El organismo señala a Teherán por crímenes contra la humanidad por la represión de las manifestaciones antigubernamentales
Una comisión de investigación de Naciones Unidas ha afirmado este jueves que hay «motivos razonables» para determinar que Estados Unidos perpetró crímenes de guerra en sendos bombardeos lanzados contra una escuela y un polideportivo en los primeros compases de la ofensiva lanzada en febrero junto a Israel contra Irán.
«Tras los ataques de Estados Unidos e Israel del 28 de febrero, la misión halló motivos razonables para creer que Estados Unidos cometió el crimen de guerra consistente en lanzar ataques indiscriminados que causaron la muerte o lesiones a civiles, o daños a bienes de carácter civil», ha indicado durante la presentación de su informe.
Así, ha especificado que las fuerzas estadounidenses lanzaron ataques con misiles Tomahawk contra la escuela primaria Shajaré Taybé de Minab, un centro escolar «claramente identificable», y otro con misiles con munición de tungsteno contra un polideportivo en Lamerd, igualmente «claramente identificable».
La misión ha señalado que el primero de los ataques, que se saldó con más de 150 muertos, entre ellos 120 menores, alcanzó una escuela «adyacente a un complejo naval de la Guardia Revolucionaria de Irán» ubicada a unos 70 metros de distancia del centro escolar y sobre la que no hay información que apunte a un uso para fines militares en el momento del bombardeo.
En este sentido, ha detallado que el ataque contra la escuela fue parte del bombardeo lanzado contra la citada instalación militar, antes de agregar que «el edificio de la escuela era el punto de impacto previsto y que los daños no fueron consecuencia de un impacto erróneo ni de daños colaterales del ataque contra el complejo adyacente de la Guardia Revolucionaria de Irán»
En el caso del bombardeo contra el polideportivo en Lamerd, que dejó más de una veintena de muertos, ha reseñado que el edificio «está visiblemente separado» de otro complejo de la Guardia Revolucionaria en la zona, al tiempo que ha remarcado que, al igual que en el caso de la escuela de Minab, «no hay información que indique que era usado para fines militares en el momento del ataque».
La misión ha recordado que el Derecho Internacional Humanitario «prohíbe dirigir ataques contra bienes de carácter civil» y «establece la obligación de distinguir entre bienes de carácter civil y objetivos militares», motivo por el que determina que Estados Unidos «incumplió su obligación de hacer todo lo posible por verificar que se trataba de un objetivo militar» en su bombardeo contra la escuela en Minab.
Además, ha hecho hincapié en que Estados Unidos «actuó deliberadamente» en este bombardeo, al tiempo que ha argüido que «el hecho de que Estados Unidos no actualizara la información sobre la escuela en sus bases de datos de objetivos ni verificara que el edificio fuera un objetivo militar antes de lanzar el ataque trascendió la mera negligencia». «Estados Unidos dirigió los ataques contra el edificio de la escuela siendo consciente del riesgo sustancial de impactar contra un bien de carácter civil y actuando con temeridad respecto a la posibilidad de que ello ocurriera», ha criticado, por lo que considera que hay «motivos razonables para creer que Estados Unidos cometieron el crimen de guerra consistente en lanzar un ataque indiscriminado que causó la muerte o lesiones a civiles o daños a bienes de carácter civil».
Por otra parte, ha destacado que en el caso del bombardeo en Lamerd ha llegado a la conclusión de que el mismo «constituyó una acción indiscriminada que vulneró el principio de distinción», especialmente teniendo en cuenta que se usó un misil que «dispersó aproximadamente 180.000 perdigones de tungsteno sobre una amplia superficie», lo que impide cualquier limitación de los efectos del ataque sobre la población.
En consecuencia, el ataque contra Lamerd también constituyó el crimen de guerra consistente en lanzar un ataque indiscriminado que causó la muerte o lesiones a civiles o daños a bienes de carácter civil», ha dicho la misión, que ha subrayado que Washington «actuó con temeridad respecto a la probable magnitud de las muertes o lesiones resultantes».
Crímenes contra la humanidad por las protestas
Por otra parte, la misión de investigación ha señalado que las autoridades iraníes reprimieron las protestas antigubernamentales entre diciembre y febrero de una forma que puede describirse como «un ataque sistemático y generalizado» contra la población civil, por lo que podrían ser categorizados como crímenes contra la humanidad. El informe determina que las acciones de las fuerzas de seguridad supusieron «una escalada sin precedentes respecto a medidas represivas anteriores, caracterizada por el uso generalizado de fuerza letal, que provocó muertes y lesiones masivas, y por detenciones a gran escala».
«La información disponible indica que los asesinatos perpetrados por las fuerzas de seguridad se produjeron a una escala asombrosa y sin precedentes en las 31 provincias», ha dicho, antes de detallar que la capital, Teherán, y las ciudades de Karaj, Mashhad, Isfahán y Rasht registraron el mayor número de víctimas mortales. Así, ha señalado que la investigación ha permitido «detectar un patrón recurrente» en el que «las fuerzas de seguridad utilizaban gases lacrimógenos antes de disparar escopetas cargadas con perdigones metálicos contra manifestantes que no representaban una amenaza inminente».
«Los testimonios directos, los relatos del personal sanitario y los registros médicos, incluidas las pruebas de imagen, confirmaron que los manifestantes sufrieron heridas por perdigones metálicos en los ojos, la cabeza, el pecho y la parte superior del cuerpo, lo que sugiere que las fuerzas de seguridad tenían la intención de maximizar el daño causado por este tipo de munición», ha especificado.
La misión ha puntualizado además que entre las víctimas mortales figuran más de 220 menores y ha añadido que las fuerzas de seguridad lanzaron además ataques contra centros sanitarios, «golpeando y deteniendo a manifestantes heridos y arrestando a personal médico, lo que disuadió a las víctimas de buscar atención vital». Asimismo, ha recordado que las autoridades impusieron el 8 de enero un bloqueo de Internet y telefonía a nacional, una medida que se prorrogó más de cinco meses –también a causa de la ofensiva de Estados Unidos e Israel–, lo que «»impidió ilegalmente la difusión de información y la coordinación de servicios de emergencia».
La investigación resalta también que decenas de miles de personas «fueron privadas de libertad mediante detenciones arbitrarias masivas» y agrega que «los detenidos sufrieron torturas, confinamiento en solitario y denegación de asistencia letrada, mientras que sus familias permanecían sin noticias sobre el paradero de sus seres queridos, en circunstancias que suscitaban temores de desaparición forzada».
Por último, ha resaltado que Irán incrementó posteriormente el número de ejecuciones de manifestantes, con al menos 29 ejecutados entre marzo y agosto de 2026 en relación con las protestas, por lo que ha subrayado que «muchas de estas violaciones graves constituyen crímenes de lesa humanidad, incluidos el asesinato, el encarcelamiento, la tortura y otros actos inhumanos cometidos como parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil».
FUENTE: La Razón
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