SANTO DOMINGO, RD.- A solicitud del Ministerio Público, un tribunal del Distrito Nacional impuso tres meses de prisión preventiva, como medida de coerción, contra un hombre imputado por el feminicidio de su pareja, ocurrido en el sector San Carlos, del Distrito Nacional, el pasado 6 de septiembre.
La decisión fue adoptada por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional contra Wirme Manuel Geraldo, imputado por la muerte de Yanely Yohanna Soto.
Geraldo deberá cumplir la medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras, del municipio San Antonio de Guerra, de la provincia Santo Domingo.
De acuerdo con la investigación, realizada por la procuradora fiscal Topacio Suero Sierra, adscrita al Departamento de Crímenes y Delitos contra la Persona (Homicidios) de la Fiscalía del Distrito Nacional, el hecho ocurrió alrededor de las 8:00 de la noche, en una banca de lotería, donde laboraba la víctima.
El expediente establece que el imputado se presentó al establecimiento y esperó hasta que la mujer concluyera su jornada laboral. Posteriormente, la agredió con un objeto contuso y emprendió la huida, dejándola gravemente herida dentro del local.
Las investigaciones indican que, al día siguiente, una compañera de trabajo de la víctima acudió al establecimiento tras percatarse de que esta no había realizado los reportes habituales al sistema. Al ingresar al negocio encontró a la mujer tirada en el suelo y ensangrentada, por lo que alertó al Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1.
La víctima fue trasladada a un centro de salud, donde permaneció varios días ingresada en la unidad de cuidados intensivos. Como consecuencia de las lesiones sufridas, falleció el 12 de septiembre de 2026.
El imputado fue arrestado el 13 de septiembre mediante orden judicial emitida por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional.
El órgano persecutor ha otorgado al caso la calificación jurídica provisional de violación al artículo 93 del nuevo Código Penal Dominicano (Ley núm. 74-25) y solicitó la imposición de prisión preventiva al considerar que existen suficientes elementos de prueba que vinculan al imputado con los hechos investigados, por lo que existe el riesgo de fuga.
El juez Rigoberto Sena fijó la revisión obligatoria de la medida para el 17 de diciembre de 2026.
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