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Por: Williams Reynoso Sánchez Analista Político / Gestor Cultural y Social / Columnista de Medios Nacionales / Organizador de los Encuentros de Dominicanos en España (8va edición).
Tal como en la célebre obra de Gabriel García Márquez donde todo un pueblo conocía con antelación el trágico destino de Santiago Nasar y nadie hizo nada para impedirlo, el voto dominicano en el extranjero atraviesa hoy su propia crónica de una muerte anunciada.
El reciente pronunciamiento de la respetada politóloga Rosario Espinal ante la Junta Central Electoral (JCE) —donde plantea evaluar o incluso eliminar el sufragio en el exterior debido a su desorbitado costo económico frente al abismal abstencionismo— no debe abordarse con apasionamientos viscerales, sino con la cabeza fría del análisis riguroso. Y desde mi espacio de análisis e investigación en Europa, debo ser contundente: estoy plenamente de acuerdo con el fondo de su advertencia sobre el escandaloso despilfarro financiero del proceso.
Resulta indefendible que el Estado dominicano incurra en un despliegue de recursos multimillonarios para unas urnas que terminan desiertas. En los comicios de 2024, la inasistencia fue un grito ensordecedor: el 81 % de los empadronados se abstuvo de votar. ¿La razón? El profundo desencanto de una comunidad harta del turismo electoral. La JCE incurre en gastos estropitosos enviando misiones del personal de la sede central, jueces e integrantes del pleno —quienes en varios casos han protagonizado bochornosos escándalos por dietas y viáticos suntuosos en dólares— para venir a Europa o Estados Unidos simplemente a «hacerse la foto».
Todo esto ocurre ignorando que en el exterior la JCE cuenta con un personal local altamente cualificado, capaz de orientar y educar a la comunidad sobre el sufragio a una fracción del costo.
No obstante, debemos separar el dispendio institucional del valor del derecho. Poder elegir y ser elegidos, logrando la representación parlamentaria mediante la figura del Diputado de Ultramar desde las elecciones de 2012, ha sido una de las conquistas constitucionales más trascendentales para nuestra emigración. El problema no es el derecho; el problema es el nulo retorno social de una figura política que hoy agoniza por su propia inoperancia.
La figura del Diputado de Ultramar: Un balance de sombras y privilegios
Al analizar los pros y contras de esta representación en sus 14 años de existencia constitucional y 12 de implementación práctica, la balanza se inclina trágicamente hacia el fracaso. El único «pro» conceptual —tener voz propia en el Congreso Nacional— se ha diluido en la nada. En contraste, los «contras» se traducen en un costo financiero brutal sin ningún beneficio legislativo tangible para la comunidad.
Retamos públicamente a los diputados de ultramar anteriores y a los actuales a que le muestren a la diáspora una sola propuesta legislativa aprobada o un proyecto de ley de impacto real sometido en favor de sus representados. ¡Ni una sola en más de una década!
A cambio de esta esterilidad legislativa, el Estado sufraga un tinglado de privilegios indignantes para estos siete legisladores:
• Sueldos y compensaciones: Un salario bruto base de RD$ 320,000 mensuales, RD$ 35,000 en gastos de representación, RD$ 20,000 para combustible y jugosas dietas por participación en comisiones.
• El negocio de las exoneraciones: Gozan del privilegio de dos exoneraciones impositivas para la importación de vehículos por período legislativo. Es un secreto a voces que estas exoneraciones no son para su uso personal: en la mayoría de los casos son «vendidas» en el mercado negro a empresarios, artistas urbanos o individuos con fortunas turbias y difíciles de justificar, permitiendo que estos legisladores acumulen riqueza a costa del votante que confió en ellos.
• Turismo aéreo mensual: La Cámara de Diputados les cubre de manera directa un boleto aéreo de ida y vuelta cada mes para «visitar a sus comunidades y palpar sus necesidades», viajes de lujo que jamás se traducen en soluciones.
• Oficinas fantasma y nepotismo: Tienen presupuestado el mantenimiento de oficinas operativas en sus circunscripciones con nóminas que superan los RD$ 50,000 mensuales por empleado (asistentes, secretarias, gestores). Sin embargo, muchas de estas sedes ni siquiera existen físicamente o sus puestos están ocupados por familiares cercanos, incurriendo en un abierto y descarado nepotismo.
