El secretario de Hacienda, Francisco Parés Alicea, hizo una nueva petición a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para que reconsidere su postura en torno a la Reforma Contributiva aprobada por la Legislatura y pendiente de la firma del gobernador Pedro R. Pierluisi para proporcionar alivios al bolsillo de los trabajadores y a los pequeños comerciantes.
El funcionario reiteró que el gobierno tiene la capacidad financiera para conceder estos alivios sin impedir que cumplamos con las obligaciones del Estado, incluyendo aquellas contraídas en el Plan de Ajuste de la Deuda confirmado por el tribunal federal.
“Si logramos que la Junta entienda la importancia que tiene este asunto para la gente, estoy seguro de que finalmente apoyarán el proyecto aprobado, cuyo impacto fiscal sería de unos $550.2 millones anuales”, aseguró Parés Alicea.
Destacó que se estima que las reducciones en tasas contributivas para individuos y corporaciones tendrían un efecto positivo significativo en la economía, porque generarían ingresos adicionales en un promedio de $283 millones anuales.
“Esto significa que, preliminarmente, el costo neto de los alivios aprobados sería $267 millones anuales. También estimamos que los alivios promoverán el regreso a Puerto Rico de unas 15 000 personas, lo que movería aún más la economía”, destacó el funcionario.
Parés Alicea dijo que asesores externos están en el proceso de actualizar los estudios de impacto económico de la Reforma Contributiva, según los cambios finales aprobados, y no anticipa alteraciones sustanciales.
“El gobierno en general, ha tenido mucha disciplina y hemos tomado las medidas necesarias para absorber los costos. La Reforma Contributiva también cuenta con el endoso de organizaciones del sector privado, que entienden es necesaria para hacer justicia a los contribuyentes y estimular la economía en general”, dijo.
El proyecto aprobado por la Legislatura se mantuvo igual a la propuesta inicial del gobernador Pierluisi, en cuanto al ajuste en tasas contributivas. Se aprobó una tasa de 7% para ingresos netos entre $9001 y $25 000; de 14% para ingresos netos de $25 001 a $41 500; de 22% para ingresos entre $41 501 y $81 500; 30% para ingresos de $81 501 a $300 000 y 33% para ingresos de$300 001 o más. El Ajuste por Costo de Vida, tendría vigencia a partir del año contributivo 2024.
Otros beneficios aprobados para individuos incluyen un aumento en el crédito para personas de 65 años o más de $200 a $400; una nueva exención de hasta $40 000 para médicos residentes en Puerto Rico, por cinco años consecutivos, desde que son admitidos a la práctica de la medicina, a partir del año contributivo 2024 y el descuento del 5% y el 3%, decretado en las leyes 257-2018 y 40-2020, respectivamente, para contribuyentes cuyo ingreso bruto ajustado no exceda los $100 000.
Por otro lado, el proyecto establece tres nuevas escalas contributivas progresivas para corporaciones de 16%, 26% y 36%. Se elimina la contribución adicional de hasta 19%, al igual que el pago mínimo de $500 de la Contribución Alternativa.
El proyecto aprobado recomienda una tasa de 16% para ingresos netos sujeto a contribución entre $0 y $500 000; 26% para ingresos entre $500 001 y$2 000 000 y 36% para ingresos de $2 000 001 o más.
Otras medidas aprobadas incluyen la eliminación de la reconciliación de gastos, cuando el contribuyente está bajo el método de acumulación (accrual basis). Se elimina la obligación de rendir un Informe Anual de Corporaciones ante el Departamento de Estado a entidades domésticas y foráneas, aunque se mantiene el pago de los derechos anuales correspondientes. También se permite al Departamento de Hacienda entrar en acuerdos voluntarios con los municipios para manejar el Impuesto sobre Ventas y Uso Municipal y la Declaración de Volumen de Negocios (Patente Municipal), por SURI.
Se aprobó también que el Informe Anual Exento de entidades con decreto de exención contributiva, se radique como parte de la Planilla de Contribución sobre Ingresos y se mantiene el pago de derechos anuales; mientras que las licencias de Rentas Internas, que actualmente se manejan a través de la plataforma de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), se gestionarán por SURI.
La exención sobre el ingreso de renta de propiedad residencial bajo la ley de Estímulo al Mercado de Propiedades Inmuebles, Ley 132 de 2010, se extiende 15 años, del 2025 al 2040.
No se aprobó extender los beneficios de la Ley 22/Ley 60, a los residentes de Puerto Rico; tampoco consolidar los errores matemáticos en ajustes de planilla, (que era una medida de simplificación), ni eliminar el Impuesto sobre Ventas y Uso en la cadena de distribución para importaciones y compras de inventario para la reventa.
Fuente Claridad
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