El primer ministro de Portugal, António Costa, y varios miembros de su Gabinete están siendo investigados por la Fiscalía lusa por supuestos delitos de prevaricación, corrupción activa y pasiva, y tráfico de influencias en negocios de lítio e hidrógeno; aunque aseguró que no ha cometido ningún acto ilícito.
Este justificó su decisión argumentando: «Las funciones de primer ministro no son compatibles con ninguna sospecha sobre mi integridad. En estas circunstancias, he presentado mi dimisión al Presidente de la República».
«En estas circunstancias, obviamente, presenté mi dimisión a su excelencia el presidente de la República», añadió el socialista en una intervención televisada, en la que señaló que el cargo de primer ministro no es compatible con la «sospecha de la práctica de cualquier acto criminal».
La dimisión tiene lugar después de que la Fiscalía portuguesa llevara a cabo el registro de «espacios utilizados por el jefe de Gabinete del primer ministro» y que varios sospechosos han hablado de la implicación de Costa en el caso por «desbloquear procedimientos».
Dichas alegaciones «serán analizadas de forma autónoma en el ámbito de la investigación instaurada en el Supremo Tribunal de Justicia», añadió el Ministerio Público.
La investigación, en la que se han registrado más de 40 lugares, se centra en las concesiones de explotación de litio en las minas de Romano y Barroso, en el norte del país; además de un proyecto de una central de producción de energía a partir de hidrógeno y otro para la construcción de un centro de datos, ambos en Sines.
La Fiscalía ha emitido órdenes de detención contra el jefe de gabinete del primer ministro, el alcalde de Sines y dos de sus administradores en la sociedad «Start Campus» y contra un abogado, que serán presentados ante la Justicia para ser interrogados.
También fueron declarados «arguidos» (sospechosos formales, una figura previa a la acusación) el ministro de Infraestructuras, João Galamba, y el presidente del Consejo Directivo de la Agencia Portuguesa del Ambiente.
Los registros fueron dictados por la Fiscalía y se están desarrollando a través de la Policía de Seguridad Pública (PSP) y la Autoridad Tributaria y Aduanera.
Participan en el operativo 17 magistrados de la Fiscalía lusa, tres magistrados judiciales, dos representantes del Colegio de Abogados, cerca de 145 agentes de la PSP y nueve de la Autoridad Tributaria.
Medios locales informaron que los agentes también registraron la residencia oficial del primer ministro, António Costa, que se ha reunido con el presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa.
Fuente Euronews
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