El anuncio llega después de meses de roces y disputas entre la administración de Donald Trump y el gobierno de Cyril Ramaphosa por los agricultores afrikaners
Estados Unidos ha vuelto a endurecer su pulso con Sudáfrica. Fue el secretario de Estado, Marco Rubio, quien anunció esta semana nuevas restricciones de visado para ciudadanos sudafricanos a quienes se responsabiliza de ciertas políticas de la nación arcoiris. La medida se dirige en contra quienes se consideran implicados en la expropiación de tierras sin compensación, en políticas de discriminación racial contra sudafricanos blancos o en la incitación a la violencia contra minorías. Washington no ha hecho públicos los nombres de los afectados.
El anuncio llega después de meses de roces y disputas entre la administración de Donald Trump y el gobierno de Cyril Ramaphosa. La cuestión de los agricultores afrikaners se ha convertido en uno de los principales puntos de fricción, aunque la disputa entre ambos países abarca también el comercio, la política exterior sudafricana, Israel y la posición de Pretoria dentro de los BRICS.
Carlos Pollán se reúne con Intetum y explora el uso de las nuevas tecnologías para avanzar en la desregulación y simplificación administrativaCarlos Pollán se reúne con Intetum y explora el uso de las nuevas tecnologías para avanzar en la desregulación y simplificación administrativa
Expropiación de tierras
La primera acusación de Rubio tiene que ver con la expropiación de tierras a sudafricanos blancos. Sudáfrica aprobó en 2024 una nueva ley de expropiación, destinada a sustituir la legislación anterior sobre esta materia. La nueva norma permite ahora al Estado adquirir propiedades por razones de interés público y establece que la compensación debe determinarse de acuerdo con las circunstancias de cada caso. También contempla determinados supuestos en los que puede no haber compensación. Estos casos aplican en terrenos abandonados, propiedades que no están siendo utilizadas y, en ocasiones, afectan también a las propiedades cuyo valor está relacionado con inversiones o ayudas públicas. La posibilidad de expropiaciones sin compensaciones económicas existe en Sudáfrica, pero cabe un matiz importante: la ley no establece un régimen específico para las tierras pertenecientes a blancos, ni identifica a los agricultores blancos como grupo concreto susceptible a la expropiación. La ley es igual para todos.
Aunque existe una dimensión histórica considerable. Durante el apartheid, millones de sudafricanos negros fueron expulsados de sus tierras y se estableció un sistema de propiedad profundamente desigual. Tres décadas después del final del régimen, la redistribución de la tierra continúa siendo uno de los asuntos más controvertidos del país y sigue abierto el debate de qué tierras pertenecen legítimamente a los blancos… y cuales entran en el marco de las que fueron robadas con la ayuda del sistema anterior.
Discriminación racial
El segundo argumento de Estados Unidos para aplicar las sanciones se refiere a la discriminación racial. Si su postura en lo referente a la expropiación de tierras es debatible, en este caso puede comprenderse mejor la acción de Rubio. Porque la utilización de la raza en la legislación sudafricana sí que es explícita. Las políticas de affirmative action y employment equity pretenden aumentar la presencia de grupos considerados «históricamente desfavorecidos» y utilizan para ello categorías raciales que levantan algunas cejas. En 2025, por ejemplo, entró en vigor una nueva normativa que contempla categorías como africanos, coloureds e indios, además de mujeres y personas con discapacidad. Los objetivos que se pretenden buscan modificar la composición racial de determinadas profesiones y forman parte de lo que se supone una política de transformación económica y laboral del Gobierno, donde los últimos de la cola son los hombres blancos sin discapacidad.
El sistema tiene defensores y detractores dentro de la propia Sudáfrica. Para el Gobierno, se trata de una continuación de las políticas destinadas a corregir las desigualdades producidas por el apartheid. Para sus críticos, el criterio racial termina produciendo una nueva forma de discriminación contra quienes no pertenecen a los grupos beneficiarios. El debate ha llegado a los tribunales, de hecho, y el caso continúa abierto.
