SANTO DOMINGO (República Dominicana).-La jueza Eveling Rodríguez, de la Cuarta Sala Penal del Distrito Nacional, aplazó para el próximo 25 de abril el conocimiento del juicio contra Natanael Javier y Starling Ramírez Sierra, acusados de agredir al Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, y a otros dos miembros del organismo, así como a representantes de la prensa, en un hecho ocurrido el año pasado en el Centro de Retención Vehicular conocido como Canódromo El Coco.
El aplazamiento se produjo debido a que los acusados no disponían de representación legal, lo que motivó al tribunal remitir el caso a la Defensoría Pública a los fines de que se les asigne un abogado de oficio y poder continuar con el juicio sin afectar el derecho de defensa de los procesados.
Ambos acusados son miembros de la Policía Nacional, adscritos a la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), a quienes el Ministerio Público le atribuye violar el artículo 309 del Código Penal Dominicano, sobre golpes y heridas, que contempla penas de seis meses a dos años de prisión.
La acusación presentada por el Ministerio Público, sustentada por la fiscal litigante Yudelkis Utate, sostiene que los imputados agredieron a las víctimas de manera física y verbal, cuando una comisión encabezada por el Defensor del Pueblo acudió al lugar y se dirigía al despacho de la responsable del Centro de Retención Vehicular Canódromo, de la Digesett.
El incidente se registró el 12 de abril de 2022, cuando Ulloa y varios de sus ayudantes en compañía de miembros de la prensa de diversos medios de comunicación, se disponían a realizar una inspección en el Canódromo tras diversas denuncias de irregularidades en torno a la incautación de vehículos.
En el proceso el juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Raymundo Mejía, dictó apertura a juicio en contra de Javier y Ramírez Sierra, en tanto que emitió un auto de no ha lugar en beneficio de la coronela Ysabelita de los Santos y Geraldina de los Santos Peña.
El juez también dispuso la libertad de Marisol Vargas, Rony Recio y Carlos Oliver Paulino, y ordenó el cese de la medida de coerción que pesaba en su contra.
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