SANTO DOMINGO .- Al acoger la solicitud del Ministerio Público, una jueza de Santiago ratificó la prisión preventiva a Héctor Antonio Lora Cruceta, principal imputado de la estructura que abusó del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer para enriquecerse con maniobras fraudulentas que afectaron al Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC), así como a pacientes afectados por el cáncer y al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
A Lora Cruceta, expresidente del Consejo de la asociación sin fines de lucro (ASFL) Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y miembro de la junta directiva del IORC, le fueron impuestos el pasado mes de junio 18 meses de prisión preventiva que fueron confirmados este martes durante la revisión obligatoria de la medida de coerción.
La misma medida le fue impuesta a su esposa Luisa Yasiris Guzmán, presidenta de la fundación Tócate RD-Casa de Acogida, mientras que su exesposa Dilcia Isabel Vargas Sánchez cumple arresto domiciliario.
Lora Cruceta y Guzmán cumplen la prisión preventiva en los centros de corrección y rehabilitación (CCR) de Rafey Hombres y Mujeres, de Santiago.
En el caso de Luisa Yasiris Guzmán, a quien la Corte de Apelación de Santiago le ratificó este mes la medida de coerción a petición del Ministerio Público, se conocerá la revisión obligatoria el próximo 2 de diciembre.
La decisión fue adoptada porque el tribunal de apelación conoció el recurso el pasado 2 de septiembre, por tanto con ella se reinició el reconteo para su revisión desde ese día hasta 3 meses.
Mientras que Vargas Sánchez, quien permanece bajo arresto domiciliario, renunció a su revisión, por tanto, permanece con esa medida.
Vargas Sánchez, exesposa de Lora Cruceta, se divorció del imputado en 2014 y ocupó la vicepresidencia, y, a la vez, fungió como auditora interna y externa del patronato que administra al Instituto Oncológico Regional del Cibao cuando el imputado era presidente de la citada ASFL.
El procurador de corte adscrito a la Dirección General de Persecución, Eduardo Velázquez, y la fiscal de Santiago Heidys de León, integraron el equipo litigante que representó al Ministerio Público en la audiencia donde fue ratificada la medida.
La jueza Yerixa Cabral de la Cruz, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, acogió el pedimento del Ministerio Público y decidió mantener la medida de coerción en virtud de que no han variado los presupuestos que se tomaron en cuenta para su imposición.
La estructura utilizó distintos mecanismos fraudulentos
Los imputados y las razones sociales Vargas Lora & Asociados (hoy Vargas Guzmán Accounting Center) y la Fundación Tócate RD-Casa de Acogida sustrajeron los fondos mediante distintos mecanismos fraudulentos.
La investigación realizada del órgano persecutor aborda hechos delictivos como el fraude clínico y farmacéutico mediante el cambio de indicaciones médicas, uso de sellos médicos falsos, doble facturación al SeNaSa y la entrega incompleta de medicamentos.
Además, la prohibición de donaciones gratuitas de medicamentos, la venta de medicamentos donados, el contrabando con exoneraciones fiscales y el tráfico con sustancias controladas.
Asimismo, la utilización de habitaciones del oncológico para realizar cirugías estéticas, el gasto de representación ilegítimos y reembolsos fraudulentos de gastos en viajes y hoteles, así como sabotaje digital, robo de archivos y lavado de activos.
Según la investigación, los procesados sobornaron a distribuidoras de medicamentos, crearon la fundación Tócate, con la cual distraían fondos y cobraban al SeNaSa por servicios y medicamentos no suministrados a pacientes del Oncológico de Santiago.
Otro de los mecanismos para distracción de fondos del Patronato, según el órgano investigador, fue la autoasignación de salarios, viáticos y otros beneficios que no corresponden al personal que labora en este tipo de entidades.
El caso, que continúa en investigación, fue declarado de tramitación compleja.
Otros procesados
El Ministerio Público recordó que el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso la noche del domingo prisión preventiva y domiciliaria, así como garantías económicas a 24 de los arrestados tras la puesta en marcha de la Operación Cobra 2.0-A contra los imputados de sustraer fondos públicos aprovechándose del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
La prisión preventiva fue impuesta a Angeury Guzmán, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova, Wander Díaz y Juan Henry Poueriet, quienes deberán cumplirla en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras, del municipio San Antonio de Guerra.
También, a Ysabel Heredia Vallejo, Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez y Laura Altagracia Santana Evangelista, quienes deberán cumplir la medida de coerción en el CCR Najayo Mujeres, por 18 meses.
La revisión obligatoria de la medida de coerción fue fijada para el 22 de diciembre del año 2026.
El arresto domiciliario se impuso a los imputados Heidy Coronado, Lucreisy Polanco Núñez, Einstein Rafael Borromé Valdez, Carlos Job Ynoa Olivero, Engels Federico Díaz Mendoza, Rafael Mauricio Cabral González, Marcelino Eusebio Figuereo, Víctor Felipe Rodríguez García y Ray Ernesto Mercedes Lugo.
Además, fue impuesta una garantía económica de 2 millones de pesos, a través de compañía aseguradora, impedimento de salida y arresto domiciliario contra Luz Esther Reyes Durán de Ramírez, Edwin Alberto Batista Cruz, Griselda Altagracia Basora Ramírez, Keila Beatriz Acosta Leonardo y Juan Gabriel Rodríguez Ravelo.
En tanto que a Martha María Saldaña Saldaña le fue impuesta una garantía económica de tres millones de pesos a través de una compañía aseguradora, impedimento de salida del país y arresto domiciliario.
Igualmente, una garantía económica de un millón de pesos a través de una compañía, impedimento de salida y presentación periódica fueron impuestas a José Díaz Hernández, Guillermo Enrique Dicló Garabito y Yocaira Antonia Méndez Beltré.
La judicialización inició el pasado año
En una de las líneas de investigación de la Operación Cobra, el Ministerio Público arrestó el pasado año a Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, exdirector del SeNaSa, así como a los coimputados Gustavo Enrique Messina Cruz, Francisco Iván Minaya Pérez, Germán Rafael Robles Quiñones, Rafael Luis Martínez Hazim, Ramón Alan Speakler Mateo, Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo, Eduardo Read Estrella y Ángel Luis Guzmán Vásquez.
Con la judicialización de los imputados el Ministerio Público procura sanciones penales y el decomiso de miles de millones de pesos sustraídos al Estado dominicano.
Al grupo, que cumple distintas medidas de coerción, se le imputan cargos de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de soborno, estafa contra el Estado dominicano, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.
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