El tercer elemento citado por Rubio es la incitación de la violencia contra minorías raciales. Quizás sea este el caso más delicado, y su protagonista tiene nombre propio. Se trata de Julius Malema, dirigente del Economic Freedom Fighters (EFF), quien ha protagonizado durante años algunas de las declaraciones más controvertidas contra los blancos sudafricanos. Una de ellas sería el uso de la canción Dubula Ibhunu, conocida como «Shoot the Boer» (dispara al bóer). Es cierto que un tribunal sudafricano determinó en 2022 que esta canción suponía un discurso de odio, pero sencillamente ordenó que dejara de utilizarse en determinadas ocasiones.
Ahora bien, Malema no pertenece al Gobierno. Su partido obtuvo el 9,52 % de los votos en las elecciones de 2024 y 39 de los 400 escaños de la Asamblea Nacional. Además, Malema ha vuelto a ocupar titulares este año por un nuevo escándalo. Fue en abril cuando se le condenó a cinco años de prisión por delitos relacionados con armas de fuego, después de disparar un rifle al aire durante un acto político celebrado en 2018. Aunque esta sentencia no está relacionada con sus declaraciones contra los afrikaners y el polémico político permanece en libertad mientras recurre, esto sirve de prueba para mostrar que el sistema sudafricano, blanco o negro, mantiene una actitud firme respecto a las continuas provocaciones de Malema.
Cuando se habla de violencia, en realidad, el elemento más utilizado en la disputa tiene que ver (otra vez) con las explotaciones agrícolas. AfriForum, una organización que defiende los intereses de la comunidad blanca sudafricana registró en 2025 hasta 29 asesinatos en granjas. El año anterior había contabilizado 37. Las cifras son reales dentro de la metodología utilizada por la organización, pero requiere cierta precisión. Que el asesinado haya sido un agricultor no significa necesariamente que la víctima sea un agricultor blanco. Incluye asesinatos cometidos en explotaciones agrícolas y comunidades rurales, sí, pero las víctimas pueden ser propietarios, trabajadores, familiares o residentes. Blancos o negros.
Los propios datos policiales muestran esta diferencia fundamental. Entre enero y marzo de 2025, la policía registró seis asesinatos en comunidades agrícolas: dos agricultores, tres trabajadores y un residente. Cinco de las víctimas eran negras y una era blanca.
Por otro lado, para determinar que un asesinato tiene una motivación racial hacen falta elementos adicionales: declaraciones de los autores, pruebas recogidas durante la investigación o conclusiones policiales y judiciales. Los 29 asesinatos registrados por AfriForum, por tanto, no constituyen por sí solos una estadística sobre asesinatos raciales de agricultores blancos. Son una estadística sobre homicidios cometidos en el entorno agrícola con independencia del color de piel.
La cuestión racial tampoco podría separarse de la violencia que afecta a Sudáfrica a nivel general. El país africano registra decenas de miles de homicidios cada año y las víctimas pertenecen mayoritariamente (en número y proporción) a su población negra, que representa más del 80 % de la población nacional. Esto no elimina la violencia que pueda producirse en las explotaciones agrícolas contra agricultores blancos, sin duda, pero hace repensar si estos asesinatos son un tipo de persecución racial o la inevitable realidad de un país marcado por la violencia.
La incógnita que surge tras el anuncio de las nuevas sanciones es quién será incluido finalmente en las restricciones y con qué argumentos. ¿Malema? ¿Miembros del gobierno sudafricano? ¿Empresarios? ¿Grupos de presión? Hasta que Washington publique los nombres, las tres categorías utilizadas por Rubio (tierra, discriminación racial e incitación a la violencia) son toda la justificación disponible en esta nueva ofensiva estadounidense Pretoria. Lo único que queda claro es que las relaciones entre dos países que una vez fueron grandes aliados es hoy, paso a paso, sanción a sanción, cada vez más lejana.
FUENTE: La Razón
Acerca del autor
