mediante una suspensión por un año, tras fracasar otros intentos de destituirlo.
Los expertos constitucionalistas Omar Cairo, Carlos Caro y Aníbal Quiroga coincidieron en que la suspensión planteada no se ajusta a los casos en los que, según el artículo constitucional sobre el tema, un jefe de Estado puede ser suspendido temporalmente.
La moción elaborada por el congresista conservador Esdras Medina, cobró fuerza tras una nueva crisis ministerial que puede repetirse con similares características, puede llevar a la disolución del parlamento, lo que es materia de un diferendo político-jurídico.
El abogado Cairo señaló que Castillo no puede ser suspendido temporalmente porque no es reo en un juicio ante la Corte Suprema, ni sufre de una enfermedad u otro problema físico que le impida ejercer la presidencia, únicas causales de la medida.
Según la moción proyectada, la suspensión es necesaria para que Castillo afronte las investigaciones por corrupción de las que es objeto, pero Cairo señaló que ese procedimiento se encuentra en una etapa preliminar, muy anterior al eventual juicio en la Corte Suprema.
Similares criterios plantearon los constitucionalista Carlos Caro y Aníbal Quiroga y el primero puso énfasis en el hecho que las pesquisas del Ministerio Público sobre las denuncias contra Castillo no corresponden a un juicio en firme en la Corte Suprema.
La moción, según Quiroga, carece de sustento constitucional, pues Castillo no sufre ninguna limitación de salud ni otro impedimento físico, por lo que no bastan solo los votos para suspenderlo, como ocurre en el caso de la vacancia del cargo por permanente incapacidad moral.
La modalidad de la vacancia ha fracasado dos veces por no alcanzar los dos tercios de votos del total de parlamentarios que se requieren para su aprobación.
Además, una controvertida denuncia por supuesta traición a la Patria, que pretendía inhabilitar a Castillo por cinco años, fue rechazada por el Tribunal Constitucional por carecer de fundamento.
El proponente Medina afirmó que su moción cuenta ya con las firmas de más de las 26 requeridas para su presentación, aunque carece del apoyo de bancadas opositoras como Fuerza Popular (FP) y Renovación Popular (RP), entre otras.
El congresista de derecha extrema Jorge Montoya, de RP, desestimó la moción al comentar que “no va a funcionar porque la suspensión no puede ser temporal por asuntos de incapacidad moral”.
Medina dijo que está coordinando su moción con el grupo también derechista Avanza País, al que pertenece el legislador Cavero, quien planteó la posibilidad de modificar los requisitos de la suspensión temporal para aplicarla a Castillo, modalidad jurídicamente cuestionada por afectar una norma constitucional.
Fuente: Prensa Latina
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