Es una vulgar falacia que algunos legisladores pretendan adjudicarse la apertura de las sucursales del Banreservas en España y EE. UU. como un «logro propio». Esta expansión fue un acuerdo institucional del Gobierno central y el MIREX con el Banco de España, la FED y la Superintendencia de Bancos bajo la Ley 183-02. Sacar pecho por gestiones bancarias de Estado solo busca camuflar su nulo trabajo legislativo.
La JCE realiza esfuerzos sobrehumanos e incurre en gastos de logística millonarios para mantener montada la estructura electoral en el exterior, pero la comunidad está cansada de promesas engañosas cada cuatro años. No hay reciprocidad hacia una diáspora de más de 3 millones de personas (según datos del INDEX) que, con el envío de US$ 8,432.7 millones en remesas entre enero y agosto de 2026 (según el Banco Central), representa cerca del 10 % del PIB y sostiene la paz social del país.
El divorcio institucional: Del INDEX al abandono del Ministerio de Cultura
A la inoperancia legislativa se suma el fallo de las instituciones creadas para atendernos. Reconocemos la creación del INDEX (Instituto de Dominicanos y Dominicanas en el Exterior) —creado por el Decreto 372-15 e institucionalizado en la Ley Orgánica del MIREX 630-16, adscrito al ministerio y dignamente presidido por la viceministra embajadora Celines Toribio— como una herramienta de origen valioso. Sin embargo, en el «Viejo Mundo» la entidad sigue siendo inoperante y tiene muy poco que mostrar, distanciándose de sus mandatos legales de protección, vinculación socioeconómica y desarrollo comunitario.
Como nos expresaba un ciudadano consultado durante esta investigación: «Los dominicanos en el exterior no queremos que nos hagan reuniones ni conferencias por Zoom; ya no estamos en tiempos de COVID para actividades a distancia, queremos realidades y hechos palpables». Mientras en Estados Unidos el INDEX ha mostrado ciertos avances reconociendo a líderes y emprendedores anónimos, el INDEX España y Europa se queda muy por detrás, limitándose a eventos escasos y divorciados de los objetivos de su ley de creación.
Por otro lado, es alarmante el abandono del Ministerio de Cultura. Mientras en varias ciudades de Estados Unidos ya existen Direcciones Culturales formales, Europa ha sido condenada al olvido. Las promesas de campaña de abrir sedes culturales en el Viejo Continente se evaporan al cerrarse las urnas, dejando a miles de hijos de dominicanos nacidos aquí creciendo sin herramientas institucionales para conocer y abrazar sus raíces.
Soluciones urgentes para salvar el voto en el exterior
El abstencionismo del dominicano en el extranjero no nace de la falta de patriotismo, sino de la indignación al ver que solo se le busca en campaña para hacerle promesas que jamás se cumplen. Si se quiere evitar la fatalidad de esta historia y dar sentido al gasto público, el Gobierno y los legisladores deben implementar políticas públicas reales:
1. Reestructuración operativa del INDEX: El INDEX debe sentarse a inicios de cada año con los sectores vivos de la comunidad (asociaciones culturales, sociales, folclóricas y deportivas) para diseñar y ejecutar un programa de trabajo conjunto y presencial, eliminando los eventos vacíos a distancia y volviendo a los propósitos de la Ley 630-16.
2. Instalación de Direcciones Culturales en Europa: El Ministerio de Cultura debe instalar de inmediato Direcciones Culturales fijas en urbes con alta presencia criolla, como Madrid y Barcelona, para preservar la identidad de las nuevas generaciones.
3. Fiscalización y reforma a los Diputados de Ultramar: Exigir la rendición de cuentas de las nóminas operativas en el exterior, transparentar el uso de pasajes aéreos y someter de inmediato proyectos de ley para la unificación y rebaja de las elevadas tasas aduaneras y consulares.
El voto en el exterior es una conquista democrática invaluable que costó décadas de lucha comunitaria.
La comunidad dominicana en el extranjero no busca abstenerse por apatía, sino ver reflejado su extraordinario esfuerzo diario en soluciones reales para su vida cotidiana, el transporte de sus bienes y la educación cultural de sus hijos. Es momento de que la política en el exterior evolucione de manera urgente hacia una gestión orientada a resultados concretos, garantizando que la generosidad de la patria hacia sus representantes se traduzca, de forma recíproca, en bienestar tangible para la diáspora que la sostiene.
Si la clase política insiste en ignorar este desenlace anunciado, las urnas vacías en el extranjero no serán una sorpresa, sino el veredicto definitivo de un pueblo que se cansó de ser utilizado. Exigimos respeto, fiscalización y hechos ya.
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