Justicia. Impusieron 15 años a dos oficiales y 8 años para 16 soldados que integraron las cuadrillas que participaron en la ejecución extrajudicial de 39 comuneros. Tribunal se reservó el fallo contra el exjefe político militar de Ayacucho José Valdivia.
Luego de 35 años de espera, los familiares de los 39 comuneros de Cayara (Ayacucho) ejecutados por efectivos del Ejército empiezan a alcanzar justicia. La Corte Penal Nacional condenó a los integrantes de las dos patrullas militares que participaron en la masacre.
Dos horas y media duró la lectura de la sentencia, que culminó con una condena de 15 años de prisión para Marco Antonio Llontop Jesús, jefe de la patrulla Grass; y Luis Alberto Castañeda Marín, que lideró la patrulla Huayacán; así como 8 años de prisión para 16 soldados que formaron parte de dichos batallones.
Todos ellos fueron condenados por unanimidad como autores directos del delito de homicidio calificado de los comuneros cometido el 14 de mayo de 1988, como parte del plan operativo llamado “Persecución” para “capturar o eliminar” a los terroristas que un día antes atentaron contra un convoy militar en la zona de Erusco, en el que dejaron cuatro efectivos muertos.
Los magistrados concluyeron que los pobladores del distrito de Cayara fueron asesinados por el personal militar de ambas patrullas en el marco de dicho plan operativo, elaborado por el estado mayor de la Segunda División del Ejército, con sede en Huamanga, liderado por el entonces jefe político militar de Ayacucho, José Rolando Valdivia Dueñas, quien fue sindicado como autor mediato de las ejecuciones extrajudiciales.
Sin embargo, no se pronunciaron sobre Valdivia Dueñas por tener la calidad de reo contumaz, y encontrarse prófugo desde diciembre del 2021, cuando fue condenado a 12 años de prisión por su participación en los secuestros de políticos, y el periodista Gustavo Gorriti, durante el autogolpe del 5 de abril de 1992.
La sala también se reservó el fallo sobre otros dos procesados que tenían la calidad de reos contumaces y cinco acusados ausentes, quienes nunca se presentaron al juicio.
Las pruebas
Los magistrados evaluaron los testimonios de los familiares de las víctimas y de los mismos acusados, algunos de los cuales confirmaron las muertes.
El primero en ser ejecutado por Máximo Asto Palomino, a quien los militares encontraron en la entrada de Cayara. Luego asesinaron a cinco pobladores que bebían licor y celebraban la culminación de la festividad de la Virgen de Fátima.
Horas después, los militares fueron a Ccehua, donde seleccionaron a varones jóvenes y adultos, los obligaron a echarse en el piso boca abajo y caminaron sobre sus espaldas antes de matarlos. Al día siguiente, continuaron las muertes.
Algunos cadáveres fueron enterrados en la quebrada de Cehua y otros fueron trasladadas a Hualla, sin embargo, al denunciarse públicamente las ejecuciones extrajudiciales, los militares se llevaron todos los cuerpos a las alturas de Hualla, donde los incineraron.
Prueba de ello son las pericias que dan cuenta de la existencia de restos de piel, cabellos y fragmentos de huesos de cráneo hallados cerca de las fosas.
Los jueces señalaron que está acreditada la posterior ejecución y desaparición de testigos que denunciaron los crímenes, entre ellos, el del alcalde de Cayara, Justiniano Tinco García; su secretaria, Fernandina Palomino Quispe; y el chofer que los conducía, Antonio García Taype, asesinados en diciembre de 1988.
Los familiares de los comuneros escucharon la sentencia en el Lugar de la Memoria, y luego fueron al local de Aprodeh, donde se reunieron con la abogada Gloria Cano, quien los acompañó en esta larga batalla. Esperan que se condene también al jefe político militar de Ayacucho, autor mediato de las ejecuciones.
Informe del senado aprista protegió al EP
En 1988 se formó una comisión investigadora de la masacre de Cayara en el Senado, con una mayoría aprista, que emitió un informe afirmando que los militares no habían cometido ningún exceso, y más bien acusaron al fiscal que investigó el caso de realizar traducciones falsas para tener pruebas contra el Ejército.
Los senadores Gustavo Mohme Llona y Javier Diez Canseco Cisneros emitieron dos informes en minoría en los que se concluye que efectivos militares asesinaron a los comuneros de Cayara y luego desaparecieron las evidencias, desenterraron los cuerpos y se los llevaron para que no sean ubicados.
Fuente La República
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