Organizaciones de la sociedad civil critican la irresponsabilidad de partidos políticos e incumplimientos de las autoridades electorales
La Misión de Observación Electoral de Guatemala (MOE-Gt) alertó que la creciente judicialización y numerosas irregularidades del actual proceso electoral de ese país pueden derivar en que este pierda totalmente su integridad y legitimidad.
En un comunicado, el grupo conformado por organizaciones de la sociedad civil aseguró que Guatemala está ante una crisis política. Consideró que esta coyuntura “era evitable y hemos llegado a ella por la irresponsabilidad de partidos políticos que no se apegan a los requerimientos de las leyes y de autoridades electorales que han incumplido con sus obligaciones”.
La MOE-Gt alertó sobre “las consecuencias que tendrá resolver por la vía judicial lo que en un sistema democrático se dirime en elecciones libres, transparentes, plurales y competitivas”. Además, consideró que “coartar estas características destruirá el último puntal que sostiene a nuestra frágil democracia”.
A juicio de esta plataforma, durante el actual proceso electoral se ha acentuado “la disfuncionalidad de los entes encargados de garantizar el Estado de Derecho, defender el ejercicio de las libertades ciudadanas y atender las necesidades que permiten el funcionamiento eficaz y eficiente de la sociedad”.
Mencionó anomalías en las que incurren diferentes instancias del Tribunal Supremo Electoral (TSE), “como errores en las adquisiciones, aplicaciones diferenciadas de criterios para aceptar o denegar candidaturas, deficiencias administrativas que demoran acciones organizativas y decisiones que atentan contra la transparencia y el acceso a información clave en un proceso electoral democrático”.
Según la MOE-Gt, “el Estado de Guatemala se encuentra amenazado por grupos que socavan paulatinamente los fundamentos de la república y de la democracia participativa”.
Asimismo, dejó claro que encontraron “evidencias abundantes de que las instituciones erigidas para defender a la ciudadanía se han constituido en una amenaza para ella” y valoró que todo ello impacta de manera negativa e incrementa la conflictividad social.
Cabe recordar que el TSE impidió la inscripción de los aspirantes del Movimiento de Liberación por los Pueblos (izquierda), Thelma Cabrera y Jordán Rodas, decisión que respaldó la Corte de Constitucionalidad (CC).
Por otro lado, los aspirantes de Podemos, Roberto Arzú García-Grandos y David Pineda, tuvieron que apelar ante la CC y aguardan una respuesta, y a falta de un mes para los comicios (25 de junio) fue suspendido el candidato presidencial Carlos Pineda, de Prosperidad Ciudadana, quien lidera varias encuestas.
Además, se ha denunciado que el actual proceso carece de transparencia informativa y de que el TSE avaló la inscripción de la candidata Zury Ríos Sosa (partido Valor, derecha), hija del exdictador Efraín Ríos Montt, pese a que la Constitución lo prohíbe para familiares de un jefe golpista.
Fuente Telesur
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