La Comisión Interamericana de Derechos Humanos continúa recorriendo las localidades de la provincia jujeña con el fin de documentar y elaborar un informe de los pueblos originarios en rechazo a la represión por protestas a la Reforma Constitucional, detenciones ilegales y vulneración de derechos.
De esta manera el organismo internacional viene dialogando con diversas comunidades que residen en La Quiaca, Abra Pampa, Humahuaca y en estos momentos se encuentran en la capital jujeña. En días posteriores se reunirán con autoridades nacionales y de la provincia, así también con organizaciones de la sociedad civil.
Una referente del organismo de DDHH expresó, ante las comunidades originarias, que el objetivo de dicha visita es contar con un informe por detenciones ilegales y vulneración de derechos a los que los originarios se vieron sometidos.
Prevén hacer llegar algunas recomendaciones a las diferentes autoridades tanto provinciales como nacionales.
La representante de dicho organismo continuó diciendo que hay un descontento generalizado por la forma en que ha actuado el Estado con la reforma a la carta magna jujeña, “donde se desconocen los derechos fundamentales de los pueblos y comunidades indígenas”.
“Por eso nos hemos reunido durante estos días con diversas comunidades para poder escucharlos y documentarlos. En días posteriores nos reuniremos con autoridades nacionales y de la provincia”, reiteró.
¿Qué pasó con las detenciones?
El conflicto generalizado que transita la provincia luego de la aprobación y jura de la reforma constitucional sumó varios graves capítulos, uno de ellos son las detenciones arbitrarias.
Uno de los polémicos casos fue el de Alberto Nallar, abogado que representa a comunidades aborígenes de Caspalá y de otras localidades jujeñas, fue detenido el 13 de julio y le dictaron prisión domiciliaria por 20 días. Luego la Justicia jujeña extendió por diez días más la prisión preventiva del abogado. No obstante, el pasado 12 de agosto expiró la primera prórroga impuesta a la detención. Fue liberado el 18 de este mes.
El dirigente social Leonardo Rosales, referente del Movimiento de Rebelión Popular, fue sentenciado por la justicia a pagar $2 600 000. Gonzalo Maurín, integrante de la organización “Nuestra América” recibió una contravencional millonaria por “alterar el orden público”.
En Humahuaca, docente protestó contra la reforma y la imputaron.
En Tilcara, otra docente sancionada por protestar por denuncia y persecución judicial.
Dirigente social recibió una multa de $2 millones por protestar.
Dirigente que no estaba en Jujuy fue multado por los ataques a la Legislatura.
Fuente Jujuy al Momento
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