La Comisión rechazó un pedido de reconsideración que presentó la legisladora Sigrid Bazán
La Comisión Permanente del Congreso de Perú archivó una denuncia constitucional presentada contra la presidenta designada Dina Boluarte y varios de sus exministros por las muertes ocurridas en las protestas antigubernamentales desarrolladas entre diciembre y marzo pasados.
La decisión fue tomada tras recibir un pronunciamiento previo de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que declaró la denuncia como improcedente “por presuntas infracciones constitucionales”, informó el parlamento.
La Comisión rechazó un pedido de reconsideración que presentó la legisladora Sigrid Bazán, por lo que envió al archivo la denuncia contra Boluarte, el exministro de Defensa y actual primer ministro, Alberto Otárola, su antecesor, Pedro Angulo, y el exministro del Interior, César Cervantes.
Bazán señaló en Twitter, tras conocerse la decisión, que “la Comisión Permanente terminó por sepultar la posibilidad de que este Congreso investigue las muertes de más de 60 peruanos”.
Además, agregó que el Parlamento “aún no conforma la Comisión de Investigación Multipartidaria de los posibles crímenes cometidos por la reciente crisis política y social”.
La decisión de la Comisión Permanente se tomó un día después de que Boluarte fuera interrogada por la fiscal general, Patricia Benavides, como parte de la investigación por la presunta comisión de los delitos de genocidio, homicidio y lesiones graves.
Las protestas estallaron tras la destitución por parte del Legislativo del presidente constitucional Pedro Castillo en diciembre pasado. Estas continuaron en enero con movilizaciones y enfrentamientos con las fuerzas del orden demandando la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso, el adelanto de las elecciones generales y la convocatoria de una asamblea constituyente.
Al menos 49 civiles murieron durante los enfrentamientos, mientras que las manifestaciones dejaron, en total, 77 fallecidos, pues otras personas, entre ellas siete haitianos, perdieron la vida por acciones de protesta como el bloqueo de carreteras.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó en su último informe la violencia empleada por las fuerzas de seguridad durante las manifestaciones en Perú y aseguró que ha encontrado casos de “ejecuciones extrajudiciales”.
Fuente Telesur
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