Todo ello, en desacuerdos con decisiones judiciales
SANTIAGO. – El equipo de abogados del empresario, comunicador y escritor Johan Rosario atribuyó a un conflicto patrimonial y a desacuerdos surgidos en procesos judiciales familiares la campaña mediática que, según sostiene, ha sido promovida por su exesposa, Elba Indiana Domínguez, rechazando categóricamente las acusaciones que intentan presentarlo como una persona violenta.
El licenciado Víctor Manuel Céspedes, vocero del equipo jurídico que encabeza la defensa del empresario oriundo de Tamboril, explicó que actualmente existen procesos vinculados a la división patrimonial y litigios familiares, algunos de los cuales se remontan a aproximadamente cinco años.
Según indicó, gran parte de la ofensiva mediática y en redes sociales tendría como propósito distorsionar ante la opinión pública la verdadera naturaleza de los conflictos judiciales en curso.
“Ya las partes habían arribado a acuerdos amistosos y cerca del 80% de los procesos de ventas y repartición se encontraban prácticamente concluidos”, expresó Céspedes.
La defensa sostiene que durante años Rosario realizó aportes económicos superiores al millón de pesos mensuales en favor de su exesposa y entorno familiar. Sin embargo, alegan que la prolongada exposición pública negativa y el daño reputacional sufrido por la empresa Salud Dominicana provocaron una disminución significativa en los ingresos del empresario, reduciendo posteriormente dichos aportes.
El representante legal manifestó que las divergencias surgidas alrededor del proceso de repartición de bienes han derivado en alegatos jurídicos propios de este tipo de litigios, aunque considera improcedente trasladar la discusión al terreno mediático para intentar influir en la percepción social y judicial.
“El objetivo parece orientado a condicionar el pensamiento de la sociedad e intentar ejercer presión indirecta sobre las decisiones judiciales, lo cual resulta improcedente y contraproducente”, expresó el abogado.
La defensa señaló además que parte del discurso público levantado recientemente procura desviar la atención respecto a decisiones judiciales ya emitidas y procesos en los cuales —afirman— Johan Rosario ha cumplido cabalmente con todas las disposiciones dictadas por los tribunales.
En ese sentido, indicaron que existe inconformidad con una sentencia emitida por la magistrada Denise de la Nuez, mediante la cual se estableció un régimen de visitas limitado a un solo día para Rosario respecto a sus hijos menores.
“Johan no conoce personalmente a la jueza. Agotó el proceso legal correspondiente y ahí están los hechos. Se le otorgó un día de visitas con sus hijos y, aun así, se desarrolló posteriormente una ofensiva mediática acompañada incluso de cuestionamientos graves contra la magistrada”, expresó Céspedes.
El equipo jurídico sostuvo que dichas actuaciones reflejan una postura de confrontación frente a decisiones adoptadas dentro del marco legal correspondiente, intentando desconocer disposiciones judiciales sustentadas en derecho.
Asimismo, recordaron que recientemente un tribunal civil impuso una condena de cien mil pesos por daños y perjuicios en favor de la entidad Salud Dominicana, en un proceso relacionado con actuaciones consideradas lesivas para la empresa.
Según los abogados, también existe un acuerdo suscrito en el año 2023 que actualmente se intenta desconocer, pese a haber sido firmado de manera voluntaria por las partes involucradas.
La defensa añadió que situaciones similares se habrían producido anteriormente con otros profesionales del derecho que representaron a la contraparte, señalando conflictos relacionados con honorarios y cuotas litis presuntamente desconocidas posteriormente.
Los abogados calificaron igualmente como “carentes de fundamento y sustento jurídico” las denuncias relacionadas con presuntas amenazas a la seguridad física de Elba Indiana Domínguez, asegurando además que dichas acusaciones han provocado daños severos a la imagen pública y reputación de su defendido.
“Johan nunca ha alegado cercanía personal con el Presidente de la República ni favores políticos. Se conocen socialmente porque Rosario apoyó sus aspiraciones políticas en el año 2020, pero jamás ha existido una relación más allá de saludos ocasionales en escenarios públicos”, precisó la defensa.
El equipo legal informó además que estudia acciones judiciales en los Estados Unidos por un monto ascendente a 40 millones de dólares, así como demandas en República Dominicana por más de 500 millones de pesos, en reclamación de daños y perjuicios alegadamente ocasionados a su honor, reputación personal, entorno familiar y actividad empresarial.
Rosario sostuvo que durante años ha sido objeto de ataques sistemáticos, acusaciones públicas y campañas de descrédito que, afirma, han intentado afectar tanto su imagen como la estabilidad de la empresa Salud Dominicana.
“Se intentó destruir mi nombre, mi paz y una empresa construida con años de esfuerzo. Pero los procesos judiciales han comenzado a desmontar muchas de las narrativas levantadas en mi contra”, expresó Rosario.
El comunicador dijo sentirse identificado, en cierta medida, con el caso mediático del actor Johnny Depp, al considerar que ha debido enfrentar un amplio juicio público mientras procura defender su honor en los tribunales.
“Luego de años de ataques y acusaciones, Johnny Depp logró demostrar en los tribunales su verdad. Nosotros permitiremos que sea en las cortes competentes de República Dominicana y de Estados Unidos donde cada parte deba probar sus alegatos”, expresó la defensa.
Mientras tanto, personas vinculadas al ámbito empresarial, comunitario y cultural han manifestado públicamente su respaldo al empresario, describiéndolo como un hombre solidario, de trato afable y con una trayectoria asociada a labores filantrópicas y de apoyo social.
Líderes religiosos, representantes culturales y figuras empresariales también han expresado confianza en la honorabilidad de Rosario y han cuestionado lo que consideran una campaña de descrédito personal.
La defensa reiteró finalmente que será en los tribunales, y no en las redes sociales, donde deberán ventilarse y demostrarse las posiciones de ambas partes conforme al debido proceso y las garantías legales correspondientes.
El caso continúa su curso en las instancias judiciales correspondientes mientras mantiene dividida la opinión pública en distintos sectores sociales y digitales.
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