Ceremonia en Planalto contó con la presencia de gobernadores. Se sanciona decreto que restringe armas
El presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionó, ayer viernes 21, un paquete de medidas de seguridad pública, denominado Programa de Acción de Seguridad (PAS). El paquete, articulado por el Ministerio de Justicia, incluye, entre otras medidas, un nuevo decreto que restringe las armas civiles, nuevas bases policiales en la Amazonía Legal, un proyecto de ley que se enviará al Congreso para combatir los ataques a escuelas y acciones transversales que involucran al Ministerio de Cultura.
En su discurso en el evento de lanzamiento del paquete, realizado en el Palacio del Planalto con la presencia de gobernadores, Lula abordó temas específicos en relación a la violencia y la seguridad pública en Brasil. Uno de los temas fue el número de violaciones en el país, que creció en 2022.
“Es una cosa sumamente grave. La mayor parte pasa en casa. Significa que algo anda mal en nuestra estructura familiar, en nuestra crianza. Es necesario formatear el surgimiento de una nueva sociedad, de un nuevo comportamiento. Seguiremos cuidando la sociedad, con paz y tranquilidad, pero también con mucha seguridad”, dijo.
Restricciones de armas
El ministro de Justicia, Flávio Dino (PSB), celebró la decisión de restringir el acceso a las armas. El texto sancionado prevé restringir el acceso a las municiones, reglamentar el funcionamiento de los clubes de tiro y trasladar la función de fiscalización del registro de armas del Ejército a la Policía Federal.
“Es un decreto reflexivo, equilibrado. Cualquiera que diga que todo brasileño tiene que llevar un arma en la mano es enemigo de la policía. Y este gobierno confía en la policía”, sostuvo. Según el ministro, las nuevas reglas permitirán una mayor fiscalización.
El texto también estipula que algunas armas volverán a ser de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y la policía. Según Dino, se necesitan reglas para prevenir el fraude que favorece a los delincuentes, preservando los derechos de los cazadores y anudadores deportivos.
El Ministro de Justicia también celebró la implementación de 34 nuevas bases policiales en la Amazonía Legal. “Combatir el narcotráfico en la Amazonía es proteger el medio ambiente”, dijo.
‘Normalidad’
Según Lula, el paquete de seguridad pública es uno más de los esfuerzos del gobierno federal para “devolver el país a la normalidad”, una de las notas clave de la campaña electoral de 2022.
“Llevar al país a la normalidad es hacer que las cosas funcionen como tienen que funcionar. La primera de ellas es la armonía entre las entidades federativas. Si queremos establecer una política de seguridad, es necesario encontrar la forma de que los ayuntamientos participen en esto. No es de arriba hacia abajo que se resuelven las cosas”, dijo.
Flávio Dino, estaba en la misma línea: “La seguridad pública es un tema difícil. Tradicionalmente se dice que es algo de lo que los estados son responsables. ¿Y qué vemos? Que necesitamos unidad. No apropiarnos de las competencias estatales, sino ayudar”.
Según Dino, las políticas de seguridad pública deben ser vistas como parte de un programa más amplio, y citó uno de los elementos del paquete sancionado: un anuncio para colectivos culturales periféricos. “En primer lugar: prevención y justicia social. La distribución de la renta y la memoria de las condiciones de vida es la principal política de seguridad pública. “El Estado brasileño tiene que acercarse a las personas que lo necesitan. La cultura es una forma de competir con el mundo del crimen”, señaló.
Lula también criticó la detención de personas que realizan robos de hambre, es decir, de poco valor monetario y para satisfacer necesidades de supervivencia, como alimentos y medicinas: “Estas personas están encarceladas durante meses. Se quedan allí sin nadie que los cuide”.
El presidente no ha rehuido los temas controvertidos que involucran a las fuerzas de seguridad pública, incluida su participación en la política. Lula pidió “más civismo en la policía”, defendiendo que la manifestación política de los miembros de la policía debe tener lugar en las urnas, y no involucrar el ejercicio de sus atribuciones: “Nadie con carrera en el Estado le debe un favor al presidente de la República o al gobernador del estado”. Por otro lado, afirmó que “la sociedad civil necesita aprender a convivir con la policía como defensa propia”.
Fuente Brasil de Fato /Resumen Latinoamericano
About Author
